Victimizar a los victimarios es la estrategia enemiga

La segunda suboficial Yanisel Camacho, de la Unidad Provincial de Patrullas de La Habana, y su compañero, el subteniente Carlos Rafael Mengana García, recibieron un aviso de que algunos de sus compañeros se encontraban en situación de grave peligro. Era el 11 de julio de 2021.

Al llegar al lugar, en el municipio de Diez de Octubre, comprobaron que, en efecto, otros agentes eran acosados y golpeados. Ellos mismos, al bajar de la patrulla, vieron cómo una lluvia de piedras, botellas, palos y otros objetos se les venía encima.

La joven recibió una pedrada. Gracias al apoyo del pueblo pacífico y justo lograron salir del lugar. Ninguno de ellos agredió o disparó a sus atacantes. Sin embargo, de haber seguido en el lugar, tal vez no pudieran hoy ni siquiera contar esta dura historia.

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Lo que se vivió ese día en el hospital de Cárdenas fue un suceso traumático, sin precedentes. El área infantil del mencionado centro hospitalario fue el blanco de quienes, movidos por el odio y el dinero, violaron algo tan sagrado para este país como la seguridad y la protección de los infantes.

Con razón la doctora Yulien Rodríguez Gómez recuerda el suceso como aterrador. Tampoco pueden olvidarlo Líber Brito y Lázaro Herrera Suárez, quienes coincidieron en la sala infantil donde acompañaban a sus hijos. Una pesadilla -dice Líber-, mientras que Lázaro, que salió con otros padres en defensa de los pequeños y del hospital, lo describe como un acto de cobardía.

Los familiares corrieron con sus niños, muchos de los cuales también se vieron afectados por el trauma que provocó la situación, impensable en un país donde la salud es algo sagrado.

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Reynaldo Rosado Roselló y Oscar Delgado Lorenzo, cada uno desde sus respectivos puestos, de acuerdo con las responsabilidades que ocupaban en medio de los días más duros de la pandemia, sufrieron serias agresiones, por defender los bienes materiales del pueblo.

El primero, responsable de la logística de la Universidad de Ciencias Informáticas, que en esa fecha albergaba a pacientes enfermos de la COVID-19, fue apedreado encima de su ojo izquierdo y, aun así, se mantuvo haciendo frente a los delincuentes hasta que sus compañeros lograron trasladarlo al hospital para recibir atención médica.

El segundo, coordinador del Consejo de la Administración del municipio de San Miguel del Padrón, quien trabajaba en el acondicionamiento de círculos infantiles para servir como centros de aislamiento, fue brutalmente golpeado por varias personas a la vez y uno de ellos, incluso, se abalanzó sobre él con un punzón que logró esquivar de milagro.

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Si con los videos que circularon en las redes sociales, donde claramente se veían la destrucción, el saqueo y el comportamiento antisocial, no es suficiente para comprender la verdadera naturaleza de los hechos del 11 de julio, estos testimonios no dejan lugar a dudas.

Ese día primaron la violencia, el desorden y el vandalismo más allá de lo que los enemigos de la Revolución han intentado vender como justos reclamos del pueblo cubano. Quienes ese día salieron a las calles movidos por inquietudes reales, inmediatamente se replegaron cuando se percataron de que aquella turba desenfrenada no tenía reclamo sincero alguno, sino que respondía a intereses externos en absoluto nada beneficiosos para el pueblo cubano y que, por otra parte, pusieron en riesgo la estabilidad de la nación.

Después de aquella jornada, los medios anticubanos, bien instruidos en los mensajes a difundir, han intentado vender la idea de que los procesos penales seguidos contra quienes ese día cometieron actos delictivos de toda clase han sido manipulados por el Gobierno de la Isla. Victimizan a los delincuentes y niegan la transparencia de juicios en los que el material probatorio ha sido irrefutable.

La observancia del debido proceso, así como los derechos y garantías constitucionales de los acusados, han llevado a la aplicación de la ley con justeza, dependiendo de los delitos cometidos.

