Al presentar el informe sobre la efectividad de las medidas adoptadas para el control de los precios, ante el plenario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Vladimir Regueiro Ale, titular del ministerio de Finanzas y Precios (MFP) dijo ayer que el índice de precios al consumidor, al cierre del año 2022, registró un crecimiento del 39 %.
En el transcurso del primer semestre del presente año –afirmó– se ha mantenido la tendencia al alza de los precios, que al cierre de junio mostró un crecimiento acumulado de 18 %, y en comparación con igual periodo del año anterior, de 45 %.
Pesan en nuestra economía los elevados déficits fiscales, que en los últimos ejercicios económicos han estado determinados precisamente por la necesidad de respaldar, en un escenario de crisis económica, las demandas crecientes de gastos vinculados a las políticas y programas sociales, incluida la atención médica y la vacunación de toda nuestra población en el combate contra la pandemia de la COVID-19.
Todo esto tuvo lugar, precisó, en medio de un escenario inflacionario en el cual se desarrolla la economía cubana en los años más recientes, determinado por factores objetivos, entre los que sobresalen el alza de los precios en el mercado mundial como consecuencia de la crisis económica global provocada por la COVID-19.
Dijo que, si bien ha sido superada la pandemia en el ámbito sanitario, aún están latentes sus secuelas, combinadas con las afectaciones al comercio exterior, derivadas de los conflictos bélicos internacionales.
Agregó que para Cuba la situación resulta más compleja por los efectos negativos, cada vez más intencionados, del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra la Isla.
ORIENTACIONES PARA LA REGULACIÓN Y el CONTROL DE PRECIOS
- Regulación de precios por los gobiernos locales para una determinada nomenclatura de productos de impacto en la población.
- Concertación de precios de acopio y a la población con los diferentes actores económicos.
- Vinculación directa de las entidades presupuestadas, que prestan servicios básicos (Salud, Educación, Deporte y Cultura), que les permitan concertar precios y suministros estables.
- Aprobación por las autoridades locales de bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios en los procesos de concertación cuando se alcance una reducción estable de los precios.
- Control y exigencia a las entidades comercializadoras estatales sobre el ajuste de sus márgenes comerciales a los límites establecidos.
- Intensificación de las acciones de comunicación sobre los precios concertados y los resultados de los controles de precios realizados.
Sin embargo, la evaluación de la aplicación de estas medidas en el periodo transcurrido desde su aprobación, muestra que los resultados son insuficientes y no logran un impacto apreciable por la población en cuanto a la presencia de productos y disminución de los precios, que favorezcan su capacidad adquisitiva, explicó el titular del MFP.
Precisó que ello está determinado por diferentes elementos, entre los cuales mencionó la reciente aplicación de los sistemas de trabajo aplicados en los municipios y provincias.
En cuanto a la concertación de los precios, acotó que las acciones se limitan al trabajo de los comités de contratación de precios agropecuarios, desatendiendo otros productos y servicios igualmente básicos para la población, que prestan actores económicos no estatales.
Asimismo, subrayó que falta objetividad en la concertación de precios agropecuarios y de otros productos, determinado por la insuficiente contratación del acopio de las producciones en cada municipio; que en su mayoría no abarca el potencial productivo ni integra a todas las formas productivas.
En este punto, destacó que existe insuficiente contratación del acopio de las producciones en cada municipio, que en la generalidad de los casos no abarca el potencial productivo ni integra a todas las formas productivas.
Aseveró que se acuerdan precios sobre productos agropecuarios que no tiene real presencia en la red de comercialización: mercados y puntos de venta; y no siempre se implica a los productores y comercializadores ni se reconocen los costos y los gastos en los que se incurre, sino que constituyen topes de precios que no comprometen a la producción y el acopio.
En la limitada efectividad de las medidas aplicadas, señaló, ha incidido la falta de coherencia en la asimilación del concepto de precios abusivos o especulativos, lo que demanda del perfeccionamiento, por el MFP, de las regulaciones sobre la formación y el control de los precios, que garanticen su adecuada implementación.
Con este objetivo, agregó Regueiro Ale, fue emitida la Resolución 148/2023, Metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas.
Esta norma, que entró en vigor este 21 de julio, es resultado de un amplio proceso de conciliación que actualiza las regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios, con criterio inclusivo para todos los actores económicos, incluidos los no estatales, como expresión de contar con un único sistema empresarial.
De manera novedosa, esa resolución actualiza las regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios, con criterio inclusivo para todos los actores económicos; se establece para las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital 100 % cubano las tasas máximas de utilidad por tipo de actividades (15 %-30 %); y se regulan coeficientes máximos de gastos indirectos para las actividades de producción y de servicios.
PROYECCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PRECIOS
- Fortalecer a nivel de gobiernos locales el sistema de trabajo para el seguimiento y control de los precios, para todos los sectores de la economía, estatal y no estatal.
- Consolidar el mecanismo de concertación de precios de productos de impacto en la población.
- Desplegar un amplio proceso de capacitación y preparación de las instituciones y actores económicos, que asegure la implementación de la metodología.
- Elaborar, aprobar e implementar la regulación general sobre índices máximos para la formación de precios en la actividad comercial que desarrollan las formas de gestión no estatal con base en la importación.
- Incrementar las acciones de monitoreo y control sobre los precios.
- Intensificar, por el MFP y su sistema, el programa de verificación del ejercicio de las facultades de aprobación de precios, descentralizadas a organismos, órganos y entidades empresariales.
- Perfeccionar el sistema de información sobre las decisiones de precios concertados y sobre los resultados de las acciones de control y enfrentamiento a las violaciones de precios.
«Estamos comprometidos y conscientes de la realidad que debemos revertir», concluyó el Ministro de Finanzas y Precios.
Desde la Comisión de Asuntos Económicos, precisó su presidente, el diputado por Las Tunas, Félix Martínez Suárez, se propuso que los consejos de la Administración Municipal y Provincial adopten las acciones de manera inmediata para acatar lo establecido; que el MFP revise los precios de importación de productos terminados que realizan las formas de gestión no estatal, su relación con el pago de impuestos y fijación de márgenes de utilidad razonables para la venta final a la población.
El miembro del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP y del Consejo de Estado, expresó que, desde el control popular, se deben adoptar medidas y actuar, «lo que no estamos haciendo»; además de estar conscientes de las diferencias de ingresos en nuestra sociedad.
En cuanto a las conciliaciones entre Mayabeque, La Habana y Artemisa, se realizan fichas de costo que tienen en cuenta los márgenes permisibles, y se procede a la implementación de los precios, a partir de las concertaciones. Tres provincias que, de acuerdo con Lazo Hernández, deben trabajar en conjunto sobre este tema.
El diputado por Pinar del Río, Ian Pedro Carbonell Karell, precisó que la batalla contra la inflación se debe combatir con la misma fuerza con la que se enfrentó la COVID-19.
En el crecimiento sostenido de los precios, dijo, hay que ir a las causas esenciales para el correcto diseño de las medidas de control, que deben ser integrales entre todos los actores de la sociedad.
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