Las crisis exigen más rigor en el control de los precios

A nivel nacional, desde el pasado 12 de julio hasta la fecha, se han impuesto más de 600 millones de pesos en multas, mediante acciones de comprobación de precios.

Este control, aseguró a la prensa Lourdes Rodríguez Ruiz, viceministra de Finanzas y Precios (mfp), se realiza amparado en el Decreto 30/2021 «De las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas», y el Decreto Ley 91/2024 «De las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias», en los acápites que corresponden a las violaciones de precios.

La Viceministra señaló que, si bien los precios están regulados por los gobiernos locales, son de actuación permanente y sistemática por las direcciones de inspección municipales y provinciales, así como las propias direcciones de Finanzas y Precios.

En el caso de La Habana, los ejercicios de control se indicaron por el Gobierno provincial para lograr un mayor impacto en beneficio de la población.

Jenifer Puebla Moré, directora de Inspección en el municipio de Guanabacoa, precisó que el pasado sábado se revisaron, con cuatro grupos de trabajo, diversos actores económicos que expendían varios productos, fundamentalmente aquellos reflejados en las resoluciones 225/2024 del mfp y la 119 de la Gobernadora de La Habana: pollo, perrito, pastas, aceite, detergente y leche en polvo; y por la parte agropecuaria: arroz, frijoles y la vianda que se comercializa.

Puebla Moré acotó que los grupos de trabajo están integrados por inspectores tanto profesionales como eventuales. Los primeros son los acreditados de transporte, higiene y las direcciones de Inspección y de Finanzas; mientras que los segundos son todos aquellos trabajadores capacitados para detectar las violaciones y acompañar la inspección.

El pasado sábado, ejemplificó, se detectaron violaciones de carácter grave en precios y en la inocuidad de los alimentos, con ventas de productos visiblemente en mal estado en el Proyecto de Desarrollo Local Charcutería Titi´s, del propio municipio, por lo que iniciarán el cierre del establecimiento.

Para este tipo de proceso actúan de forma integrada con otras entidades, y hasta tanto no cumplan las condiciones establecidas, no se vuelve a abrir, aunque en algunos casos se puede determinar el cierre definitivo.

«Cualquier hecho en el que se viole el precio de un producto que se expende a la población, concertado por el Estado, afecta al pueblo. Nuestro trabajo es que se mantengan el precio establecido y la calidad», resaltó.

TAMBIÉN EN LOS AGROMERCADOS

En materia de formación de precios, la diferencia entre los agromercados de 19 y b y los conocidos como ejt radica en que el particular es a oferta y demanda, basado en el precio de costo, y en el estatal es la empresa quien forma el precio.

Entre ambos no existen diferencias en el sistema de control ni en otros procedimientos, pues deben cumplir con la política de precios, y que estos estén visibles a la población.

Yulián Sánchez Chacón, administrador de 19 y b, precisó a la prensa que este agromercado tiene 21 productos regulados, por resolución de la Gobernadora, y el resto son de oferta y demanda, «aunque teniendo en cuenta la situación de la capital, la administración del mercado topa otros».

Agregó que las inspecciones se realizan de forma mensual, y se han impuesto varias multas por violaciones de precios y especulaciones en la pesa. Se ha sancionado a 12 personas con medidas severas.

Al respecto, la Viceministra de Finanzas y Precios afirmó que se debe trabajar en los ambientes productivos en función de buscar mejores canales de comercialización que permitan que llegue el producto con un mejor precio a la población.

No obstante, en los precios que están concertados con los productores y comerciantes en los renglones agropecuarios y otros alimenticios, así como los referentes a la Resolución 225, han tenido un monitoreo permanente.

«Tenemos el deber de continuar preparando también a la población, que debe hacer valer el derecho de exigir que se cumpla con los precios y con la calidad», remarcó Rodríguez Ruiz.

Añadió que se mantendrá el control sistemático, con la incorporación de funcionarios de los diferentes organismos responsables de la administración correcta de las políticas.