Precios topados, ¿solución o freno?

Granma.–Sobre la tarima permanecen –abultados– el jamón, el beicon, la jamonada especial y otros embutidos, mientras que una, dos, tres… varias personas pasan, miran los precios en la tablilla, y siguen de largo en busca de otro «plato fuerte» que cause menos estragos a sus bolsillos.

«Hace meses que no compro ninguno de los derivados de la carne de cerdo porque una sola libra de cualquiera de esos productos supera ya los 200 y hasta los 300 pesos», dice a este diario en las inmediaciones del mercado estatal Luis Ramírez López, de Bayamo, el jubilado Néstor García Aguilar.

Allí, dentro y fuera de la instalación, pululan las ofertas de productos de alta demanda como el arroz, los frijoles, las viandas y frutas que, en no pocos casos, se comercializan con precios de escándalo.

Ante esta realidad que se vive hoy en todo el país, como secuela de la inflación que sigue «comiéndose» la capacidad de compra del salario, en Granma se han vuelto a poner, recientemente, precios límites referenciales a algunos productos agropecuarios de alto impacto en la población.

Para ello, el gobernador de la provincia, Francisco Escribano Cruz, dio a conocer, en el periódico La Demajagua, la decisión del Comité de Contratación y Concertación de Precios del territorio, de aprobar algunos límites máximos, sobre la base de la oferta y la demanda.

De acuerdo con la publicación, los precios que excedan los límites referenciales aprobados se consideran abusivos o especulativos; y «quienes violen la actual regulación serán notificados con multas de hasta 10 000 pesos y la suspensión de la licencia de trabajador no estatal, para las personas naturales, y de la licencia comercial para las personas jurídicas».

Sin embargo, se sabe –por experiencias anteriores con este tipo de medidas– que de lo escrito a lo implementado en la tarima hay un gran trecho, pues no se pueden poner precios topados o referenciales y esperar que solo eso regule la larga cadena de comercialización, que va desde el surco hasta la mesa familiar.

EL TRASTORNO DE LOS PRECIOS

Con el periódico abierto, aun cuando se sabe de memoria todos los productos cuyos precios tienen límites máximos referenciales, Ángel Luis Ramírez Quiala, administrador del mercado estatal agropecuario Jesús Menéndez, de Bayamo, asegura que «en un contexto de escasez como el que estamos viviendo, hay que topar, pues es la única forma de regular al productor y al vendedor».

Él sabe que el incremento de la producción es el mejor camino para estabilizar la oferta y bajar el galopante aumento de los precios. Pero mientras no exista esa realidad, señala, es preciso hacer valer lo que está estipulado en el papel con una estrategia en la que no haya pérdidas ni para el productor ni para el que vende en la tarima, y que al final beneficie también al que compra.

«Lograr esa combinación no es nada sencillo; nosotros mismos hemos ido, sin intermediarios, con el periódico debajo del brazo, a pactar compras y precios con algunos productores, y en ese sentido hemos tenido buenos resultados con la venta del plátano, el maíz verde y algunas frutas y hortalizas», apunta el Jefe del colectivo laboral del mercado Jesús Menéndez, en el cual alrededor del 50 % de los concurrentes son trabajadores particulares.

No obstante, Ramírez Quiala reconoce que la medida de fijar precios máximos referenciales no impacta de forma positiva en todos los productos. «Es cierto que desde que se toparon los precios, en nuestro mercado no existen violaciones de ese tipo, pero, entonces, hay algunos productos que se han perdido, como ocurre con los frijoles, el arroz y la carne de cerdo».

Por ejemplo, detalla el administrador, aquí se vendían diariamente alrededor de 15 puercos, es decir, entre 2 000 y 3 000 libras de carne de cerdo al corte. Hoy esas ventas están paralizadas, porque al topar la libra a 200 pesos esos volúmenes se están destinando a la producción de derivados como jamón, lomo ahumado, chorizos y otros embutidos que siguen bajo la ley de oferta y demanda.

Yuniesqui Oliva Roselló, concurrente del área del cárnico de ese mercado, afirma que la medida lo afecta, pues a la hora de ir a realizar las contrataciones los campesinos alegan que los costos de producción son elevados, fundamentalmente porque el alimento animal está encarecido.

