Vencer al delito, una batalla política impostergable

El VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que sesionará los días 5 y 6 de julio, tendrá como uno de los temas principales de la agenda el análisis crítico del cumplimiento de las acciones dirigidas a la prevención y enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, expresión de la voluntad política de la dirección de la Revolución de asumirlas como una prioridad estratégica del país.

Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz la calificó, en 1993, como «una batalla política», clave para mantener firme la moral combativa revolucionaria, y el General de Ejército Raúl Castro Ruz nos ha enseñado que esta no puede convertirse en «una campaña más, sino en un movimiento permanente, cuya evolución dependerá de la capacidad de movilizar a la población y a los diferentes actores de cada comunidad, sin excluir a nadie, con rigor e intencionalidad política».

Fiel al legado de nuestros líderes históricos, el 8vo. Congreso del Partido, celebrado en abril de 2021, ratificó la necesidad de fortalecer el papel de la organización y sus militantes, con su participación, apoyo y control en todas las acciones de prevención y enfrenta­miento a los fenómenos y manifestaciones que constituyan una amenaza para la seguridad nacional. El evento partidista convocó a ser abanderados de la batalla contra la corrupción, los modos deshonestos de actuar, el abuso de poder, el favoritismo y la doble moral.

La implementación y cumplimiento de las acciones políticas, gubernamentales, preventivas, de enfrentamiento, jurídico-operativas, penales, penitenciarias y comunicacionales, desarrolladas desde entonces, han posibilitado la contención actual de algunas tipicidades delictivas de mayor gravedad, y han evitado que se generen situaciones graves de contingencia.

El Ministerio del Interior ha continuado reforzando sus sistemas de integración ministerial para la prevención y enfrentamiento a la delincuencia, personas de conducta antisocial o de riesgo y sus actos, teniendo como prioridad el municipio, el consejo popular y otros ámbitos de interés, en los que se conjugan potencialidades operacionales, acciones preventivo-profilácticas, herramientas tecnológicas y las maniobras con fuerzas y medios de la institución.

Ello se articula con las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular para incrementar el rigor y la severidad en el tratamiento jurídico, penal y penitenciario a los imputados, acusados o sancionados, especialmente en figuras delictivas de ma­­yor daño para la sociedad.

Los tribunales sancionaron al 96 % de las personas juzgadas por hechos ilícitos contra la vida, los asociados a la corrupción, las drogas, la violencia de género, el sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes, contra las autoridades, la propiedad, entre otros.

Las acciones de la Fiscalía en el control de la legalidad, y de la Contraloría General de la República en la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa, se dirigieron hacia actividades y sectores de mayor importancia para el país.

El Partido ha reforzado la atención, control y evaluación permanente del te­ma a todos los niveles, e incluso ha incorporado como una prioridad en la evaluación del desempeño de las organizaciones y sus militantes. La Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles, los movimientos juveniles, los sindicatos, las organizaciones sociales y de masas han dado pasos concretos para sumarse y hacerse sentir con más fuerza.

Por su parte, el Gobierno ha trabajado en la implementación y cumplimiento de las Directivas Generales para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales por los organismos, entidades nacionales, gobiernos provinciales y consejos de la Administración municipales, haciéndolas corresponder con las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Sin embargo, se impone seguir batallando para lograr la disminución del delito y sus rasgos de complejidad en determinados casos, en los cuales se aprecian hechos de violencia, que reflejan agresividad y temeridad que generalmente son manipulados o magnificados en las campañas subversivas, a través de las redes sociales digitales.

El Comandante en Jefe nos demostró el alcance y el significado estratégico de sembrar valores para inmunizar a las nuevas generaciones ante los desafíos de la globalización neoliberal, la colonización cultural y la guerra económica, comercial, financiera y mediática. Alertó que educar es «sembrar valores, ética e ideales revolucionarios», y «la educación es el arma más poderosa que tiene el hombre para crear una responsabilidad, una ética, un sentido del deber, de la disciplina, de la solidaridad», «sin educación no hay revolución», señaló, y «la Revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas».

