No son tiempos de llegar y plantar, aunque persisten las ilegalidades urbanísticas

Villa Clara.–Todavía se recuerda aquella inmensa cantidad de casas edificadas en la playa La Panchita, municipio de Corralillo, a base de raíles de línea adquiridos de las más disímiles maneras, casi siempre ilegales, de lo cual solo queda el recuerdo, gracias al accionar de las instituciones encargadas de imponer el orden y la legalidad.

Por suerte, ya no son tiempos en que cualquiera llegaba y plantaba una casa o fomentaba un negocio en la duna de una playa, fabricaba un cuarto en el lugar más inapropiado o hacía modificaciones a su vivienda sin autorización alguna. Ahora, aunque falta un mundo por hacer en materia de ordenamiento territorial y urbanístico, existe una tendencia al respeto de lo establecido, lo cual no quiere decir que esta sea una batalla ganada.

Un vistazo al tema en Villa Clara demuestra cuánto se ha avanzado en los últimos años, y también cuánto camino falta por recorrer para tener pueblos y comunidades ordenadas, como imponen la civilidad y las normas más elementales del respeto y la urbanización.

Osvaldo Fariñas Riera, director de Planificación Física (IPF) en el territorio, reconoce que el enfrentamiento a las ilegalidades del Ordenamiento Territorial y Urbanístico sigue siendo una deuda para los villaclareños, a pesar de lo mucho que se ha hecho en los últimos tiempos, por lo cual no puede haber tranquilidad.

«Cada año erradicamos una cifra significativa de ilegalidades, sin embargo, aparecen otras nuevas, lo cual denota falta de cultura urbanística en la población e irrespeto a lo establecido», señala el directivo, quien aclara que mientras eso suceda no puede bajarse la guardia por parte del organismo que dirige.

En ese sentido menciona la existencia de 29 barrios y focos ilegales, la mayor parte de ellos en Santa Clara, que surgieron y crecieron producto de la persistencia de conceptos paternalistas y tolerantes, así como la limitada participación de las organizaciones de masas en el enfrentamiento de esas transgresiones.

«Igualmente, en muchos lugares predomina la falta de exigencia, control y seguimiento por parte del Grupo de Enfrentamiento de los gobiernos municipales a los inspectores, lo que crea impunidad y propicia que no siempre se avance con la celeridad que el país requiere», explica Osvaldo Fariñas.

Entre las ilegalidades más representativas y frecuentes en Villa Clara, el directivo del ipf en el territorio mencionó las violaciones de regulaciones urbanísticas y de proyectos; las construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin las normas establecidas; así como los cambios estructurales de locales, las construcciones de inmuebles sin la documentación necesaria y las ampliaciones en áreas de uso común de edificios multifamiliares.

Al respecto, Aldo Cordero Herrera, jefe del Departamento de Control, explica que en los primeros cuatro meses del año se detectaron unas 200 ilegalidades menos en comparación con igual periodo del pasado año, lo cual es un síntoma de que de manera paulatina las personas, como se dice en buen cubano, «van entrando por el aro».

Asimismo, resultó significativa la disminución de las obras ilegales descubiertas, 23 en total, mucho menos que en 2018, señaló Cordero, quien añadió que también están pendientes de erradicar unas 91 obras ilegales edificadas por algunas entidades estatales, labor que no admite demoras, porque si alguien tiene que dar el ejemplo es el Estado.

Respecto al enfrentamiento de las transgresiones en las playas, Dianet Alba Peña, subdirectora técnica del ipf en la provincia, reconoció que la situación más tensa se advierte en Caibarién, en especial en las cercanías de Cayo Conuco, donde proliferan los vertederos y otras anomalías, lo cual ha impedido declarar esas zonas como libres de ilegalidades.

Con relación a la construcción de viviendas, Javier Gómez Mederos, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbanístico en la dirección de Planificación Física, señaló que se han dado pasos significativos en materia de organización para facilitar la actividad de fabricación de casas, microlocalizando áreas que reúnan las condiciones propicias para la vida de las personas.

«Cuando detectamos violaciones en la edificación de moradas, por estar en lugares donde no existen posibilidades de urbanización, al no poder accederse a servicios básicos como el agua, la recogida de residuales o estar ubicadas debajo de una torre de alta tensión, entre otras razones, tratamos de reubicar esa obra hacia lugares más idóneos, que previamente hemos estudiado», reconoce Javier Gómez.

Referente al papel del organismo en la Tarea Vida, el especialista explica que, de conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) ya están concluidos los estudios de las zonas donde pueden ubicarse aquellos asentamientos que en un futuro podrían ser afectados por la elevación del nivel del mar y otros fenómenos climatológicos.

En ese sentido, dijo que existen en Villa Clara ocho asentamientos costeros, cuatro urbanos e igual número de rurales –Caibarién, Carahatas, La Panchita, Isabela de Sagua, Uvero, Piñón, Nazabal y Juan Francisco–, donde ya se labora en distintas acciones y propuestas; lo cual incluye en determinadas situaciones su reubicación, y en otras tratar de mitigar el efecto del cambio climático, a través de acciones de diversa índole.

De todos esos lugares, el más significativo es Caibarién, por la magnitud de las obras a acometer, que en algunos casos incluyen trasformaciones en la infraestructura y otros procesos también complejos, agravados por los daños causados al municipio por el huracán Irma, señala Javier Gómez.

Precisiones

En la reunión del Consejo de Ministros efectuada en abril de este año, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó que en lo referente al ordenamiento urbanístico se requiere seguir estos temas con adecuado control y sistematicidad, e indicó incluir en los sistemas de trabajo de los gobiernos territoriales, los organismos y las entidades, el control y seguimiento de las medidas que han sido adoptadas.

En dicha reunión, el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, presentó el Plan General de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Santa Clara, en el cual se destacan como prioridades de trabajo, mejorar la imagen de la ciudad para realzar sus valores urbanos e históricos; consolidar una urbe industrial y de servicios, eficiente y competitiva; preparar el territorio para dar respuesta a las crecientes necesidades del hábitat; potenciar un desarrollo turístico que promueva su entorno; y desarrollar políticas medioambientales sostenibles, entre otras.

EN CIFRAS:

6 308  ilegalidades fueron erradicadas en el país en los primeros cinco meses de 2019, de las provenientes del inventario inicial.

De ellas 845 ilegalidades de personas jurídicas y 5 463 de personas naturales.

7 730 nuevas ilegalidades fueron detectadas en el país de enero a mayo de 2019.

De ellas 982 de personas jurídicas y 6 748 de personas naturales.