Generalizar prácticas que garanticen la seguridad y salud en los entornos laborales, ha sido un mayor imperativo a raíz del complejo contexto que vive el país, debido a la COVID-19, con el fin de mantener también el funcionamiento orgánico de la nación.
Durante más de un año, con el apoyo y asesoramiento del Ministerio de Salud Pública, las administraciones y los dirigentes sindicales, en cada una de las entidades se han implementado medidas que permiten disminuir el riesgo de contagio y, a la vez, proteger a los más vulnerables de los colectivos.
Teletrabajo y trabajo a distancia han sido alternativas dispuestas para garantizar el aporte de quienes, por razones puntuales de salud, edad, o familiares, no pueden asistir sistemáticamente a sus puestos de trabajo, pues califican entre los grupos de mayor riesgo identificados por las autoridades de salud.
Las pesquisas constantes a los trabajadores, la toma de temperatura a la entrada de los centros, el impedimento de asistir para aquellos que presenten algún síntoma respiratorio, el aislamiento de quienes hayan sido contactos de casos positivos, y la colocación de pediluvios u otras barreras sanitarias que implican el lavado de las manos con soluciones alcohólicas o cloradas, así como el uso del nasobuco, se cuentan entre las medidas de obligatorio cumplimiento.
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