Frente al espejo: los desafíos del saneamiento y el ordenamiento urbano

Los niveles de actividad en 2024 del Grupo Empresarial Agua y Saneamiento vaticinan la recuperación de indicadores incumplidos en 2023, como la proporción de habitantes que emplea sus servicios de agua potable y otros gestionados de forma segura.

Su sostenimiento depende de las inversiones propuestas en la ejecución de programas como el cambio de matriz energética, la reposición de equipos de bombeo y la instalación de metrocontadores y aparatos de macromedición.

El mantenimiento planificado a la infraestructura hidráulica solucionará más de 2 700 planteamientos populares en el presente año, aseguraron directivos del osde en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, que se reúne previo al Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.

A pesar de los datos anteriores, el control y fiscalización realizado al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), como respuesta al Acuerdo No. 90-X del Consejo de Estado, identificó un agravamiento de la situación financiera del grupo de empresas asociadas, a partir de los resultados al cierre de 2023.

Las causas fundamentales responden a los altos costos de producción, las irregularidades en la cadena logística y la fluctuación laboral. Un total de 12 empresas concluyeron con pérdidas de más de 563 millones de pesos, a pesar de una subvención estatal de más de 386 millones, según se precisó en el informe presentado.

El cambio de matriz en estaciones de bombeo con potencias de hasta 10 kilowatts, marcha a un ritmo por debajo del esperado. Está diseñado el cambio de 1 312 equipos para agua potable, el 37,4 % de los instalados.

Al final del primer trimestre, se informó la instalación de 529 de los 722 previstos, entre los cuales 501 prestaban servicio. El hecho de que el montaje de los aparatos de bombeo con impacto en el cambio de matriz energética carece de la prioridad requerida, fue una de las principales insatisfacciones señaladas.

En cuanto a los ciclos de agua en pipas, apunta el documento que se incumplen las previsiones por falta de combustible, y problemas con los vehículos, que afectaron a 495 050 personas en el primer trimestre.

La deficiente gestión del cobro de servicio de agua y alcantarillado incumple el aporte al Presupuesto estatal y la inefec­tiva coordinación con la Unión Nacional Eléctrica (UNE) impide garantizar la distribución del líquido vital ante apagones planificados por déficit de generación de electricidad.

CONTRA LAS ILEGALIDADES Y LA PRECARIEDAD

«Cuando Raúl Castro nos designó esta tarea, nos pidió ordenar, no prohibir; disciplinar, no exigir. También afirmó que esta batalla depende de todos y la primera tarea consiste en prevenir», expresó el general de División Raúl Omar Acosta Gregorich, presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu).

En este sentido, informó sobre el aumento de la precariedad habitacional en 2023, especialmente en provincias como Cienfuegos, Camagüey y Las Tunas. Cuba está comprometida con las Naciones Unidas en disminuir ese indicador a 3,7 % o menos en 2030, detalló.

En esta jornada se expusieron los resultados del control y fiscalización de los diputados al cumplimiento de los planes de Ordenamiento Territorial y Urbano, de acuerdo con la Ley No. 145 Del Ordenamiento territorial y urbano, y la gestión del suelo.

El informe señala que muchas veces se desaprovecha la facultad de destinar una parte de la contribución territorial a acciones e inversiones previstas en el Plan de ordenamiento territorial y el Plan de ordenamiento urbano de la cabecera municipal.

Afecta, asimismo, la inejecución del presupuesto asignado a transformar barrios priorizados. Resalta la poca efectividad en el trabajo de los grupos municipales de enfrentamiento a las ilegalidades.

La vicepresidenta del Inotu, Anelis María Marichal González, aseguró que los instrumentos de ordenamiento urbano alcanzaron mínimos avances, de acuerdo con la situación nacional. «No se han logrado erradicar las condiciones de precariedad de los barrios. Se dirigen los recursos sin obtener los efectos deseados».

Afirmó que «no logramos detener el surgimiento de nuevas ilegalidades», la ocurrencia de 6 460 más, aparejadas a la aplicación de 7 875 multas, son un ejemplo de ello. La mayoría corresponde a violaciones de regulaciones urbanísticas y remodelaciones sin autorización, apuntó.