Los precios no pueden caer del cielo ni subir hacia allí

Luego de una noche de guardia en el hospital infantil José Luis Miranda, de Santa Clara, en la que apenas pudo dormir unos 30 minutos, debido al alza que han tenido en el territorio las insuficiencias respiratorias agudas, una prestigiosa pediatra villaclareña se disponía a tomar una motoneta que la aproximara a su lugar de origen.

«Qué bueno que hay», dijo para sí, mientras se acercaba a la parada, no sin antes asombrarse de que, a pesar de haber cierta cola, nadie las abordaba. «Compañero, ¿va para el parque?», preguntó educadamente, a lo que el chofer contestó: «Sí, pero hoy solo trabajo alquilado».

«Pero no entiendo, chofe, ¿cómo que alquilado?», insistió la profesional, a lo que el hombre, malhumorado y descortés, solo ripostó: «Mire, doctora, son 300 cañitas, si quiere monte o si no váyase a pie».

Situaciones como estas ocurren en Santa Clara todos los días, y son sufridas por alumnos y profesores de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas; además de los médicos, enfermeras y estudiantes de Medicina, entre otros usuarios, víctimas de tales tropelías, que a diario deben valerse de ese medio de transporte para poder llegar a su centro de estudio o de trabajo.

                          II

Rafael Hernández es uno de los cerca de 44 000 ancianos que viven solos en Villa Clara. Como casi siempre, los domingos el abuelo toma su jabita y se dirige a la feria de la calle j, en el reparto Capiro, para comprar alimentos.

Una y otra vez recorre cada uno de los puestos de venta, tratando de encontrar algo asequible a su menguado bolsillo, que solo recibe unos 1 400 pesos al mes. Carne de cerdo a 550 pesos, mazos de cebolla a 180 y de remolacha a cien; frijoles a 170, y así, uno a uno, contempla incrédulo aquellos precios elevadísimos.

Entonces recordó que el precio del plátano burro había sido topado por las autoridades, por lo que decidió, al menos, comprar una mano. Pero cuál fue su sorpresa cuando el vendedor, sin el menor sonrojo, le espetó: «Abuelo, está leyendo periódico viejo, cuesta 40 pesos la mano. Lo toma o lo deja». Entonces calló por un momento, respiró profundo y decidió regresar a su casa con la jaba vacía.

                         III

Javier Jiménez es un asiduo visitante del hotel América de Santa Clara, sitio al que acude con frecuencia junto a su novia para conversar, mientras degustan un sabroso café. Sin embargo, esta semana se llevó un susto cuando, luego de tomarse el delicioso néctar negro, el camarero le trajo la cuenta en la que aparecía estampado el precio de 180 pesos por cada ración.

«Compañero, esto debe ser un error», le dijo al empleado, quien de manera respetuosa y cortés respondió: «No, amigo, no está equivocado. Por indicación del organismo superior, a partir de esta semana quedó establecido ese precio», ante lo que se quedó sin palabras.

SOLO UNA FOTOGRAFÍA

Escenas como esas, para nada resultan fruto de la imaginación. Forman parte de la vida cotidiana y están vinculadas al desorden existente en materia de precios, fenómeno asociado al descontrol y la desidia.

Para Irail Trujillo Álvarez, al frente de la Dirección de Supervisión en Villa Clara, la batalla que a diario libra junto a su cuerpo de inspectores para tratar de poner orden en el tema de los precios abusivos y especulativos, es solo un pequeño grano de arena de lo que debe hacerse.

Por eso, no duda en decir que las ilegalidades y abusos que detectan, constituyen una fotografía de lo que ocurre en los establecimientos estatales y no estatales de la geografía villaclareña, donde, según él, pululan los pillos y bribones que quieren vivir a costa del pueblo.

Para ilustrarlo, cita algunas cifras. Hasta el pasado 15 de noviembre habían realizado un total de 22 545 inspecciones a instituciones del Estado y a otras no estatales, en las que aplicaron multas por un monto superior a los 42 700 000 pesos.

