El sistema tributario de cualquier país, y Cuba no es la excepción, constituye una importante herramienta activa que tienen los Estados para apoyar el desarrollo económico y social de una nación determinada, de ahí la necesidad de una verdadera cultura que respalde esta práctica por la población y por las personas jurídicas.
En nuestro país, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), es la encargada de defender y concretar la política fiscal.
Por ejemplo, buena parte de los miles de millones de pesos destinados durante los dos últimos años al enfrentamiento a la pandemia en la Isla, tienen su origen en los tributos, que los contribuyentes aportan al presupuesto del Estado, que tiene principalmente un destino social.
También esos aportes constituyen una de sus fuentes principales de ingresos para poder desarrollar los programas que se llevan a cabo en nuestra nación, como la salud, la educación, la cultura, el deporte, la construcción de viviendas y centros hospitalarios, la Seguridad y Asistencia sociales, y demás beneficios concebidos como derechos constitucionales.
Al respecto, Juan Carlos Vilaseca Méndez, vicejefe de la onat, explicó a Granma que los impuestos «son la manera que tiene el Estado de redistribuir todas las riquezas. Parte del financiamiento de las vacunas contra la COVID-19 sale de ese presupuesto, ejemplificó. Todo lo que se está haciendo en los barrios en situaciones de vulnerabilidad se financia también de esa forma».
«Un incumplimiento, una evasión fiscal, una subdeclaración, provocan daños al Presupuesto del Estado, y lo que no se ingresa no se puede gastar. Por tanto, si la dirección del país está inmersa en toda esta obra social, en la que lleva más de 60 años, necesita los recursos para poderla mantener, y todo contribuyente que tenga una violación del régimen general de tributación, está provocando que no lleguen los ingresos en el momento oportuno en que se necesiten». Esa es la esencia de los tributos que deben concientizar también los nuevos actores económicos.
LOS CUENTAPROPISTAS Y LOS TRIBUTOS
Precisamente, la disciplina de cumplir con el Sistema Tributario se ha visto resquebrajada en la Isla, luego de las facilidades que se brindaron durante la etapa más dura de la pandemia. Hoy la ONAT, y sus dependencias, han encaminado sus acciones hacia el acatamiento de ese deber.
«Tras la llega de la pandemia en el año 2020 se adoptaron una serie de medidas tributarias durante el aislamiento social: más de 250 000 contribuyentes fueron exonerados del pago de impuestos,
pues como no había permiso de movilidad muchos tuvieron que interrumpir sus actividades.
«Ese es el caso de los arrendadores de viviendas, que dependen mayormente del turismo. Todavía quedan más de 100 000 que no están pagando impuestos por situaciones asociadas a este contexto.
«Esas medidas, aunque beneficiaron a los TCP, también les produjo una situación de cierta inestabilidad a la hora de saber si tienen o no que pagar. De ahí que la divulgación que se hizo en ese momento fue fundamental, pero hay un alto número que no se ha readaptado a que la vida ha vuelto a la normalidad, sus actividades continúan desarrollándose y tienen que pagar tributos», advirtió Vilaseca Méndez.
«En nuestras oficinas usamos las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cada oficina dispone de un correo para consultas, y contamos con un portal (https://www.onat.gob.cu), donde ofrecemos cinco servicios en línea».
«A través de ese portal los contribuyentes no solo tienen la posibilidad de efectuar el pago de sus tributos desde la casa, sino que también pueden acceder a la más reciente información sobre los cambios en la legislación, como sucedió a partir del 20 de septiembre de 2021, en que se modificó la forma de pagar los tributos».
En materia de facilitación del pago, el directivo recalcó que se ha dado por el Estado un grupo de acomodos a los trabajadores por cuenta propia, que posibilitan el llamado cumplimiento voluntario y, además de permitir que nuestras leyes «se atemperen más a las legislaciones internacionales, que haya una mayor coherencia en lo que están pagando, de ahí que las cargas tributarias se adecuan a los niveles de ingresos de los contribuyentes. Así, el que más gana, más paga. Ese es un principio de equidad en los que se basa nuestra ley tributaria».
«Durante los más de 20 años que llevamos de trabajo hemos apostado por el cumplimiento voluntario. Los programas de la onat siempre han versado sobre fomentar ese principio. A nosotros no nos interesa multar, no es nuestra prioridad».
Sin embargo, Vilaseca Méndez señaló que hasta la fecha se han identificado 72 543 contribuyentes que no han efectuado el pago de sus tributos en enero, febrero y marzo del presente año.
