Que siga siendo recto el camino de lo aprobado (+ Video)

«Se hace imprescindible revisar y perfeccionar los sistemas de trabajo, asociados sobre todo al seguimiento y al control. Tenemos más capacidad para diseñar y aprobar instrumentos jurídicos y planes de medidas, que para instrumentarlos y comprobarlos».

El análisis, promovido por el miembro del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, devino hilo conductor de la reciente reunión que, como cada mes, sostiene la máxima dirección del país, mediante videoconferencia y desde el Palacio de la Revolución, con gobernadores e intendentes.

Marrero Cruz subrayó que, si bien cualquier problemática de una provincia o municipio le concierne al Gobierno central, hay asuntos que no se van a resolver desde un nivel nacional; en muchos casos la receta tiene que ser local y ajustada a las características de cada territorio.

En la sesión de trabajo, encabezada, además, por los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, el Primer Ministro instó a incrementar la sistematicidad y el rigor en el enfrentamiento a ilegalidades y violaciones que resquebrajan la institucionalidad y laceran la gestión de Gobierno.

«Hay que eliminar la tolerancia ante irregularidades que hoy persisten con total impunidad, y con un impacto muy fuerte contra el pueblo», aseveró.

Desde una perspectiva crítica, Marrero Cruz también hizo hincapié en la situación de las cuentas por cobrar y por pagar, viejo asunto que exige soluciones definitivas, pues constituye caldo de cultivo para la corrupción y las ilegalidades.

De la jornada trascendió, además, la indicación del Primer Ministro de revisar integralmente las medidas contenidas en la Operación Lucha contra coleros, a partir de las crecientes quejas de la población sobre su ineficacia, pues, en no pocos casos se ha generado un clima de desorden e ilegalidad.

LO IMPERDONABLE DE NO PONER A PRODUCIR LA TIERRA

Teniendo en cuenta la prioridad otorgada a la producción de alimentos, el impacto de la implementación de las 63 medidas para dinamizar la agricultura fue uno de los tópicos de la agenda que más señalamientos suscitó.

Al decir del Jefe de Gobierno, estas acciones, cuya integralidad mucho se ha resaltado, están dirigidas a que no falten las viandas, las hortalizas y los productos agropecuarios en la mesa del cubano; por tanto, la base para el control de su cumplimiento son los resultados, según los indicadores previstos.

Y justo de esos resultados, aún distantes de lo que demanda el país, dio cuenta el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, quien aludió a atrasos en la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, al incumplimiento de la campaña de frío de cultivos varios, con más de 3 800 hectáreas aún por sembrar; así como al decrecimiento en áreas destinadas al plátano, el boniato y la malanga.

Tapia Fonseca también convocó a potenciar el autoconsumo en las entidades estatales, cuestionó las debilidades del proceso de contratación, el cual exige un desempeño diferente de cara al año 2023, y remarcó los incumplimientos en las entregas de carne y de leche.

Hoy, dijo, por solo citar un ejemplo, «alrededor de 4 143 productores han incumplido sus contratos con las empresas cárnicas. Sin embargo –preguntó–, ¿qué análisis se ha hecho con cada uno? ¿Se ha convocado a las autoridades locales, al delegado de la Agricultura, a todos los factores que intervienen?».

A su juicio, «está faltando control, pero no de tipo general, sino en el municipio. Cada territorio tiene que analizarse, pues el país no tiene más dinero para importar. Y hay que exigir disciplina en el cumplimiento de los planes, no por cuestión de números, sino por lo que ello representa en alimentos para el pueblo».

La contratación no puede dejarse a la espontaneidad, coincidió Salvador Valdés Mesa, al tiempo que llamó la atención sobre los impagos a los productores, problemática identificada en seis de las 11 provincias que recientemente visitara, y en las cuales se evidenció la falta de gestión como la causa fundamental.

En Cuba, insistió Marrero Cruz, «es imperdonable no aprovechar cada pedacito de tierra para producir», al tiempo que orientó la revisión, en cada territorio, de los mecanismos empleados para el adecuado seguimiento a las 63 medidas.

