Inspectores, combatir con integralidad

Holguín.–Resulta común que los vendedores de alimentos y artículos diversos que imponen precios abusivos y especulativos, o engañan a los compradores y quebrantan cualquier regulación legal, muestren inconformidad con el accionar de los integrantes de los cuerpos de inspección y arremetan contra ellos con comentarios despectivos para desacreditarlos. Por lo general los etiqueten de extremistas.

Lo que no resulta normal es que los inspectores también sean severamente enjuiciados por una parte de aquellos a quienes tienen el deber y la obligación de proteger. Esa sensación de desamparo la constató este diario en un sondeo realizado en varios sitios de la capital provincial de este territorio, sobre todo, a muchas personas enfrascadas en gestiones de compra, en puntos de venta y establecimientos del sector privado y estatal.

Según lo expresado, algunos inspectores «se hacen los de la vista gorda» para luego sacar provecho de ello; otros, simplemente «son unos aprovechados que andan con jabas para cargar» o pillos «que entran en arreglos con los vendedores, y hasta les avisan de antemano sobre los operativos».

Yupsi Céspedes Tamayo, una enérgica muchacha, estima que los cuerpos de inspección son los responsables de los criterios con los que se les valora. A su juicio, «el salario que devengan es dinero que el Estado pierde por gusto».

Alarman, entonces, tales criterios cuando el país implementa las directivas aprobadas por el Consejo de Ministros para el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

SUPERVISIONES Y MULTAS

¿Qué mirada hacia dentro tienen esas criticadas autoridades? Para responder esa pregunta, Granma intercambió con personal de la Dirección de Inspección Provincial de Holguín (DIP), una estructura clave en el enfrentamiento a hechos que laceran a la población.

A juzgar por la información ofrecida por la máxima autoridad de ese ente, Dionisia Milagros Portelles Duque, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, los inspectores que la integran son muy activos, y no es solo, dice, porque en este momento cumplen el plan de medidas orientado por el Gobernador de la provincia con el fin de hacer realidad las citadas directivas del Consejo de Ministros.

De lo hecho desde el 31 de octubre, fecha en que dio comienzo ese plan, hasta finales de la segunda semana de noviembre, destaca las 392 multas aplicadas por violaciones de precios, las cuales equivalen a 2 035 000 pesos.

Pero un vistazo más atrás muestra, que, por la misma causa, en lo que va de año fueron impuestas poco más de 4 000 multas con un monto general de 22 millones de pesos.

El seguimiento de la traza de los inspectores de la DIP expone que, al amparo de los decretos correspondientes, a lo largo del año han actuado sobre cocheros y conductores de vehículos automotores que imponen precios altos u operan sin licencias y personas que, con su comportamiento, afectan redes hidráulicas, violan regulaciones sanitarias o esconden mercancías en establecimientos estatales con el fin de favorecer a terceros, entre otras cosas.

Llama la atención que al cerrar octubre habían realizado más de 48 000 inspecciones, en las cuales se detectaron violaciones en más de 46 000 centros.  Esto significa que es muy alto el índice de violaciones en esos sitios y justifica las 44 780 multas aplicadas con un importe económico superior a los 34 millones de pesos.

«Tenemos insatisfacciones. Una cifra alta de las violaciones y las correspondientes multas se localiza en el municipio de Holguín, seguido por Moa, Mayarí, Banes, Gibara y Sagua de Tánamo. La relación está definida por los enfrentamientos que realizan, lo que permite establecer que el territorio de Calixto García hoy es el de más bajo accionar de la DIP, lo cual implica una transformación inmediata».

Al hablar sobre las vulnerabilidades, en general, y lo que se debe hacer para suprimirlas, afirma la directora que el pasado año realizaron un proceso de depuración, consistente en revisar a fondo el comportamiento de los inspectores, para prescindir de quienes han incurrido en faltas, lo cual involucra a 38.  Entre estos hay varios separados definitivamente por violaciones del Código de ética y bajo nivel de enfrentamiento.

«En más de una ocasión recibimos quejas sobre dos personas que actuaban como inspectores. Al detectarlos, se comprobó que utilizaban documentos de un momento en el que estuvieron en nuestras filas. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y sancionados».

Con respecto a los procedimientos para hacer efectivas las inspecciones, apunta que, para evitar cualquier filtración sobre los operativos a realizar, se cita a los inspectores, se les recoge los celulares y solo conocen el destino cuando llegan a él.

