No habrá espacio jamás para subvertir nuestro orden social y constitucional (+Video)

Cuba mantiene su política de cero impunidad y tolerancia contra aquellos que subvierten el orden público, ponen en peligro la tranquilidad ciudadana y la vida de las personas, o pretenden sembrar inseguridad y miedo en la población.

Así lo demostraron las sanciones impuestas en juicio público, a los autores de los hechos que, hace poco más de un año, lesionaron a una persona en la Dirección Municipal de los Comités de Defensa de la Revolución, en Centro Habana, tras lanzar allí cócteles molotov, y acometieron una acción similar en el área que conserva los expedientes del Tribunal Municipal Popular (TMP).

Sus fechorías comprendieron, también, la colocación de carteles contrarrevolucionarios en otras entidades locales.

Nuevamente, la incitación a la violencia llegó desde afuera, con promesas de protección económica a las familias en caso de ser detenidos –falsas, por cierto– de quienes difunden un claro llamado a acciones de esta índole bajo el ilustrativo eslogan de «Patria o plomo». Así lo había revelado ya el primero de los autores, detenido en aquel entonces.

De acuerdo con la información ofrecida en el Noticiero Nacional de Televisión, 30, 25 y 20 años de privación de libertad fue la petición fiscal en el juicio para los acusados, en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes.

Según Yusedi Pérez Lovaina, presidenta del TMP, objetivo del ataque, es un hecho que conmocionó no solo a la institución, sino también al sistema de tribunales en general, porque acciones de esa índole no son, en absoluto, comunes en Cuba, mucho menos cuando los jueces son personas de pueblo que comparten el día a día de todos los cubanos.

La capitana Olaima Reyes Blancha, primera instructora de delitos contra la seguridad del Estado, explicó que las investigaciones revelaron que estos ciudadanos recibían pagos desde el exterior por la realización de esas acciones, dígase recargas telefónicas y otros pagos en distintas ocasiones.

«Todo ello financiado por Manuel Milanés, Kiki Naranjo, Alfredo González y Willy González, radicados en el exterior, mostrando así que son terroristas, con el objetivo de desestabilizar el orden en Cuba, la tranquilidad del país», apuntó.

Se demostró también que los autores fueron preparados para ejercer acciones de inteligencia, como el estudio previo de los lugares atacados.

Los resultados de la investigación, la contundencia de las pruebas y la rigurosidad de las sanciones, demuestran que Cuba cuenta con todas las herramientas jurídico-legales para hacer frente a hechos de este tipo, y que no se permitirá, bajo ningún concepto, que proliferen o queden impunes.

Este juicio ha sido también un claro mensaje para quienes creen que, pagando a elementos inescrupulosos, van a lograr remover los cimientos de nuestro sistema social.