La actividad del juez de ejecución ha demostrado con creces su utilidad y necesidad como herramienta indispensable en la aplicación de la política de prevención y enfrentamiento a las actividades delictivas y antisociales.
En este sentido, el XII Taller Nacional sobre el sistema de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanciones de libertad evaluó –durante dos jornadas– las acciones que se deben acometer para mejorar su efectividad, bajo la premisa de una actuación coordinada e integrada entre todos los responsables.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, expresó a la prensa que «esta es una actividad coordinada, desde hace más de 20 años, por los tribunales, en conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria, las dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las organizaciones sociales y de masas y otras instituciones que aportan, desde el contenido de su función, acciones concretas con el objetivo de influir mediante el actuar y el educar para lograr una rectificación de la conducta de las personas que hayan cometido delito y que estén en esta situación».
Desde el MTSS, consideraron que la labor del juez de ejecución es primordial en la continuidad y materialización del proceso de reinserción social de las personas que, por su conducta, egresan de forma anticipada de los establecimientos penitenciarios, y que han demostrado la necesidad de su incorporación efectiva a la sociedad como hombres y mujeres dispuestos a aportar.
El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, se refirió a la Caja de Resarcimiento como parte de la ejecución de la responsabilidad civil, señalando que entre las proyecciones para el próximo periodo se encuentra consolidar los vínculos de trabajo mediante el perfeccionamiento de las conciliaciones y coordinar la localización y citación de las víctimas a través de los órganos que integran el Grupo Nacional para la Ejecución de la Responsabilidad Civil y otras entidades.
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