En esos controles a mercados agropecuarios, puntos de venta, tiendas, bodegas, farmacias, unidades de la gastronomía, transportistas y trabajadores por cuenta propia, entre otros, fueron aplicadas 22 408 multas, la mayoría de ellas por precios abusivos o especulativos; por provocar afectaciones económicas a las entidades; por engañar al consumidor o por desinformar al cliente.

Asimismo, otras ilegalidades tuvieron que ver con la falta de listados oficiales de precios, retención de mercancías, para luego favorecer a sus compinches, y actos de favoritismo, señala Trujillo Álvarez, quien reconoce la falta de exigencia que prima en muchísimos lugares en los cuales no se ejerce la función de control que corresponde.

«Detrás de cada manifestación de hurto, desvío de recursos que luego van a parar al mercado negro, alteración de precios u otras anomalías, siempre hay alguien que no cumple  con lo establecido o que no controla los recursos del Estado», explica el directivo, quien reconoce que todo cuanto hacen es poco para lo que necesita este momento.

Al respecto, señala que hoy trabajan en la inspección en Villa Clara, solo 101 inspectores, de los 198 que deben laborar cuando la plantilla esté cubierta en su totalidad.

Al abundar en el tema, el Jefe de la dis en Villa Clara reconoce que en la situación de los precios ha influido, según su parecer, la facultad que se ha dado a todos los organismos para formarlos, algo que con anterioridad estaba muy centralizado por el Ministerio de Finanzas y Precios.

«Sabemos el noble fin de esa medida, pero lo cierto es que, en la práctica, nosotros detectamos muchísimas veces que no se tiene en cuenta un estudio serio de los costos, ni de mercado, a la hora de fijar un precio, ni resolución alguna que norme lo que se vende; es decir, no hay una ficha de costo bien establecida», explica el directivo.

Otros ejemplos del desorden imperante son una cooperativa de créditos y servicios que comercializaba sal a 20 pesos la libra, sin que ello estuviera recogido en su objeto social ni pudiera aportar al inspector la procedencia del producto; personas que burlan todos los días los precios topados a cultivos como la yuca, el boniato y el plátano, los únicos con esas características en el territorio; ilegales que venden en cualquier escenario sin aportar al fisco; y productos de las tiendas que se venden en MLC y luego son comercializados a precios abusivos a la vista de todos.

CERRAR LAS BRECHAS A LA IMPUNIDAD

En el centro de la batalla por resguardar el orden y la disciplina en materia de precios en el país se encuentra el Ministerio de Finanzas y Precios, aunque queda claro, tal como estableció el Consejo de Ministros al abordar el tema en una de sus últimas reuniones, que esta es una tarea de todos, en la que el pueblo también está llamado a desempeñar un rol decisivo.

Teresa de Jesús Martínez Castillo, al frente de esa dirección en el territorio, está consciente de ello, aunque admite que la labor del organismo que dirige es más bien metodológica y de asesoramiento a los diferentes organismos.

«Es cierto que la descentralización de las facultades para establecer los importes de las mercancías y los servicios no ha sido bien aplicada en todos los lugares. Allí donde existen personas preparadas en el área de economía, y cuadros exigentes, que piensa en primer lugar en el pueblo a la hora de fijar un precio, las cosas han salido mejor», refiere Teresa Martínez.

Por su parte, Isis Pantoja González, jefa del Departamento de Precios en la provincia, señala que existen muchos criterios diferentes a la hora de formar un precio, según ha comprobado en su acercamiento a las diferentes unidades y empresas.

Sobre el asunto señala que, aunque no son inspectores, en su labor de asesoramiento sí han podido comprobar que en algunos lugares hay desconocimiento de cómo se hace una buena ficha de costo, lo que casi siempre está vinculado con la carencia de personal especializado y con el desmedido afán por obtener ganancias y utilidades.