Ellos no son presos políticos, como se pretende hacer creer, son personas que por libre y espontánea voluntad violaron la ley, cometieron actos que van desde la alteración del orden público y el desacato, hasta la agresión verbal y física, no solo de los agentes del orden, sino de los revolucionarios que valientemente salieron a las calles a defender su paz.

En estos, como en otros procesos seguidos contra personas que, pagadas por el imperio, han querido burlar el orden, nuestros jueces, fiscales, investigadores y abogados han sido éticos y transparentes, porque bajo esos principios se han formado.

Quizá lo más triste y duro del 11 de julio fue que tales hechos se produjeron en un contexto donde la lucha por la vida ocupaba el día a día de la nación y eso es imperdonable e inhumano.

La impunidad, cuando el orden y la tranquilidad ciudadana están de por medio, es algo que no permitiremos nunca, porque en Cuba nadie está por encima de la ley.

Los que vivieron de cerca los sucesos cuentan con tristeza que había muchos jóvenes en la multitud. Sin embargo, también fueron cientos, miles, los jóvenes que tanto ese día, como los que le siguieron, demostraron su apoyo a la Revolución, a la patria de Fidel y Martí, a la institucionalidad de este país.

Legitimar el comportamiento agresivo, el desorden, la violencia que se desató, es una manera de incitarla, de promover que se produzcan otra vez situaciones similares, y esa ha sido la línea seguida por nuestros enemigos.

Aquellos que provocaron tales actos, que incitaron al caos, estaban en muchos casos lejos de Cuba, observando tranquila y fríamente el resultado de sus acciones y, claro, contando los dólares recibidos a cambio. Así funcionan quienes piden un cambio de régimen en nuestro país: el dinero manda, ellos obedecen.

El 11 de julio fue una triste pero contundente prueba de lo que sería el futuro de este país si dejamos perder la soberanía conquistada. La que vimos ese día es la Cuba que quieren nuestros enemigos, pero no estamos dispuestos a permitirlo.

Nosotros decidimos nuestro destino y sí, tenemos que hablar con crudeza, sinceridad y transparencia de los problemas que impiden que sea mejor el presente que vivimos, ese del que depende el futuro. Pero lo haremos a nuestra manera, con creatividad, con profundidad de pensamiento, con paz, con amor y compromiso. Peca de ingenuo quien aún piense que puede ser de otra manera.

PRECISIONES

En Cuba, según lo establecido en la legislación vigente, los juicios se realizan con observancia del debido proceso y con el estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa.

• La Constitución de 2019 refuerza el debido proceso, como voluntad política del Estado.

• En Cuba la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado por parte de los fiscales se realiza con la observancia del debido proceso.

• Los fiscales cubanos en la investigación penal contribuyen a determinar la verdad material y la responsabilidad o no de los imputados y acusados, la aplicación y ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

• Las diligencias bajo el control de la Fiscalía se practicaron por instructores de los Órganos de Investigación Criminal, con amplia participación de los abogados que garantizaron el derecho a la defensa técnica y material.

• Las investigaciones de los procesos competencia de los tribunales municipales populares por delitos sancionables hasta 1 año de privación de libertad o multa hasta 300 cuotas o ambas, se concluyeron dentro de los plazos fijados por la ley.

• Las sanciones interesadas por la Fiscalía están en correspondencia con el daño ocasionado a los bienes jurídicos que protege el Código Penal, la participación de los implicados y trascendencia de los hechos.

• La Fiscalía, respecto a los hechos graves y de mayor connotación, concluyó y presentó a los tribunales la totalidad de los procesos tramitados mediante expedientes de fase preparatoria.

• A partir de los resultados de las investigaciones y los elementos manifestados por las personas, se han adoptado decisiones en correspondencia con lo establecido legalmente: puesta en libertad de personas, modificación de medidas cautelares, inclusión de sus argumentos para valorarlos en los procesos penales y orientación jurídica.

• A los actos judiciales pudieron asistir familiares y amigos de los implicados, y presenciar el desarrollo de las audiencias.

• Los tribunales, en su actuación, respetan las garantías para el ejercicio del derecho a la defensa de las personas acusadas de cometer presuntos hechos delictivos.

• En Cuba, los jueces y los tribunales actúan con legitimidad y transparencia.