Descargue en PDF los cuatro anteproyectos de leyes presentados por el Tribunal Supremo al Parlamento cubano

A través de su sitio oficial en Internet, la Asamblea Nacional del Poder Popular puso a disposición de la población el contenido de nuevos anteproyectos de leyes que fueron presentados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular al Parlamento cubano, en uso de la iniciativa legislativa y en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República de Cuba.

Se trata, esta vez, de los anteproyectos de leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, del Código de Procesos y del Proceso Penal, los cuales serán presentados en los próximos días al análisis de los diputados y, a partir de las opiniones que se emitan, la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos realizará las correcciones pertinentes, de conjunto con los ponentes de estas normas, las que serán sometidas a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Una vez aprobada, la Ley de los Tribunales de Justicia regularía, entre otros postulados, los principales objetivos de la actividad judicial, la organización de los tribunales, la jurisdicción y extensión de su competencia, la forma en que se constituyen los actos de impartir justicia, la participación de los jueces legos, los requisitos que deben reunir los magistrados del Tribunal Supremo Popular y demás jueces, la forma de elección de estos, y las causas y procedimientos para la revocación o cese en el ejercicio de sus funciones.

Ante la necesidad de perfeccionar el sistema de justica en todos sus ámbitos y el imperativo de fortalecer la administración pública, la Ley del Proceso Administrativo regularía todo lo concerniente al conocimiento por los tribunales de las pretensiones en relación con los actos administrativos, las disposiciones reglamentarias, las actuaciones materiales y las omisiones de la administración pública y de otras entidades y personas en ejercicio de la función administrativa.

En el caso de la Ley del Código de Procesos, esta uniformaría los procedimientos para la tramitación y solución de los asuntos de las materias civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social, y definiría el papel de los tribunales de justicia como garantes de los derechos e intereses legítimos de las personas, mediante el despliegue de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, instituciones que requieren de un desarrollo procesal.

Finalmente, en la Ley del Proceso Penal se introducen y sistematizan los principios y garantías del debido proceso penal, así como los derechos y deberes de los que participan en él, refrendados en la Constitución de la República de Cuba y en correspondencia con los compromisos internacionales asumidos por el país en esta materia.