La Ley de la Fiscalía Militar –presentada como proyecto, y aprobada ayer por los diputados, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional– regula la organización, funciones y estructura de la Fiscalía Militar; así como la elección, designación, revocación y responsabilidad de los fiscales militares.
Su construcción, significó Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, es resultado del trabajo colectivo, enriquecido en los intercambios y consultas con órganos, organismos y entidades, así como de la decidida contribución de los diputados.
Agregó que su instrumentación se complementa en el Reglamento y en los procedimientos de trabajo internos, y contiene las modificaciones recogidas en la Constitución y la Ley No. 160 de 2022, ratifica que la Fiscalía Militar es un órgano de la Fiscalía General de la República, con independencia jerárquica y funcional, y subordinada al Fiscal General.
Peña Ojeda comentó que la Ley asegura el respaldo legal a las atribuciones del Vicefiscal General, del Jefe de la Fiscalía Militar, y relaciona las de los fiscales, dentro de los procesos en que se desempeñan; establece los deberes y derechos, la protección y garantía del cargo, pone en lugar predominante la conducta ética y las buenas prácticas, que eleven a planos superiores el prestigio y reconocimiento social de la profesión.
La diputada Lil Medina Laferté señaló que esta es una normativa trascendental, porque los temas que abarca tienen un impacto en la legalidad y en el orden de las instituciones militares.
La misión fundamental de la Fiscalía Militar es realizar la investigación penal, ejercer el control y el ejercicio de la acción penal pública, en representación del Estado ante los tribunales militares; así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, en los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior.
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