Ser consecuentes con su legado significa apostar por la formación integral de valores en niños, adolescentes y jóvenes, lo que requiere de especial atención por los organismos formadores, de los factores comunitarios, de la sociedad en general y mayor exigencia sobre la responsabilidad de las familias, así como corregir las insuficiencias y desviaciones de estos procesos.

Asimismo, se impone la necesidad de realizar análisis profundos, objetivos y proponer soluciones concretas, integrales, sistemáticas y enérgicas en los consejos de la Administración municipales, para prevenir y enfrentar el delito, la corrupción, las indisciplinas sociales, las ilegalidades, y hallar soluciones –sin dilación– a las personas desvinculadas del estudio y el trabajo.

Las acciones comunicacionales en los ámbitos mediático, organizacional y comunitario deben contribuir más eficazmente a la labor preventiva-profiláctica, fomentar una cultura de respeto a la ley y a la convivencia social y de rechazo a las conductas transgresoras, sin sensacionalismos ni superficialidades.

Como se ha ratificado en los principales análisis realizados por el Buró Político, el Secretariado del Comité Central del Partido, el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional del Poder Popular, las visitas de control a los territorios y otros eventos de dirección, debe profundizarse y hacerse más efectivo el trabajo de prevención y enfrentamiento de las instituciones administrativas, eliminar las fisuras en el ambiente de control, identificar a tiempo y combatir sin paños tibios los riesgos y debilidades en el control de los recursos.

Los tiempos reclaman ejemplaridad y actuación ética de los directivos, funcionarios y demás trabajadores; exigencia, responsabilidad y rigor de las administraciones en el control y protección de los recursos; actuar con mano dura en la aplicación de medidas a los responsables directos y colaterales de los problemas detectados o conocidos. Se requiere integralidad y coordinación de las acciones de prevención y atención social en las comunidades; elevar la vigilancia y combatividad revolucionarias y el control popular.

El Partido ha considerado impostergable el perfeccionamiento y fortalecimiento, a corto plazo, de los mecanismos de fiscalización e inspección estatales, para hacerlos corresponder con los profundos cambios derivados de la diversificación de los actores económicos y las complejidades de la situación actual del país. Nos ha llamado a un enfrentamiento efectivo a los precios abusivos y es­peculativos de bienes y servicios. Todo ello, sin duda, contribuirá a la prevención y a mantener un clima de orden, legalidad y gobernabilidad, que complementen las acciones de carácter penal.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nos ha convocado a «desarrollar un enfrentamiento contra ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos, a favor de nuestro pueblo y en función de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad».

El llamado es a la unidad, la cohesión y la firmeza revolucionaria en defensa del bienestar social y de las conquistas sagradas del pueblo, como la seguridad y la tranquilidad ciudadana, consolidadas y preservadas a lo largo de 65 años, pese a las agresiones permanentes, al bloqueo genocida y a las guerras de todo tipo de los gobiernos de Estados Unidos para tratar de desestabilizar, asfixiar y derrocar la Revolución.

El informe que se debatirá en el VIII Pleno del Comité Central del Partido concluye, precisamente, con el pensamiento estratégico del Comandante en Jefe, cuando el 5 de enero de 1999, en el aniversario 40 de la Policía Nacional Revolucionaria, afirmó:

«Hoy, sin abandonar las demás tareas, sin abandonar absolutamente una sola tarea revolucionaria, incluida la defensa de la patria con las armas en la mano si llegara el momento, está la tarea fundamental, de enorme trascendencia económica y política, de combatir y de vencer al delito.  Vencer al delito no significa el sueño de que el delito desaparezca de la faz de nuestra sociedad, sino reducirlo a aquella mínima expresión que resulte incapaz de golpear económicamente, de manera grave, y políticamente, también de manera grave, a la Revolución».