El Estado socialista de Derecho y de justicia social se fortalece

En el quinquenio 2017-2021 ingresaron a los tribunales populares, en todas sus instancias y materias, 816 262 asuntos y, en ese mismo tiempo, resultaron tramitados y resueltos por esos órganos 737 853 (el 90,4 % de los recibidos), lo que constituye, en sentido general, un notable resultado de trabajo, que se relaciona con la calidad del nivel judicial en el país.

La información la ofreció a los diputados Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), en la presentación del informe de rendición de cuenta de este organismo a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Sobre este ejercicio, resaltó que «ha sido un proceso democrático, transparente y significativo, una oportunidad para recepcionar, de forma crítica, opiniones sobre lo que hacemos».

Destacó el esfuerzo desplegado por el personal de los tribunales para mantener la vitalidad de la actividad judicial, en las complejas circunstancias impuestas por la influencia en el territorio nacional de la pandemia de la COVID-19 durante 2020 y 2021.

Muestra palpable de la intensa labor de recuperación e impulso a la actividad judicial y de sus resultados se constata en que, en 2021, los tribunales de justicia debieron tramitar y resolver 138 380 asuntos, de los cuales lograron procesar y concluir 123 662, que equivalen al 89,4 % de ese universo.

PRIORIDADES DENTRO DEL SISTEMA DE TIBUNALES

Remigio Ferro agregó que la evaluación permanente del comportamiento de la justicia penal, en lo que corresponde a los tribunales, es una prioridad dentro del Sistema, por la importancia que reviste para la aplicación de la política de prevención y enfrentamiento al delito, trazada por el Estado y atemperada al contexto de la sociedad cubana.

De acuerdo con el informe –aprobado por los diputados–, los principales resultados de la política de sanciones aplicada por los tribunales, en el periodo que se evalúa, permiten afirmar que, en sentido general, se ha actuado con severidad y rigor ante los responsables de las conductas delictivas más dañinas y lesivas para la seguridad nacional, la estabilidad económica, política y social del país y la tranquilidad ciudadana, aunque también con la racionalidad y la individualización que cada caso requirió.

Esta concepción de impartir justicia penal ha determinado que, en el transcurso de los últimos cinco años, al 54,2 % del total de personas sancionadas se le impuso penas de prisión, mientras que otro 27 % recibió condenas de libertad limitada, que no implican internamiento en centros penitenciarios, pero el sancionado queda sujeto a limitaciones y restricciones, bajo el control del juez de ejecución y la vigilancia institucional y comunitaria; y al 18,7 % restante se le impuso multas por diferentes montos pecuniarios.

El Presidente del tsp señaló que a los responsables de los hechos más graves, como aquellos asociados a corrupción administrativa, tráfico de drogas, robo con violencia o en viviendas, sustracción y desvío de combustibles o materiales de la construcción, proxenetismo, defraudaciones económicas, abusos sexuales, desacatos y agresiones contra las autoridades y sus agentes, entre otros, recibieron, por lo general, las sanciones más severas.

Durante esta etapa, precisó Remigio Ferro, ha continuado fortaleciéndose la actividad de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanción en libertad, a partir de acciones más coordinadas y articuladas de los jueces de ejecución y sus asistentes, la Policía Nacional Revolucionaria, los directivos y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, los consejos populares y los trabajadores sociales; incorporándose, como elemento novedoso, la interacción más directa e intencionada de los representantes del tribunal con los líderes comunitarios y los controlados, fundamentalmente en aquellos barrios identificados como de mayor complejidad social.

«El comportamiento ético determina la calidad en el sistema de justicia. Así lo exigimos y así lo revisamos, y tenemos un mecanismo para velar que esto se cumpla, que corre a cargo de jueces y magistrados de más experiencia», destacó el Presidente del TSP.

En este sentido, el diputado Danhiz Díaz Pereira resaltó que nuestro sistema está protegido, además, porque a nuestros jueces los acompaña la convicción de defender la justicia y la paz.

Remigio Ferro puntualizó que juzgar y resolver con acierto y efectividad, de conformidad con lo dispuesto en la Carta Magna y las demás leyes vigentes, la diversidad y complejidad de los diferentes conflictos familiares, patrimoniales, administrativos, penales, mercantiles, del trabajo y la seguridad social, que llegan a las distintas instancias judiciales, requiere de los juzgadores cubanos, además, alta sensibilidad, visión sociológica y política, ponderación, racionalidad, inteligencia y sentido de lo justo.

PROCESOS PENALES, PAPEL DE LA CIENCIA E INICIATIVA LEGISLATIVA

Añadió que se presta particular atención, en los procesos penales, al debido cumplimiento del régimen de garantías que, para los acusados y las víctimas, prevé la Ley No. 143, Del proceso penal; y de manera muy puntual a lo relacionado con el debido respeto al ejercicio del derecho a la defensa y la presencia del abogado desde el inicio del proceso, así como a las solicitudes que se presenten para el control, por el tribunal, de la pertinencia de la imposición y permanencia de la medida cautelar de prisión provisional.

Insistió, además, en el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación dentro de los tribunales, acompañado con el desarrollo de la informatización de algunos servicios y el impulso a la comunicación institucional.

Como resultado del ejercicio de la iniciativa legislativa, ejercida por el Consejo de Gobierno del TSP, fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, y entraron en vigor, la Ley No. 146, De los tribunales militares, y la No. 147, Del proceso penal militar; ambas refuerzan el acceso a la justicia y demás garantías y derechos reconocidos por la Constitución, y también se implementan bajo la égida de un cronograma de preparación y capacitación-entrenamiento de todo el personal vinculado a ellas.

Remigio Ferro resaltó el compromiso irrenunciable de directivos, jueces y trabajadores, de cumplir las consideraciones y recomendaciones de los diputados de manera efectiva, para continuar mejorando el desempeño de la función judicial en el país y, con ello, contribuir al fortalecimiento de nuestro Estado socialista de Derecho y de justicia social, proclamado por la Constitución de la República.

Como recomendaciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos propuso reconocer el trabajo de iniciativa legislativa que en cumplimiento del cronograma desarrolla el Consejo de Gobierno del Tribunal, así como el trabajo de los jueces y del sistema judicial.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, recomendó, entre otras propuestas, garantizar la tramitación en tiempo y calidad de los asuntos sometidos a su conocimiento; prestar atención a las instancias municipales en las cuales se concentran los jueces más jóvenes; así como brindar atención a las estructuras adoptadas para el ejercicio de la administración de justicia.