En el «horno», la calidad de los alimentos

¡Al fin!, exclamó la mayoría de las personas cuando este diario les habló de la existencia de un nuevo «procedimiento para la tramitación, información y análisis relacionados con el deterioro de la calidad de los alimentos», un tema recurrente por estos días de subida de precios, que obligan a ser más exactos en los cálculos que Pitágoras, Descartes o Newton.
La población ve con buenos ojos cuánto se hace en aras de salvar al consumidor de las violaciones sanitarias con las que no pocos «pillos» amenazan la vida ajena, sin el más mínimo pudor. Pero, tanto «los dolientes» como las instituciones del Comercio, la Gastronomía y los Servicios no tienen bien enfocado el colimador para dar en la diana respecto a la recién aparecida Resolución 165 del Ministerio del Comercio Interior (Mincin).
Dicha normativa guarda estrecha relación con el Decreto-Ley No. 9 de 2020, el cual establece regulaciones y principios en función de garantizar alimentos inocuos y nutritivos, así como exigir la responsabilidad de todos los actores que participan en ese proceso.
Tal vez por lo novedoso de la Resolución, o porque todavía el sector gastronómico no se atempera a los cambios imprescindibles, no puede decirse que en las provincias de Ciego de Ávila y Granma se conozca al dedillo este procedimiento, publicado hace solo unas jornadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 3.
Así, poco a poco, la «temperatura» sobre la calidad e inocuidad de los alimentos comienza a elevarse y la exigencia también, aunque ambos merecen un enfrentamiento más enérgico y sin extremismos, tanto en el sector estatal como en el no estatal.
Y si bien sobre esta añeja cuestión se ha escrito y hablado hasta el cansancio, es una fortaleza disponer ahora de nuevas acciones que velen por el adecuado almacenamiento y correcta producción, transportación y comercialización de los productos alimenticios.
Se trata de un compromiso que atañe a las personas naturales y jurídicas del Sistema del Comercio Interior, desde los establecimientos y unidades empresariales de base (UEB) subordinadas a las empresas, hasta el nivel nacional.    

VIOLACIONES ¿A LA CARTA?
El disgusto en el rostro o los justos reclamos con los que muchos hemos terminado comprando, en más de una ocasión, un alimento que a todas luces padece de anemia en su gramaje y calidad es un asunto que detrás del mostrador tiene peores agravantes.
Una mirada rápida a los números que arrojaron las inspecciones sanitarias realizadas por los centros de Higiene, Epidemiología y Microbiología en las provincias de Ciego de Ávila y Granma, el pasado año 2020, basta para confirmar cuánta desidia e irrespeto al consumidor pululan aún en la gastronomía estatal y particular.
Más de 2 155 establecimientos con paralizaciones sanitarias por no contar con las condiciones higiénicas indispensables y cerca de 8 000 multas por violaciones a la inocuidad de los alimentos, fue el saldo, entre ambos territorios, de los controles efectuados en bodegas, panaderías, almacenes, entidades de la red popular de Gastronomía y unidades del Sistema de Atención a la Familia.
«Es verdad que en muchas unidades existen dificultades con los sistemas de refrigeración y con las condiciones constructivas o de almacenamiento, pero nada justifica que no se cumplan las medidas higiénico-sanitarias. Es falta de responsabilidad y de gestión de los administradores no buscar alternativas para separar los alimentos o conservarlos», apunta Daniel Pérez Martínez, jefe de grupo en la Dirección Provincial de Inspección en Granma.
A este panorama se añade que las multas asociadas al Decreto 272, el cual vela por la inocuidad de los alimentos, no rebasaron, en muchos casos, los 150 pesos; una tarifa demasiado benévola para los daños que pueden comprometer la salud de múltiples personas, por «engordar» sus bolsillos o por pura dejadez.
«Era necesario que llegara un documento oficial como la Resolución 165 del Mincin para exigir por el cumplimiento estricto de la inocuidad y calidad de los alimentos; y que ocurra, además, en medio de la lucha contra la pandemia de la COVID-19 ha sido de mayor impacto», destaca Verena Samaniego González, máxima autoridad de la Dirección Estatal de Comercio en Granma.
Directivos homólogos de este cuerpo de inspección en Ciego de Ávila aseguran que el nuevo procedimiento viene al rescate del rigor en toda la cadena productiva, tanto de la red mayorista como de la minorista del Comercio Interior.
«En ese sentido, el consumidor sigue siendo nuestro principal aliado para detectar violaciones. Quien compra tiene que exigir por la calidad, pues sucede con frecuencia que pasa el inspector y todo está bien “aparentemente” y cuando se va del lugar vuelven el desorden y el mal trabajo», señala el doctor Omar Robles Velázquez, especialista en Inocuidad de los Alimentos y Nutrición.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
El Benny Moré disfrutaría hoy, con sana vehemencia, de los servicios de La Confronta, donde frecuentaba en sus noches bohemias, guitarra en mano, y el viejo Anacleto Martínez, dueño del entonces quiosco-café-fonda, le regalaba la comida cuando venía a Ciego de Ávila, allá por los años 30.
Ayer fue La Confronta, de Anacleto; hoy, la de Aníbal (Aníbal Oliva Escalona), quien pasó de administrador a director de la unidad, convertida en ueb, como parte de la Tarea Ordenamiento, necesaria, por demás, en el sector del Comercio y la Gastronomía.
Un breve intercambio con trabajadores y directivos permitió conocer que allí se aplica la Resolución 165. «Jamás, afirma Aníbal Oliva, nos han puesto una multa o requerido por tener alimentos en mal estado en el almacén ni en los calderos. A la población se respeta. No puedo cambiar ingresos para la unidad a costa de un mal servicio. Mercancía vende cualquiera, pero un buen servicio no».
«Nosotros vemos la Resolución como algo muy normal y necesario para estos tiempos», explica el directivo, convencido de que el reordenamiento llegó para bien del sector.
Y aunque no abundan en la cuantía que merece la población, este ejemplo –que de hecho no es el único– indica la ruta del buen hacer, amén de las limitaciones.
La urgida necesidad de poner freno legal y jurídico a la llevada y traída calidad de los alimentos encuentra respuesta con la Resolución 165, junto a otros decretos respecto a este tema.
Estas realidades, que no son exclusivas de los territorios avileño y granmense, ameritan, además, de un combate estatal y social sin tregua que les siga cerrando el cerco a los oportunistas a costa de la calidad y cantidad de los alimentos.