La destacada labor de los juristas que, a pesar de las limitaciones de la COVID-19, continuaron el trabajo en el cronograma legislativo y en la prestación de servicios, durante el pasado año, fue reconocida, este viernes, por el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, en el balance anual del Ministerio de Justicia.
Resaltó Marrero Cruz el avance alcanzado en la creación normativa del país y el fortalecimiento del sector como rector de la actividad jurídica. «Ustedes garantizan que en Cuba se respeten las leyes», resaltó.
No obstante, señaló que no siempre se controla la aplicación de estas normativas, por lo cual hizo un llamado a este «ejército de juristas» a que analicen el asunto.
Asimismo, se refirió a los pilares de la gestión del Gobierno y recalcó que «aplicarlos no puede quedarse en el discurso, tiene que verse en resultados; la exigencia tiene que ser diaria en el sector de la justicia».
La máxima dirección del país, aclaró el Jefe de Gobierno, siempre ha defendido el principio de que los juristas participen en todas las etapas del proceso de creación normativa, incluso, luego de que se redacten las leyes. Y, además, se han abierto canales para que el pueblo participe, subrayó.
Insistió en que los juristas tienen que estar conscientes de las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo y de las mentiras y el estado de opinión que quieren posicionar contra Cuba.
El informe central de la reunión anual de trabajo resumió el comportamiento del Minjus en 2021, así como el cumplimiento de sus misiones y funciones específicas que se desarrollaron en un contexto complejo, caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo genocida, el incremento de la subversión política e ideológica y el enfrentamiento a la COVID-19, unido a las exigencias derivadas de la actualización del Modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
A esto se añadió el surgimiento de los nuevos actores económicos, el cumplimiento de los documentos rectores del 8vo. Congreso del Partido, las indicaciones del Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del Primer Ministro, que pusieron a prueba la capacidad de los colectivos.
En el encuentro también se analizaron temas relacionados con la política de cuadros y de recursos humanos de la organización, el trabajo con los jóvenes, la estrategia de información, el impacto en la calidad de los servicios notariales y registrales, así como el ejercicio legislativo, el cumplimiento de su cronograma correspondiente y su actualización para 2022, y otros relacionados con el asesoramiento jurídico y cuestiones penales.
Respecto a los servicios notariales y registrales, el informe destaca que se logró el acceso a la Plataforma Digital de Actores Económicos, implementándose un sistema de trabajo de conjunto con el asesoramiento jurídico para garantizar la constitución y seguimiento a las micro, pequeñas y medias empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias, en el ámbito del Minjus.
Además, se crearon diez nuevas unidades notariales distribuidas en las provincias de Sancti Spíritus, Guantánamo, Pinar del Río, Villa Clara, Matanzas y Holguín, para un total de 270 en el país.
Sobre el cronograma legislativo, se comentó el arduo trabajo realizado con el proyecto de Ley del Código de las Familias y la actividad de los grupos de trabajo encargados de la creación de los nuevos proyectos a cargo del organismo (leyes de Asociaciones, de Contravenciones, de Notarías, de Estado Civil, de los Procesos Administrativos Internos, Hipotecarias, del Estado Civil, así como los Decretos Ley sobre Mediación y Atención a la población).
Durante su intervención, Oscar Silveira Martínez, ministro de Justicia, señaló que, más allá de los logros, persisten deficiencias relacionadas con la gestión integral de la política de cuadros, la falta de sensibilidad e incumplimiento de los términos para la presentación de servicios por parte de algunos notarios, registradores, especialistas y auxiliares, y la insuficiente calidad del asesoramiento jurídico en algunas instituciones y actores económicos.
Reconoció, a su vez, los insatisfactorios resultados en el proceso de inscripción y actualización del patrimonio estatal, en la generación de contenidos técnicos jurídicos de algunos directivos en la Comunicación Institucional, y la falta de exigencia hacia las estructuras del sistema, lo que ha dado lugar a incumplimientos de la disciplina informativa.
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