ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Con la participación de forma virtual de los diputados de las provincias occidentales, concluyó este viernes el proceso de análisis de los cuatro anteproyectos de leyes que serán sometidos a consideración del Parlamento cubano en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.

Durante la presentación de los proyectos, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), expresó que todos tuvieron en cuenta los derechos y garantías de las personas estipulados en la Carta Magna, en especial, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como la reparación o indemnización por daños o perjuicios causados indebidamente por directivos, funcionarios o empleados del Estado.

Uno de los aspectos más importantes, precisó Remigio Ferro a la prensa, es que estas normas dan tratamiento a los asuntos que llegan a los tribunales y la posibilidad de las personas que puedan, como garantía del ejercicio de los derechos, plantear reclamaciones a estas instancias como órganos imparciales, independientes, en la aplicación y reconocimiento del derecho.

Por otra parte, marcan las pautas con las que deben trabajar, organizarse y funcionar las instituciones judiciales del país, afirmó.

En el análisis, las intervenciones de los diputados de las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud propusieron una revisión de estilo de los anteproyectos, así como de una reformulación de contenido en aras de lograr una mayor comprensión por la población.

Desde la región central, en el debate sobre estos temas y dentro de las principales observaciones realizadas, la diputada Yolanda Gómez, del municipio de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, solicitó que se analizara la posibilidad de ampliar a 20 días la convocatoria para realizar la audiencia preliminar, pues en la actual propuesta del Código de Procesos, el término es de diez días.

A su vez, Ania María Aparicio, diputada por Villa Clara, comentó que el anteproyecto de Ley del Proceso Penal ofrece nuevas posibilidades que enriquecen tal proceso, tanto en derechos y garantías, como en la protección a la víctima.

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