Divorciar el trámite de la burocracia

Villa Clara.–Roberto Bermúdez debió esperar casi dos años para poder realizar algunos arreglos en su hogar. Entre papeles, trámites burocráticos, y la inoperancia de no pocos funcionarios del sistema de la Vivienda y del otrora Instituto de Planificación Física transitó su aspiración de ampliarse para dar cabida a nuevos miembros de la familia y, de paso, ejecutar otras transformaciones.

«Unas veces me decían que la propiedad tenía tal o más cual defecto, otras que debía subsanar un error o que las medidas y linderos no se correspondían con lo que decía el documento. Iba a un lugar y me indicaban, “debes ver a un abogado o a un arquitecto”. Luego, este me mandaba a un sitio diferente; para qué decir, era el cuento de nunca acabar. Ah, y en todas partes agradeciendo supuestos favores», recuerda Bermúdez.

Ante tal situación, que no fue privativa de esa familia santaclareña, y que afectó durante muchos años a la población de este y otros territorios, se hizo evidente que debía ponerse ciencia y pensamiento a un asunto que tantas molestias causaba a quienes necesitaban emprender una obra.

La arquitecta María del Carmen Cepero Nodarse, jefa de departamento en la Dirección Municipal de Planificación Física de Santa Clara, recuerda que las muchas quejas generadas por la engorrosa situación de los trámites se producían algunas veces por razones objetivas y, la mayoría, por cuestiones organizativas.

«Fue a raíz de una visita gubernamental al territorio cuando se insistió en pensar cómo podíamos resolver ese asunto que tanto irritaba a la población; ante ese reclamo, nos acercamos a los compañeros que dirigen el Proyecto Hábitat, en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas; la Facultad de Matemática, de esa propia casa de estudios, y la empresa Xetid. Emprendimos la informatización de todos los procesos», recuerda María del Carmen Cepero.

«El objetivo no era otro que facilitarles la vida a las personas y hacer menos embarazosos los distintos procederes que tienen que ver con el ordenamiento urbanístico y territorial», señala la directiva, quien reconoce que no resultó una tarea fácil, porque hubo que capacitar, montar en las máquinas los diferentes sistemas e, incluso, romper muchas barreras mentales y resistencias al cambio.

«Lo primero que se hizo fue trabajar con los dictámenes técnicos, que era de los trámites más fáciles de digitalizar. Luego, a mediados de 2020, se avanzó en el resto, dígase regulaciones, licencias y los habitables, explica la funcionaria.

«Antes, las personas tenían que hacerlo todo de manera presencial, en cambio, ahora pueden sacar su turno vía online y, una vez digitalizados sus documentos, es el técnico quien se encarga de realizar el proceso, desde el terreno, valiéndose de una tablet o de un celular, que contiene toda la referencia de la vivienda a visitar», expone.

Otra facilidad de la informatización es que el cliente puede, desde una apk, darle seguimiento al estado de su proceso, sin tener que ir hasta la Dirección de Planificación Física; además de favorecer el trabajo de los técnicos, quienes desde la comunidad o desde su propia casa pueden laborar en la solución de los distintos casos, afirmó la arquitecta.

Como parte del perfeccionamiento del proceso, en Santa Clara y los otros siete municipios de la provincia que ya tienen informatizado su sistema, se piensa en establecer técnicos que, a nivel de consejo popular, puedan atender a las personas, en especial a las más desvalidas, para que no tengan que acudir a las cabeceras municipales.

MÁS QUE UN CAMBIO DE NOMBRE

Villa Clara, como el resto de las provincias del país, se encuentra inmersa en el proceso de implementación del Decreto-Ley No. 42 que dispuso la extinción del Instituto de Planificación Física y la creación del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo como Organismo de la Administración Central del Estado.

Osvaldo Fariñas, su delegado en el territorio, está consciente de que ese no es ningún acto formal, sino un instrumento para mejorar el trabajo de planificación y control de la política trazada por la dirección del país en esta esfera, lo cual responde al perfeccionamiento del modelo económico y social.

«Está claro que debía definirse cómo serían las relaciones de trabajo entre el organismo y los gobiernos de los territorios, las que muchas veces estaban mezcladas o se confundían en sus roles, y ello trajo no pocos problemas», reconoce Fariñas, un cuadro de mucha experiencia en este asunto.

En el caso de Villa Clara, llega a este momento en medio de un contexto favorable, toda vez que en el mes de septiembre del año en curso fue aprobado por el Consejo de Ministros el esquema provincial de ordenamiento territorial y urbano, proceso que con anterioridad había beneficiado a los municipios de Santa Clara y Caibarién.

Contar con ese plan, que para nada es algo rígido, nos permite disponer de las líneas de desarrollo hasta 2030, refiere el directivo, quien añade que ahora laboran en concretar la respuesta de cada organismo a las directrices trazadas, en lo cual se ha avanzado de manera considerable.

«Creo que donde más debe trabajarse es en el tema de la vivienda, asunto en el que por años hubo muchas decisiones incorrectas por parte de los gobiernos a la hora de establecer las áreas donde se construiría o las condiciones de urbanización, lo cual conllevó al surgimiento de barrios precarios e ilegalidades», refiere Fariñas.

Por situaciones como la descrita por el Delegado del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Villa Clara, hoy están registradas cerca de 2 300 viviendas ubicadas en barrios ilegales, a las cuales trata de buscárseles la mejor solución posible.

Sobre el asunto, el ingeniero Javier Gómez, subdirector del organismo en Villa Clara, calificó de muy importante la labor que viene desempeñando el ente recién creado en la transformación de 26 comunidades del territorio, en las cuales se labora para cambiar su realidad, tras varios años de quietud.

«Hemos hecho valer nuestro papel en todas las decisiones que se han tomado en el Condado y otros lugares de la provincia, para que no vuelvan a ocurrir situaciones desagradables que llevaron a la ocurrencia de muchísimas transgresiones a lo establecido», aseguró el directivo.

Otra prioridad del Instituto en Villa Clara es priorizar la simplificación de los trámites a la población, en lo cual la provincia marca pautas en el país, junto a Las Tunas, mediante el proceso de informatización de su actividad.

Al respecto, Carlos Rafael Rodríguez, subdirector de Inversiones y Trámites de la entidad, precisa que, pese a las muchas insatisfacciones que aún tienen, ya se van observando avances, en especial en los ocho municipios que ya están informatizados, algo que la población agradece.

«Nuestro propósito es que pueda realizarse la mayor cantidad de procesos posibles, aprovechando las ventajas de la informatización, en el lugar de origen de las personas, ya sea a nivel de consejos populares o en las propias comunidades, en asuntos como la actualización de los títulos de propiedad y de otros procederes», precisó Rodríguez.

Aún quedan muchas reservas por explotar, sobre todo desde el punto de vista organizativo y en la capacitación de las personas encargadas de implementar los cambios, señala Antonio Medina Romero, subdirector del Área Legal y de Control Interno, quien menciona la preparación de los inversionistas y la asignación de terrenos como algunos de los asuntos prioritarios.