Acometida popular contra especuladores en Camagüey

Año de no pocas tensiones, provocadas por la pandemia de la COVID-19 y un bloqueo económico agudizado a límites inéditos, 2020 cerró también en Camagüey con realizaciones personales y colectivas que prefirieron el optimismo al desánimo, el buen hacer a la desidia.

Entre tanto esfuerzo y proezas cotidianas de la mayoría del pueblo trabajador, otros optaron por medrar a costa de sus necesidades, asidos de cualquier artimaña especulativa para llenarse los bolsillos a golpe de precios astronómicos.

De ponerle freno a tiempo a esa carrera desmedida en pos de billetes fáciles, se encargan por estos días las autoridades locales, de conjunto con los cuerpos de inspección, las fuerzas del orden público y la imprescindible y decisiva participación popular.

Julio Téllez Aballí, de la Dirección Integral de Supervisión, informó que, desde el 8 de diciembre pasado hasta la fecha, en la provincia se realizaron 2 323 verificaciones, en las cuales se detectaron 1 212 centros violadores, tanto estatales como privados.

A las más de 1 200 multas impuestas, se sumaron otras acciones ejemplarizantes que incluyeron el decomiso de los productos, la suspensión de las licencias para el trabajo por cuenta propia o la realización de denuncias ante los órganos competentes.

Ariel Santana Santiesteban, primer secretario del Comité Provincial del Partido, ha insistido en que, más que una campaña de ocasión, el enfrentamiento debe ser permanente, y constituirse en asunto de máxima prioridad para los gobiernos municipales.

Con ese propósito fueron formadas en la provincia 44 brigadas populares, más varios equipos multidisciplinarios que salen a diario a las calles a encarar a quienes, con su negativa actitud, pretenden burlarse del pueblo y de sus autoridades.

«Sin embargo, comenta el supervisor Carlos Sánchez Ferrá, la eficacia de nuestra labor sería mucho mayor si se contara con la denuncia oportuna de las personas cuando detecten una violación, para poder actuar de inmediato y adoptar las medidas pertinentes».

Aunque es largo el trecho por recorrer, en las redes del control popular han caído revendedores, carretilleros, panaderías, cafeterías, puntos de venta y algunas entidades que pretenden esconder las ineficiencias con la subida artificial de los precios de venta de sus productos y servicios.