El control que nos debemos

La XIII Comprobación Nacional al Control Interno, efectuada del 1ro. de noviembre al 12 de diciembre de 2018, detectó afectaciones económicas ascendentes a poco más de 2 000 millones de pesos en moneda total, de los cuales el 68 % se corresponde con la cadena de impagos en el comercio y la gastronomía, el 14 % está relacionado con incumplimientos de planes y el 1,5 % se asocia a presuntos hechos delictivos.

De acuerdo con la vicecontralora general, Alina Vicente Gainza, el ejercicio evaluó, de manera priorizada, el cumplimiento de las normativas aprobadas para el sistema empresarial estatal y el uso de los inventarios, así como otros programas complementarios vinculados con la contratación, las cuentas por cobrar y pagar, el control del combustible y los pagos a privados.

Sobre el trabajo en las organizaciones superiores de dirección empresarial, señaló entre las principales debilidades las asociadas a la capacitación, las rendiciones de cuenta de los cuadros y la descentralización de facultades y, de modo general, persisten falencias en la gestión de inventarios.

Además, se reiteran, en no pocas entidades, deficiencias en los procesos de contratación, es alto el impacto en la cadena de impagos de las cuentas por cobrar y pagar y subsisten el deficiente control del combustible y los pagos indebidos al sector no estatal.

En 29 entidades, dijo, se detectaron 43 presuntos hechos delictivos y 12 presuntos hechos de corrupción, que reflejan fisuras y formalidad en las medidas preventivas y poco rigor en el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades.

El empleo del combustible, al decir de Vicente Gainza, fue uno de los temas evaluados con mayor intencionalidad, a partir de las indicaciones del Consejo de Ministros. En el 23 % de las entidades, apuntó, los resultados fueron negativos; de ahí que se determinara la reducción, en estos centros, del 50 % del combustible de uso administrativo.

Las principales violaciones, en palabras de la contralora general Gladys BejeranoPortela, vicepresidenta del Consejo de Estado, se corresponden con el desorden de las tarjetas, la ausencia de análisis de consumo por vehículo y el nulo empleo de las herramientas de control.

«Falta espíritu crítico y autocrítico y no siempre se aplican las medidas con el rigor que corresponde», subrayó, al tiempo que insistió en la pertinencia de los análisis, caso a caso, para evitar «tanto la blandenguería y la tolerancia como lo irracional y el extremismo. La Revolución siempre busca lo justo».

En su opinión, es preciso educar a las administraciones en la necesidad del control, no solo para enfrentar el delito, sino como herramienta de dirección, como estrategia para lograr la sostenibilidad de una gestión eficiente. «El mayor antídoto para la corrupción está en lograr resultados económicos superiores».

Reiteró que «el mayor responsable del control interno es el director de cada entidad, pero es imprescindible involucrar a los trabajadores. Hay que transformar las rendiciones de cuenta en verdaderos análisis, con informes transparentes que permitan evaluar el desempeño de las administraciones. Ese es el control principal».

LA XIII COMPROBACIÓN EN CIFRAS

- 3 775 participantes.

- 369 acciones de control. De ellas, 168 inspecciones de la Contraloría y 177 auditorías de cumplimiento.

- 1 425 medidas aplicadas.