Dirigido a encauzar una acertada articulación del sistema de comunicación social en el ámbito institucional, mediático y comunitario, de conjunto con las normativas que lo regulan, el anteproyecto de Ley de Comunicación transita actualmente por un proceso de consulta en las provincias del país.
En Pinar del Río, representantes de los medios de prensa, juristas, directivos del sistema empresarial y estudiantes de la Universidad analizaron el documento que ya en su versión 32 consta de dos títulos, 12 capítulos, 69 artículos, una disposición especial, una transitoria y seis disposiciones finales.
Entre esos capítulos resaltan los dedicados a la imagen Cuba y la Marca País; a la publicidad y el patrocinio; a la investigación, desarrollo e innovación en la comunicación social; regulación y control de los procesos de comunicación social, y contravenciones asociadas a la comunicación social.
Igualmente debido a sus novedades y el imperativo de contar con ello en Cuba, han propiciado no pocas intervenciones los enunciados de la parte que legisla sobre el sistema y los procesos de comunicación social, contenidos y la gestión económica de los medios de comunicación social en el ámbito mediático, así como en los espacios públicos y digitales.
Al respecto Ronald Suárez Rivas, corresponsal del periódico Granma en el occidental territorio, señaló la pertinencia de evaluar la propuesta actual para evitar retrocesos en el proceso de acceso a las fuentes de información, y la existencia de transparencia en su gestión.
En tanto sobre la incorporación paulatina de la publicidad y el patrocinio al ejercicio comunicacional Jorge Luis Salas, miembro de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en Vueltabajo, destacó la importancia de este aspecto para los medios de comunicación de masas.
Por su parte, los profesionales de la prensa y la comunicación, funcionarios de instituciones culturales, empresas, artistas y nuevos actores de la economía en la provincia de Holguín, significaron que primera de su tipo en Cuba, la nueva Ley resulta de un largo proceso de investigación y conciliación, con base en los preceptos de la Constitución de la República.
Precisamente Onelio Castillo, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, precisó que este documento responde a uno de los acuerdos de la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno cubanos, y está sustentado en la práctica comunicacional de la nación y en políticas emanadas de los congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Atendiendo al reclamo que por años ha suscitado el tema, la directora del Sistema Provincial de la Radio, Natalia Díaz, se interesó por el Artículo 10, que imbrica las causas que dan origen a una negativa injustificada de información pública por parte de sujetos obligados a ofrecerla.
A su vez, José Enrique Agüero, presidente de la filial holguinera de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, instó a no asumir estos procesos desde un plano mediocéntrico, y reforzar la identidad y la historia local y nacional, donde la comunidad se manifieste como un reclamo local en aras del desarrollo de los territorios.
Además de su esencia para los profesionales del sector, el anteproyecto está encaminado a fortalecer el diálogo a nivel social y fomentar la cultura ciudadana sobre su derecho a la comunicación, de ahí que junto a este proceso institucional está abierto el espacio de consulta en los sitios digitales de la presa en el país, para que la ciudadanía estudie el texto y emita sus sugerencias y opiniones.
COMENTAR
Responder comentario