La ONAT ha requerido a 24 077, de los cuales han efectuado ya el pago 13 551, lo que ha permitido al Presupuesto del Estado rescatar más de 16 millones de pesos. Las provincias con más incumplimientos detectados son Guantánamo, Granma y Sancti Spíritus, en ese orden.
Refirió que, como parte de las acciones de fiscalización de la Oficina, se han identificado 361 cuentapropistas ilegales, quienes están ejecutando una actividad no reconocida por las autoridades.
Por otra parte, una de las acciones más importantes que realiza la ONAT en este periodo es la campaña de declaración jurada, que se desarrolla anualmente de enero a abril, y que en los dos años anteriores se vio afectada por la pandemia.
«Se dieron aplazamientos, se prorrogó el término, la campaña casi terminó en octubre de 2021, dando tiempo a que las personas tuviesen tiempo de recuperarse y presentarse».
Una de las consecuencias fundamentales de ese incumplimiento fue que la campaña anterior se terminó al 93 %, mientras que la de 2022 –que culmina hoy, no llega al 70 %, dijo.
«Todo ello genera un grupo de acciones por la administración tributaria. Las multas que se imponen pueden ser de alrededor de 2 000 pesos por no presentar la declaración jurada, que es un deber formal reconocido en la ley tributaria, y que se ha divulgado por todas las vías posibles.
«Debido a ello hoy tenemos afectados, principalmente, los presupuestos municipales. La Oficina desarrolló este año una labor, de conjunto con el MFP, que consistió en la participación de nuestros funcionarios en las asambleas, donde se aprobó el presupuesto de los municipios. Muchas de esas acciones que se aprobaron pudieran estar afectadas por el incumplimiento de los contribuyentes».
El arreglo del acueducto o la reparación de un policlínico, la construcción de un grupo de viviendas, la pavimentación de una calle, pudiesen formar parte de la lista de obras afectadas, ya que alrededor del 80 % de los recursos empleados en ellas salen de los tributos.
«Es por ello que, como el papel que le corresponde a la ONAT desempeñar es lograr recaudar esos ingresos, lo vamos a hacer. Vamos a llegar hasta el último incumplidor». En función de lo cual ya se han llevado a cabo más de 75 000 acciones en el país, destacó el Vicejefe de esa institución.
LA EVASIÓN FISCAL CONSTITUYE UN DELITO
A partir del momento en el que el contribuyente viola la ley, la administración tributaria comienza a actuar, explicó Sonia Fernández, directora jurídica de la ONAT.
Multas, cierre de establecimientos, retirada de licencias son algunas de las sanciones que pueden ser aplicadas a aquellos incumplidores, luego de que persistan en sus infracciones.
Sin embargo, cuando ya esas acciones son ocultar información, llevar doble contabilidad, no cumplir con registrar ingresos y gastos, dejan de ser una simple infracción y la Oficina pone esas conductas a disposición de las autoridades judiciales del país.
«Negarse a pagar una deuda tributaria demostrada puede llevar a una sanción de hasta ocho años de privación de libertad», alertó.
«La evasión fiscal es un delito muy perseguido no solo en Cuba, porque es una conducta que va en contra de la propia sociedad, atenta contra las arcas del Estado y contra los destinos sociales de esos presupuestos. En ese ámbito participa la Oficina, comprometida seriamente con el enfrentamiento a las ilegalidades, sobre todo, para conducir el proceso de la mejor manera, incluso con los nuevos actores de la economía, y tratar de que comprendan no solo la legislación, sino la necesidad de pagar los impuestos en la medida en que les corresponda».
Precisamente, mediante esas acciones de fiscalización nuestro sistema tributario debe funcionar también como regulador de precios desorbitantes, que existen en algunos negocios por cuenta propia, aun cuando les hayan sido facilitadas las materias primas.
Al respecto, Francisco Cecilia, jefe del Departamento de Fiscalización de la ONAT, precisó que el tributo que debe pagar un contribuyente «está asociado a su nivel de ingresos. Si tienes altos precios, recibes mayor cantidad de ingresos y tiene que haber una correspondencia entonces con lo que aportas al Presupuesto del Estado. Cuando el contribuyente vea que tiene que pagar altos volúmenes por impuestos, bajará los precios. Es la manera en la que pensamos que podemos influir para intentar regular de alguna manera los precios abusivos».
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