Informatizar(nos)…, desde la sostenibilidad y la soberanía tecnológica (parte I)

Cuando más de 3,7 millones de usuarios en Cuba acceden a internet por medio de la red móvil y se contabilizan, además, casi 1 600 áreas wifi y 1,7 millones de cuentas permanentes Nauta, las propias cifras hablan de mejores posibilidades de conectividad y una mayor presencia de los cubanos en esa rutina de likes, redes sociales y plataformas web, lo que responde, a su vez, a una estrategia de país mucho más integradora.

Y es que internet, sin demeritar su lado de ocio, se afianza como un medio para contribuir a la educación, y al crecimiento personal y profesional, así como para elevar la calidad de vida de las personas.

De ahí que la política de informatización de la sociedad cubana persigue, dentro de sus objetivos, crear las infraestructuras que permitan el despliegue de esta tecnología a lo largo y ancho del territorio nacional. No obstante, informatizar(nos) no es solo tener internet al alcance de un clic, es también implementar las bases –desde lo legal– para asegurar la sostenibilidad y soberanía tecnológica, y con ello, el desarrollo de contenidos y servicios digitales.

Sobre este particular y otras cuestiones relacionadas con el compendio normativo que sustentan el derecho al acceso y participación de las personas naturales y jurídicas a la informatización, Granma conversó en exclusiva con Ernesto Rodríguez Hernández, vicetitular del Ministerio de Comunicaciones (Mincom).

–¿Qué bases legales tiene la informatización de la sociedad cubana? ¿Cuáles son los proyectos claves que conducen tal proceso?

–La informatización de nuestra sociedad responde a una estrategia de gobierno, aprobada en febrero de 2017, denominada Política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba, que tiene como base el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el despliegue de contenidos y prestaciones digitales.

«Entre los principios rectores y ejes estratégicos de esta política se encuentran la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de visión de la nación, ejes y sectores económicos estratégicos, además del Lineamiento 108 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y el objetivo 52 de la I Conferencia del Partido Comunista de Cuba.

«Este último, en particular, es muy explícito al plantear la necesidad de: Aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como herramientas para el desarrollo del conocimiento, la economía y la actividad política e ideológica; exponer la imagen de Cuba y su verdad, así como combatir las acciones de subversión contra nuestro país.

«Para la elaboración del compendio normativo de la Informatización de la Sociedad, fueron consultadas las legislaciones de un grupo de países, incluidos algunos de la región como Uruguay, Argentina, Ecuador y Chile, los cuales poseen normas jurídicas que regulan los servicios de las TIC, creando un ordenamiento regulatorio, que ha contribuido al desarrollo económico y social de cada nación.

«El marco normativo de Cuba incluye el Decreto-Ley 370/2018 sobre la Informatización de la Sociedad, los decretos 359 y 360 de 2019, que abordan el Desarrollo de la Industria Cubana de Programas y Aplicaciones Informáticas, y la Defensa del Ciberespacio nacional, respectivamente, así como el acuerdo 8611/2019 del Consejo de Ministros sobre las estrategias de desarrollo de la infraestructura de banda ancha en el territorio nacional.

«A la par, existe un grupo de resoluciones ministeriales que establecen elementos complementarios como reglamentos de seguridad de las TIC, de las medidas de control, de producción de aplicaciones informáticas y su evaluación, de proveedor de servicios de alojamiento y hospedaje en el entorno de internet, metodologías para la gestión de la seguridad informática y sistemas de inscripción de aplicaciones informáticas, entre otros.

«Como puedes apreciar, hay un respaldo legal que ordena el derecho al acceso y participación de las personas naturales y jurídicas en la informatización de la sociedad, en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República, las restantes disposiciones legales relacionadas con el tema, y los tratados y demás instrumentos jurídicos internacionales en esta materia, de los cuales, Cuba es Estado parte.

«El contenido de esta legislación se basa en los principios de la actuación de la administración pública en la regulación, el desarrollo, el control y la fiscalización de las TIC, incluyendo la participación de las personas jurídicas y naturales en este sector.

«Este proceso implementa un Programa Nacional de Informatización con 22 proyectos, que involucra a 18 organismos y tres entidades nacionales, cuyas líneas estratégicas son la creación de infraestructura tecnológica y el desarrollo de los contenidos y los servicios digitales. Este programa incluye el gobierno y el comercio electrónicos, la ciberseguridad, la informatización de los registros públicos, la prestación de servicios y trámites en línea, el desarrollo de pasarelas de pago nacionales y el uso de las TIC para incrementar los rendimientos en la agricultura, entre otros proyectos.

«También se ejecutan los planes sectoriales y territoriales de adopción y uso de las TIC con alcance hasta 2021, que constituyen la guía del proceso de informatización en las entidades estatales y en las provincias del país y contienen los principales proyectos que concibe el desarrollo informático en su entorno».

–¿De qué forma este compendio normativo favorece y asegura la sostenibilidad y soberanía tecnológica en función, precisamente, de la informatización?

–Es bueno precisar que la sostenibilidad y la soberanía tecnológica en función de la informatización se respalda desde el propio texto constitucional, aprobado por la inmensa mayoría de los cubanos en 2019, y me refiero específicamente al artículo 16, incisos i) y m), en los cuales se patentiza el rechazo a la violación del derecho irrenunciable y soberano de los Estados a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio.

«Además, se ratifica el compromiso de construir una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible, se defiende la cooperación entre los Estados, la democratización del ciberespacio y se condena su uso y el del espectro radioeléctrico con fines contrarios a lo anterior, incluidas la subversión y la desestabilización de naciones soberanas.

«Este compendio normativo, en específico, reconoce que el Estado cubano promueve el desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el objetivo de que constituyan una fuerza política, científica y económica, que contribuya y propicie la integración y conducción de los procesos asociados a la informatización de la sociedad.

«En tal sentido, involucra a todas las estructuras del gobierno, fija responsabilidades según su misión y funciones específicas, además de reconocer la participación de las formas asociativas sin fines de lucro, las organizaciones políticas, sociales y de masas. Asimismo, promueve el acceso y el uso responsable de las TIC por los ciudadanos y ratifica la defensa de la seguridad nacional frente a las amenazas, los ataques y riesgos de todo tipo.

«Adicionalmente, estas disposiciones legales manifiestan la necesidad de preservar y desarrollar los recursos humanos asociados a la actividad e incentivan la investigación, el desarrollo y la innovación como elementos claves  la producción y comercialización nacional de equipos, programas y aplicaciones informáticas, contenidos y servicios asociados a las TIC, como los Parques Científicos Tecnológicos.

«La producción de contenidos y servicios nacionales, la necesidad de socializarlos y, con ello, fortalecer la identidad, el respeto y el conocimiento de la cultura y la historia nacional, así como preservar los valores de la sociedad cubana, también forman parte de esa estrategia.

«Es por ello que las normativas aprobadas promueven la utilización de programas informáticos, que utilicen plataformas de código abierto, preferentemente de desarrollo nacional, y reconocen la validez de los documentos digitales firmados electrónicamente con el empleo de certificados digitales nacionales.

«Disponer en el país de aplicaciones informáticas nacionales como Transfermóvil, EnZona, DóndeHay, Tuenvío, D’Ritmo, HabanaTrans, apklis, Picta, toDus y muchas otras más, ilustran la capacidad y la fortaleza de los recursos humanos formados por la Revolución, para respaldar la sostenibilidad y la soberanía del proceso de informatización, favoreciendo la preservación de la cultura y los valores de la nación».