Indagaciones sobre la plantilla actual de la DIP, indican que está cubierta al 67 %, razón por la que han realizado acciones para llevarla a la cantidad necesaria. Rodolfo González Reyes, jefe de grupo, recuerda que meses atrás se organizó un concentrado al que asistieron aspirantes a inspectores, quienes, cumplido el programa de capacitación, enfrentaron la prueba de carácter nacional que se aplica en estos casos. 

Con 11 años de experiencia como inspector, Ariel Martínez Ávila afirma que la integridad se conserva con respeto al trabajo y conocimiento de los instrumentos jurídicos que los asisten y que lleva constantemente, como está establecido, en el portafolio con el que se presenta en los momentos de verificaciones. También hace falta entereza para enfrentar transgresores violentos. Tiempo atrás, al tratar de aplicar un decomiso a dos personas que comercializaban ilegalmente productos del agro, uno de aquellos le fracturó un dedo al golpearlo con un palo. A su compañero, el otro quebrantador de las disposiciones trató de hacerle daño con un cuchillo.

PENSAR PROCESOS Y PROCEDERES

No es la DIP con sus efectivos la única que combate. Desde finales de octubre hasta el momento de redactar este material, la Dirección Estatal de Comercio impuso más de una decena de multas por pizarras informativas desactualizadas y afectaciones a consumidores y entidades. Asimismo, la Dirección de Finanzas y Precios aplicó otras 424, la mayoría por precios en exceso. La penalización en esa ocasión superó los 60 000 pesos.

A simple vista parece que la sociedad no le teme a este tipo de sanciones. Hay quienes aseguran que la morosidad con que se pagan las multas y la falta de medidas severas hacia quienes tienen esa posición, crean una especie de sensación de impunidad. Otras personas estiman que es el pueblo el que paga las multas, porque los vendedores las tienen previstas en los altos precios con que operan. Por otro lado, comentan, las autoridades impositoras no siempre siguen los casos y a los vendedores abusadores no se les aplica la obligación de hacer, que impediría continuar su actividad hasta tanto no se eliminara su mal proceder. Cuando esto sucede, les hace creer que las multas bastan para lavar sus faltas.

Rodolfo González Reyes y su par Adalberto Rodríguez Fernández, partidarios vehementes del continuo perfeccionamiento de la DIP y la depuración objetiva de quienes quebrantan la ética e incumplen deberes funcionales, consideran que los hechos confirman que existen funcionarios administrativos que no garantizan orden en los establecimientos y entidades por los que responden, dejando brechas a una amplia estela de ilegalidades e indisciplinas.

A la par, dicen, hay pruebas de procesos con deformaciones y ponen como ejemplo las ventas de garaje en la ciudad de Holguín, una actividad de reciente aparición, autorizada legalmente por la Resolución No. 102 del Ministerio del Comercio Interior.

Para ambos, ha faltado organización en su puesta en vigor. Estiman que el Reglamento elaborado debió divulgarse con amplitud, pero al no hacerse así, hay desconocimiento por parte de los vendedores, quienes actúan a cualquier hora y día, cuando lo permitido indica que sean los viernes, sábado y domingo.

En cuanto a los productos que ofrecen, muchos son adquiridos en las tiendas que venden en divisas, lo que da pie a operaciones no autorizadas.  La situación conlleva a las multas, pero el desempeño, sin restricciones de los contraventores durante meses, crea conflictos con los inspectores.

Los deslices causan otros, a veces de consecuencias más graves. Como las ventas de garaje se realizan sin pagar impuestos y dejan ganancias considerables, decenas de cuentapropistas que cumplían obligaciones tributarias han renunciado oficialmente a la actividad que realizaban, pero la siguen ejerciendo tras bambalinas.

Esto recuerda que todos los procesos deben transcurrir bajo la impronta de la integración, un concepto que librará de yerros u omisiones la aplicación de las directivas del Consejo de Ministros. Es por eso que se debe aplaudir la decisión de integrar en grupos de control de la legalidad, tanto a nivel de la provincia como de los municipios, a los cuerpos de inspección, que son un componente de las fuerzas que, en nombre del pueblo, deben sostener el combate con el que se pretende eliminar secuelas de las cadenas de ilegalidades e indisciplinas y desarticular sus eslabones y organizadores.