SAN LUIS, Santiago de Cuba.–Mirtha Castellanos finalmente se decidió a actualizar la propiedad de su vivienda, donar a sus hijas algunos bienes y subsanar errores en la inscripción de nacimiento de su hijo menor, ya fallecido.
A sus 78 años, estaba nerviosa porque, a principios de este siglo, había solicitado varios documentos y tanto los plazos como las sedes de los registros y notarías estaban dispersas por su San Luis natal, y el proceso se dilató durante mucho tiempo, a tal punto que desistió.
Sin embargo, a dos décadas de lo que calificó como una gran agonía, Mirtha se enteró de que en la antigua fábrica de tabacos de la ciudad radica el Complejo Jurídico del municipio; allí tienen sus sedes los registros del Estado Civil, de la Propiedad Inmobiliaria, la Notaría y demás empleados de la Dirección Municipal de Justicia de este municipio santiaguero.
Cuenta que al llegar al Complejo fue atendida por la recepcionista y conducida hasta las Oficinas del Registro del Estado Civil. La licenciada Loyda Santos atendió su caso, abrió el trámite y la citó tres días después. En el local contiguo, Yanelis Isabel León, del Registro de la Propiedad, calificó los documentos y le dijo que esa misma fecha pasara a recogerlos. Suzet Balbina Pérez –la notaria– le explicó que, luego de la actualización de la propiedad, asistiera a la oficina para realizar el acto de donación, apercibida de los sellos –que podían ser digitales– y el arancel que debía abonar.
En medio de las gestiones de la abuela, Mariela Medina, directora municipal, y Yoeslainy López, especialista en Derecho aquí, supervisaban la labor de cada departamento, y se entrevistaron con Mirtha, para conocer su criterio sobre el funcionamiento de la institución. La señora mostró satisfacción porque pudo, finalmente, realizar en el mismo lugar todas las gestiones que a inicios de los 2000 se le tornaron en una tormenta.
Yoeslainy le expuso a Mirtha que en el Complejo también se expiden los antecedentes penales, actos de última voluntad y el cobro de la Caja de Resarcimientos, trámites que incluso pueden realizarse en el mismo día, aunque la disponibilidad de la tecnología es exigua.
UNA PROVINCIA ENTRE AVANCES Y ESTANCAMIENTOS
Excepto Santiago de Cuba y Palma Soriano, que por su población y extensión territorial tienen dispersos estos servicios, los restantes siete municipios de la suroriental demarcación tienen sus complejos jurídicos, por lo que alrededor del 40 % de la población de la provincia no tiene que trasladarse hacia varios puntos para recibir la atención de registradores, notarios y demás funcionarios de las dependencias del Ministerio de Justicia (Minjus) que, dicho sea de paso, han avanzado en la digitalización de sus servicios.
No obstante, en el balance de lo realizado durante 2023, que contó con la presencia de Oscar Silvera Martínez, titular del sector, no faltó la indicación de trabajar con mayor profesionalidad en función de disminuir las quejas de la población.
Para ello, hay que enfrentar el «favoritismo», porque «no basta que nos organicemos, preparemos al personal, o se garantice la superación; hay que ser sistemáticos en el control y la exigencia. Recordemos que nuestra vocación debe ser la de servidores y funcionarios públicos».
La consolidación de las alianzas con la Universidad de Oriente (UO); la inserción de los asientos registrales al Sistema del Registro Civil; las deficiencias en los servicios e incumplimientos en el plan de reparaciones y mantenimientos resultan tareas pendientes. Es destacable el servicio registral que por extensión se ofrece en la sede de la Facultad de Derecho de la UO, la bien llamada Clínica Jurídica, devenida en unidad notarial docente.
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