Enrumbar el camino hacia la competitividad

El Decreto-Ley No. 8 de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación, aprobado el 16 de abril de 2020, y su reglamento contenido en el Decreto 16 con el mismo nombre, del pasado 31 de agosto, marcan las pautas para el desarrollo pleno de estas actividades que, si bien hasta ahora han transitado por una infraestructura funcional, todavía no se potencian con la institucionalidad y formalidad que ameritan.

René Fernández Infante, director de normalización de la Oficina Nacional de Normalización, explica a Granma que esta nueva disposición jurídica responde al lineamiento 109 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 2016-2021, el cual exige potenciar la infraestructura nacional de calidad.

Indica que una de sus ventajas es su transversalidad, así como el hecho de que se aplica a las personas naturales y jurídicas en las distintas esferas de la economía y la sociedad.

NORMALIZACIÓN, CALIDAD Y ACREDITACIÓN

Desempeña un papel determinante en este esfuerzo lo que se denomina Inspección Estatal de Calidad que, aunque no es la única variable de la ecuación, constituye un elemento esencial para alcanzar estos objetivos y los resultados que a largo plazo de ellos deriva.

Además de exigir a los implicados a cooperar con la inspección, el reglamento de este documento legal detalla los objetivos que persigue ese proceso de evaluación y examen, dirigido tanto a contribuir con la protección del consumidor en el sector estatal y no estatal, como a cooperar con la estabilidad y mejoramiento de los servicios y productos inspeccionados.

«También hace otro llamado, y de hecho lo regula, al necesario encadenamiento entre los diferentes actores económicos, ya sea para la actividad de la exportación, como la propia producción nacional», apunta Denis Pedro Figueredo, asesor jurídico de la Oficina Nacional de Normalización.

Quiere decir esto que necesita ser eficiente y cumplir con todos los requisitos establecidos tanto el que elabora el producto, como quien lo traslada o lo conserva, por ejemplo, con el objetivo de agregar valor. Las importaciones y exportaciones son otros de los temas que prioriza este Decreto-Ley, y donde estos asuntos son bien detallados.

Los requerimientos para elegir proveedores, cumplir con lo instituido en la adquisición de equipos y maquinarias, velar porque las entidades evaluadoras y laboratorios de ensayo estén acreditados, o cumplir con lo regulado para el proceso inversionista y sus normativas complementarias, son solo algunas de las condiciones que esta disposición jurídica establece para las entidades, de acuerdo con sus funciones exportadoras, importadoras o inversionistas.

Al respecto, Fernández Infante enfatiza que esta nueva normativa aborda dos enfoques imprescindibles, uno es el de cadena de valor, que es propia de cada producto. «Cada una de las etapas de elaboración del azúcar crudo, la miel de abejas, o del camarón de cultivo, les añaden valor a estos productos, por lo que ninguna debe fallar», ejemplifica, pues la calidad se construye a través de esa cadena y no de uno de sus actores.

El segundo enfoque se denomina gestión de riesgo, un concepto novedoso para Cuba que se trata de prever el problema con el producto o con el servicio desde el inicio, en lugar de esperar a que ocurra para corregirlo.

Otras cuestiones vitales para la exigencia de la calidad y su eficiente validación tienen que ver con la certificación y acreditación de las entidades. La primera mide conformidad, correspondencia con un documento que establece requisitos, como es el caso de las normas técnicas. Mientras, la segunda mide competencia, pues para certificar un producto, una entidad, un proceso, un servicio o una persona; la institución evaluadora o un laboratorio, por ejemplo, debe estar acreditado para esa función.

Este Decreto-Ley es explícito sobre la importancia de ambas actividades y establece los requisitos para las entidades que ejerzan una u otra función, ya sean cubanas o extranjeras.

LA METROLOGÍA: UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE

Exigir calidad en todo lo que consumimos, e incluso, alcanzarla en lo que nos toca hacer, es una necesidad indispensable, en la que impacta igualmente la metrología o la ciencia de las medidas, de la que dependen todos los ámbitos económicos, productivos, e incluso, sociales de un país. Es por ello que esta determinación legal también aborda este aspecto.

Según se expresa en este Decreto-Ley, los productores de bienes y servicios son responsables de garantizar el aseguramiento metrológico y su financiamiento, en sus actividades, a través de los programas que para ello deben ser implementados.

Fernando Arruza Rodríguez, director de Metrología de la Oficina Nacional de Normalización, subraya que se establecen cuestiones importantes al respecto, porque «es necesaria la medición correcta en cada producto que se fabrique. Si la dosificación de la materia prima no es correcta, el resultado no puede ser el esperado».

Sucede por ejemplo con el azúcar, ilustra el especialista, pues tiene un grupo de parámetros que son medibles y, de no cumplirlos, se echan por tierra las cualidades del producto, que además debe corresponder con estándares internacionales específicos por los que se evalúa su calidad.

«Por esa razón, también es importante que los instrumentos con que se miden los insumos de cualquier producción o actividad, estén calibrados o verificados. Estos son procesos muy parecidos, pero la diferencia está en el resultado que arroja cada uno.

«En la verificación se emite un documento que avala que el instrumento está apto o no para su uso y en el caso de la calibración se emite el resultado de las comparaciones que se hacen con respecto a patrones, y es decisión del dueño si lo emplea o no», acota.

Arruza Rodríguez  señala que actualmente se desarrolla un programa para mejorar el pesaje en el país, en el cual participan activamente, entre otros, los ministerios de Industrias, el de Comercio Interior y la propia Oficina Nacional de Normalización.

De igual forma, a partir de estas normativas se protegen los derechos del consumidor y la competitividad de las entidades, en cualquiera de sus formas de propiedad, para el comercio dentro de nuestras fronteras y hacia el exterior.