«Hoy la cuenta no da para seguir ofertando la carne al corte. Yo mismo vendía carne para bistec porque tenía gran demanda y ya no lo hago, pues eso me genera pérdidas», subraya Yuniesqui Oliva, quien ahora comercializa en su tarima derivados como el lomo ahumado, a 400 pesos la libra, y la costilla hecha jamón, a 360 pesos.

«No estamos en desacuerdo con que bajen los precios, porque entre más barato el producto, más se vende, pero tiene que ser una cadena equilibrada y no una balanza en la que unos se beneficien y otros no», refiere el concurrente.

A este fenómeno se suma otro no menos preocupante: los precios topados, pero violados. «En la provincia se estableció que el frijol negro tendría un precio máximo referencial de 95 pesos la libra, y el colorado o bayo, cien pesos, y cuando uno va a comprar, algunos vendedores te dicen que esos precios son solo para los inspectores, pues en realidad tienen la libra de frijol por encima de los 200 pesos», apunta la bayamesa Carmen Alarcón Tamayo.

En tal sentido, opina que la labor de los inspectores, las multas que se aplican, los decomisos, e incluso la retirada de licencias, no han podido frenar definitivamente la especulación que todavía campea en varias tarimas y carretillas ambulantes.

Héctor Cordero Hernández, jefe de la Dirección Integral de Supervisión (dis), en Granma, explica que los precios límites referenciales respaldan legalmente las acciones de enfrentamiento, «porque cuando es oferta y demanda es más difícil demostrar las ilegalidades asociadas a las violaciones de precio.

«Sabemos que no son pocos los casos que ponen un precio y venden a otro, pero aunque hay denuncias de la población, aún son pocas, y en ese sentido necesitamos más colaboración de los afectados», solicita Cordero Hernández.

El directivo de la dis también comenta que en este asunto todos los extremos son malos. «Si pones un precio referencial a un producto muy por debajo de lo que puede comercializarse, teniendo en cuenta la ficha de costo y la alta demanda en relación con la pobre oferta, muchos vendedores lo que hacen es que dejan de vender en los mercados oficiales y se van al ilegal a vender por la izquierda.

«Tenemos la experiencia con el arroz, que inicialmente se propuso su venta a 40 pesos la libra y el resultado fue que no había en los mercados, pero por la calle aparecía hasta a 70 pesos», recuerda.

EQUILIBRAR LA BALANZA

Para Mercedes Pérez Díaz, especialista principal de Formación de precios, en la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, en la provincia de Granma, la medida de poner límites referenciales a determinados productos agropecuarios es «un mal necesario», que solo funcionará como solución si se aplica, rigurosamente, a partir de estudios y análisis financieros objetivos.

«Para poner precios referenciales, hay que hacer un estudio profundo en el que la cuenta le sea factible al productor, a las entidades o vendedores que comercializan la cosecha, y al cliente. Ese trabajo no se hace desde una oficina con una calculadora, hay que ir hasta las bases productivas, y llegarle al campesino con una mejor contratación, pues es muy difícil conformar una ficha de costo de un producto agropecuario por el entramado de actividades que intervienen en ese proceso (incluye preparación de la tierra, compra de semilla, insumos, medios, fuerza de trabajo, siembra y cosecha).

Una brecha en ese camino, reflexiona Pérez Díaz, sería aprobar un precio referencial a un producto por debajo o igual a su costo. «Eso afecta al productor, y si la cuenta no le da deja de sembrar, o vende a intermediarios informales, que solo encarecen las ofertas».

Según añade la especialista, existen, además, normas jurídicas que otorgan bonificaciones para estimular la obtención de productos agropecuarios, como la disminución de impuestos, las cuales no se aplican porque muchos productores las desconocen.

«Esas bondades, unidas a la venta de productos por calidad (que tampoco se exige), también ayudarían a abaratar precios», acota.

Lograr cambios estructurales en el modelo de gestión económico-productivo local, y concretar un justo equilibrio en la cadena de comercialización, sin duda, ayudaría a «aliviar» el precio final de los productos agropecuarios que tanto demanda el pueblo.