De impagos y otras deficiencias: una cadena que «cuesta» romper

El estado negativo de las cuentas por cobrar y pagar, especialmente las que están fuera de término, es un mal que por demasiado tiempo han padecido no pocas empresas cubanas y que afecta a todo el proceso de producción de bienes y servicios, pues incide en la liquidez financiera de los organismos para asumir las compras necesarias y, a la vez, es caldo de cultivo para las ineficiencias y la ocurrencia de hechos delictivos.

Las razones que «arrastran» a esta situación van desde el incumplimiento de la legislación en materia de contratación económica o su deficiente concertación; mala contabilización de las operaciones; la no realización de conciliaciones; además de la falta de capital para asumir los pagos en los tiempos pactados y la inadecuada utilización de las pasarelas y medios de pago electrónico.

Para la solución de esta problemática, que no por vieja o conocida deja de ser recurrente, se han actualizado las normas jurídicas que viabilizan la implementación de nuevas acciones económicas y financieras en el comercio, uno de los sectores que acumula mayores cadenas de impagos.

Recientemente, durante la última sesión de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Betsy Díaz Velázquez, titular del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), informó que, durante los meses de octubre y noviembre, como parte del control concurrente instrumentado por los auditores internos, se evaluó el cumplimiento de la Resolución 24/2022.

Dicha disposición, que actualiza la emitida en 2020, establece nuevas medidas para el saneamiento financiero, evidenciándose que aún existen fisuras, condicionadas por el dejar de hacer, destacó la Ministra.

Derivadas de estas problemáticas, dijo, se aprobaron diferentes acciones, entre ellas, potenciar los resortes para los pagos por canales electrónicos, las conciliaciones de las deudas, la asignación de financiamientos para honrar los adeudos del Presupuesto por conceptos de subsidios, delimitar las responsabilidades en los diferentes niveles de dirección y perfeccionar el sistema de control de las cuentas por cobrar y pagar.

Y es que, sin duda, el tema de las cadenas de impagos es un asunto no resuelto, y muestra de ello es que, al cierre de septiembre de 2022, se mantenían saldos vencidos en el comercio de más de 603 millones de pesos, según las empresas minoristas, sin incluir aquellas cuentas que están en litigios, en procesos judiciales y en efectos por cobrar y pagar.

Por otra parte, según informó Díaz Velázquez a los diputados, las cuentas por pagar vencidas –con respecto a igual periodo en 2021– crecieron un 33 %, con cadenas de impagos desde el comercializador minorista hasta el productor o importador, en tanto, a través de canales electrónicos, solo se cobró 533 772 000 pesos, el 1,3 % de las ventas minoristas; de ellos 88 millones con el uso del qr en las bodegas, fundamentalmente.

NUEVAS MEDIDAS… ¿LOS MISMOS PROBLEMAS?

Entre las novedades que incorpora la Resolución 24 está la obligatoriedad del pago mediante medios electrónicos en el momento de la entrega, para las empresas minoristas a las comercializadoras mayoristas, por la compra de productos alimenticios y no alimenticios liberados; así como los cigarros, tabacos y fósforos, precisó en exclusiva a Granma, Pastora López Leyva, directora de Economía del Mincin.

No obstante, se exceptúan de lo anterior los productos de aseo e higiene y las mercancías que se compran con destino a las ventas a plazo, aclaró.

Asimismo, se decidió establecer los pagos contra entrega para la totalidad de las compras que realizan las unidades de gastronomía, incluidas las perfeccionadas –que ascienden a más de 660–, utilizando con prioridad los canales electrónicos establecidos, aseveró.

Otra decisión fue instaurar el cobro mediante el código QR en todos los establecimientos minoristas del comercio, exceptuando las zonas de silencio.

Sobre este último tema, la Directora de Economía del Mincin comentó que es muy incipiente aún el porciento de ventas que se realizan por esta vía, sobre todo en las bodegas, en parte por desconocimiento de la población sobre sus utilidades y también por la falta de capacitación y comunicación oportuna del personal que trabaja en estas instalaciones.

La Resolución 24 incluye, además, como uso obligatorio, la carta de crédito local para el cobro de las empresas mayoristas a las minoristas por los productos de la canasta familiar normada.

Explicó que, en este caso, se trata de un contrato que hace la minorista con su empresa mayorista, donde establece la conciliación de las facturas previa aprobación del banco, siendo así una forma de cobro efectiva para la mayorista, pues el banco asume la obligación de pagar a nombre del comprador, y no se atrasan los pagos.  

Actualmente, detalló, los territorios que más saldos vencidos tienen son Artemisa, Sancti Spíritus, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. «En ese comportamiento incide la falta de liquidez de las empresas, que no es un problema nuevo y que se ha ido acumulando, y no permite en muchas ocasiones honrar las deudas en los tiempos establecidos».

En tal análisis hay que tener en cuenta, igualmente, el incremento progresivo de los costos de todos los productos desde finales de 2020, incluyendo algunos que son subsidiados.

Por ejemplo, detalló López Leyva, la leche se vende a 25 centavos el litro, aunque tiene un precio al productor de 20 pesos, y esa diferencia no se le recarga a la población, sino que la subsidia el Presupuesto del Estado, y esos financiamientos no siempre llegan en tiempo.

Por otra parte, persiste la deficiente conciliación de las empresas minoristas y el grupo empresarial, con las direcciones municipales y provinciales de finanzas, respectivamente, así como la demora del Grupo de Alimentos en presentar las solicitudes de financiamiento por compensación al Ministerio de Finanzas y Precios, determinado por el incremento de precios de productos alimenticios importados.

Teniendo en cuenta esas problemáticas, informó López Leyva, se ha diseñado un plan de acción que «no resolverá todas las deficiencias por arte de magia, pero dará un seguimiento más detallado al asunto, en aras de eliminar los saldos vencidos».

Según la Directora de Economía del Mincin, hay también otras propuestas, entre ellas, que la canasta familiar normada se pague al momento que la mayorista hace la entrega, mediante el otorgamiento de créditos bancarios, y así evitar las cadenas de impagos.

Como parte de las soluciones, se deberá seguir apostando al uso con mayor eficiencia de las pasarelas y medios de pagos electrónicos, ya que los números registrados son evidencia de que las operaciones efectuadas por esta vía se quedan muy por debajo de las potencialidades reales.

Asimismo, es necesario incrementar la exigencia en el control de las cuentas por cobrar y pagar vencidas, con énfasis en las conciliaciones entre los proveedores mayoristas del sistema y minoristas, y de estas últimas con las empresas del Ministerio de la Industria Alimentaria.

No debe obviarse que, si crecen las cadenas de impagos, las altas deudas limitan los ciclos productivos y se termina afectando la capacidad de compra que tienen, incluso, las empresas importadoras para asumir determinados compromisos internacionales, y todo ello afecta a la economía del país y se refleja luego en los aseguramientos de cara a la población.