EL AVANCE DEL PROGRAMA DE LA VIVIENDA TIENE QUE SER INTEGRAL

La reunión con los gobernadores e intendentes también hizo diana, una vez más, en la vivienda, una de las problemáticas más sensibles que enfrenta el país, y en cuya solución, pese a las estrategias implementadas, no se avanza de manera integral en todos los territorios, lo que suscita insatisfacciones en la población.

Vivian Rodríguez Rodríguez, directora general de la Vivienda, informó que, al cierre de agosto, se habían terminado 15 790 viviendas. De ellas, alrededor del 50 % responde al esfuerzo propio, y 1 985 son células básicas habitacionales.

Por provincias, afirmó, Mayabeque, Camagüey y Guantánamo retroceden, al tiempo que Cienfuegos y Sancti Spíritus exhiben los mejores indicadores. Respecto a la producción local de materiales, alternativa que hay que potenciar cada día más, los resultados tampoco son halagueños.

Los niveles productivos, señaló Rodríguez Rodríguez, siguen siendo inferiores a la capacidad instalada, y están muy por debajo de las necesidades de los territorios en surtidos como canto, ladrillos, bloques, cubiertas sólidas, elementos de piso, entre otros.

Consciente de las limitaciones y de los estragos del huracán Ian, el Primer Ministro indicó hacer una valoración objetiva de cada uno de los programas de la vivienda y presentar, a partir de la disponibilidad de recursos, una propuesta sobre qué hacer, de manera diferente, que permita realmente avanzar.

NO DESCUIDAR A NINGUNA EMBARAZADA

Aunque Cuba podría competir con países desarrollados en determinados indicadores de salud, hay resultados que nos obligan a compararnos con nosotros mismos. Ese es el caso de las cifras que hoy exhibe el Programa de Atención Materno Infantil, el cual también fue evaluado por las autoridades gubernamentales.

Tania Margarita Cruz, viceministra primera de Salud Pública, explicó que, hasta octubre, se registran 72 846 nacidos vivos y 539 defunciones, para una tasa de mortalidad infantil de 7,4 por cada mil nacidos vivos.

Las mejores tasas se reportan en siete territorios, con Sancti Spíritus a la cabeza (2,9). El resto de las provincias muestra números superiores a seis, con el peor registro para Mayabeque, ascendente a 13,1.

Mencionó, como la primera causa de muerte, algunas afecciones perinatales relacionadas con la prematuridad, el bajo peso al nacer y el retardo en el crecimiento intrauterino; a lo que le siguen las malformaciones congénitas y la sepsis adquirida.

Asimismo, enumeró, entre los problemas que inciden en los resultados del programa, la falta de personal, la inefectividad de las medidas dirigidas a la reducción de la prematuridad y los errores en el diagnóstico prenatal, asuntos todos que exigen la máxima atención.

ACOMPAÑAR, PARA BIEN, EL DESARROLLO DE LOS ACTORES ECONÓMICOS

Otros dos temas evaluados, y que, de forma general, se interrelacionan, fueron el avance de los nuevos actores económicos y la tendencia creciente de los precios, en particular de los alimentos. 

En torno a las nuevas figuras, el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, comentó que las mipymes privadas superan las 5 340, entretanto las estatales llegan a 59, así como a 58 las cooperativas no agropecuarias, unido a 126 empresas filiales.

Además de reconocer los aportes de estos actores, sobre todo en materia de ofertas de bienes y servicios a la población, el Primer Ministro subrayó algunas distorsiones presentadas, las cuales contradicen un principio esencial de nuestro modelo económico: la empresa estatal socialista es el actor fundamental y los nuevos actores son su complemento.

«Esta es una política que no se detendrá», aseguró Marrero Cruz; no obstante, se avanza en la elaboración de una norma que defina los mecanismos de control de estas figuras, desde los organismos nacionales hasta el nivel de los municipios.

De igual modo, Gil Fernández destacó la necesidad de incorporar a los nuevos actores a las estrategias de desarrollo local, insertarlos en el ecosistema municipal, incluyendo los encadenamientos con la empresa estatal y el vínculo con el Gobierno, la universidad, la banca..., así como favorecer su participación en tareas de responsabilidad social.

Y en cuanto a los precios, el Jefe de Gobierno indicó, a partir de las facultades de los consejos de administración municipales, priorizar las acciones de enfrentamiento para frenar precios abusivos y especulativos, que tanto afectan a la población.