La pasada semana sesionó, en La Habana, el xii Taller Nacional sobre el sistema de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanciones de libertad, en el camino de perfeccionar las acciones preventivas y educativas.
Ileana Julia Gómez Guerra, presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular (TSP), precisó que el fortalecimiento de las relaciones del tribunal con las estructuras de Gobierno y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha permitido objetividad en las ubicaciones laborales, y que todos los sancionados aptos se incorporen dentro de los 30 días de realizada la comparecencia.
En el último periodo –dijo– se ha diversificado la ubicación laboral de los sancionados, aunque sigue siendo la vía principal el sector estatal, en el que permanece incorporado el 71 % de los controlados.
Precisó que la presencia de sancionados en proyectos sociocomunitarios en La Habana, Matanzas y Artemisa, con Quisicuaba, Lisa-Finca Futuro, Jaramillo, Victoria y Esperanza contribuyen a la formación de valores en estos, y al desarrollo del territorio.
Yipsy Pedreira Rodríguez, presidenta del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, destacó el fortalecimiento del papel coordinador de los tribunales en la actividad de control, atención e influencia a sancionados desde la comunidad, al establecer sistemas de trabajo y mecanismos de control más efectivos, y lograr la integración de las instituciones y organizaciones sociales y de masas que intervienen en el control.
Resaltó que existe falta de información con inmediatez de conductas negativas del sancionado por los empleadores, direcciones de trabajo, la Policía, y demás organizaciones sociales y de masas; o, una vez conocida o detectada, no siempre se procede, por parte del juez de ejecución, a evaluar esa irregularidad con prontitud en los grupos de prevención de la demarcación en la que reside el sancionado; aunque de forma general se ejecutan acciones con el propósito de lograr el fortalecimiento de la actividad y la transformación de las debilidades.
Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, destacó el fortalecimiento y la madurez que han alcanzado en el país las salas de ejecución penal, lo que ha permitido mayor atención y control hacia las secciones del Juez de Ejecución.
Con ello, comentó, se han consolidado, además, los sistemas de trabajo para el cumplimiento de los objetivos definidos en la actividad, ya sea a lo interno y/o externo del sistema judicial, así como las sostenidas relaciones de trabajo entre el Tribunal y los factores que intervienen en este sistema.
De igual forma, reconoció el avance en el cumplimiento del pago de la responsabilidad civil derivada del delito, ofreciéndosele mayor seguimiento desde el centro penitenciario y la incorporación del obligado a la Sección del Juez de Ejecución, aunque debe prestársele mayor atención a los pendientes de pago a personas jurídicas.
INDICACIONES PARA EL TRABAJO DE LA FISCALÍA
Reinaldo Cruz Rivera, vicefiscal general de la República, significó que la vigente Ley 160, entre sus funciones, establece la de comprobar el cumplimiento de sanciones y medidas de seguridad detentivas, conforme a la ley y resoluciones judiciales, y velar por los derechos de las personas detenidas, aseguradas y sancionadas.
Significó que la Asamblea Nacional del Poder Popular recomendó, en 2017, perfeccionar e incrementar la labor de control de la legalidad por el fiscal en los establecimientos penitenciarios, alcanzando una presencia efectiva y de apoyo a la labor que realizan los tribunales con las personas que reciben el beneficio de excarcelación anticipada.
Como parte de esto, se aprobaron atribuciones del fiscal para el control de los sancionados beneficiados con la excarcelación anticipada. Puede verificar, en inspecciones a establecimientos penitenciarios, que conste debidamente acreditada la instrucción escolar y la capacitación en oficios de los reclusos que se beneficiarán con la excarcelación anticipada.
También debe participar en los actos de libertad anticipada; tramitar las quejas de estos sancionados o de sus familiares, relacionadas con sus derechos y garantías o los incumplimientos de las obligaciones por los empleadores; y comprobar el cumplimiento de las obligaciones por las entidades empleadoras en las que laboran los sancionados que disfrutan de beneficios de excarcelación anticipada.
UN PROCESO DE INTEGRACIÓN CON VARIOS ORGANISMOS
En el periodo 2022-2024, el Ministerio del Interior (Minint) ha continuado fortaleciendo las acciones de influencia, atención y control sobre las personas que extinguen sanciones en libertad.
Ello, explicaron en el Taller, requirió del ajuste de los mecanismos de control junto a los organismos, instituciones y organizaciones vinculadas a la tarea, así como la creación de nuevas alianzas.
Destacaron el seguimiento a las incidencias de los beneficiados en los medios de transporte nacionales, con la consiguiente actuación proactiva sobre aquellos que se desplazan sin el permiso del Tribunal, la incorporación de los beneficiados a más de 1 300 trabajos voluntarios en barrios y comunidades en situación de vulnerabilidad, y un mayor acompañamiento al Tribunal en el seguimiento a los casos pendientes de vincularse al trabajo por más de 30 días, y los ubicados en las formas de gestión no estatal.
- Se eleva la proactividad en la presentación de revocaciones por violación de las obligaciones (58 %) y no por la comisión de un nuevo delito.
- Mejora el porcentaje en el tributo de la responsabilidad civil derivada del delito (82,5 %).
- La mayoría de los beneficiados causan baja de los controles por extinguir satisfactoriamente la sanción (84,9 %).
Por otra parte, como parte del accionar de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, se garantiza la participación de las fuerzas en la comparecencia inicial y la presentación ante el grupo de prevención social en el lugar de residencia, con un mayor aporte de información sobre el sancionado, principalmente sobre sus residencias, ámbito familiar u otras particularidades, que faciliten su ubicación y el trabajo.
Yaniris Hernández Vento, viceministra primera del MTSS, dijo sobre la inserción laboral y la permanencia en el lugar de trabajo, que en el caso de los ubicados en el sector no estatal, se favorecen formas más colectivas de producción o de prestación de servicios, con prioridad en las actividades relacionadas con la producción de alimentos o construcción.
Agregó que las direcciones de Trabajo planifican y ejecutan acciones de control y seguimiento de los sancionados para su inserción social; entre ellas, comprobar si comenzó a laborar durante el mes en que fue aprobada la oferta, conciliar con el sistema de control y fiscalización a nivel del territorio los resultados de las acciones de inspección, y controlar trimestralmente la permanencia del sancionado en la entidad.
En materia de prevención social desde el organismo, ratifican los sistemas de información, control y conciliación mensual que contribuyen al proceso de integración de los sancionados en la comunidad, y mantiene la atención social, una vez extinguida la sanción, si la situación de la persona lo requiere.
Asimismo, la onat realiza conciliaciones y certifica la situación de la deuda de aquellas personas que han sido sancionadas por el delito de evasión fiscal, fundamentalmente de los que extinguen sus sanciones en libertad y de aquellos que, a pesar de haber cumplido sus sanciones, las deudas aún no han sido saldadas en su totalidad.
Funcionarios de la Central de Trabajadores de Cuba explicaron que las acciones definidas forman parte del contenido de trabajo de la organización y son una contribución permanente para elevar la calidad de la atención política e ideológica; mientras que, desde los Comités de Defensa de la Revolución significaron la participación en los ejercicios integrales de control de los jueces de ejecución, permitiendo una mayor integración entre los cdr y los tribunales en las provincias y municipios.
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