¿Cómo se aprueban las inversiones en el turismo en Cuba?

Un amplio plan de inversiones centra hoy los esfuerzos del Ministerio del Turismo de Cuba (Mintur), cuando se trabaja por incrementar el número de habitaciones disponibles en el país, se reparan hoteles y se materializan otros nuevos, así como diversas propuestas extrahoteleras que complementan la experiencia de quienes se deciden por el destino Cuba.

El impulso que toman hoy los procesos inversionistas, así como el seguimiento hasta su exitosa concreción, son parte importante de la agenda de Gobierno, que se evalúa con rigor y responsabilidad.

En varias partes de la geografía insular, el movimiento constructivo es perenne. Ante el reto que implica este escenario emergen algunas interrogantes: ¿Quién decide dónde intervenir y por qué convertir algunas instalaciones en hoteles?

Granma Internacional conversó con el ingeniero José R. Daniel Alonso, director general de Desarrollo del Mintur sobre cómo sucede este proceso de selección.

— ¿Qué tipos de inmuebles se deciden intervenir y por qué?

— Como parte del desarrollo integral del turismo, que va más allá del destino de Sol y Playa, y que incluye la visita a ciudades patrimoniales, entornos naturales y experiencias más cercanas a la cotidianidad de los cubanos, se han identificado a los largo del país un número importante de edificaciones que pudieran tener una vocación turística.

«Algunas pueden ser espacios patrimoniales como sucedió en Sagua la Grande, Villa Clara, donde el pasado año se inauguraron como instalaciones del sector el Palacio de Arenas y el Hotel Sagua, ambas en estados muy deplorables.

«En otras ocasiones, por ejemplo, se han rescatado otras que en su tiempo fueron también hoteles y a los que solamente les quedaba su fachada. Este es el caso del actual hotel Packard, en su época hotel Biscuit, y otro próximo a terminarse, el Gran Hotel, cerca del Teatro Martí. Con esta misma intención estamos preparando igualmente el rescate del hotel New York.

«Estas intervenciones no suceden aleatoriamente llevan un proceso de conciliación con los gobiernos, las entidades propietarias de los inmuebles y se hacen estudios de esas estructuras con las empresas especializadas».

— ¿Quiénes intervienen en estas decisiones?

— Las inversiones, en todos los casos, se realizan cumpliendo lo establecido en el Decreto Ley 327, Reglamento del Proceso Inversionista que regula esta actividad en el país. Además, tanto aquí en La Habana como en el resto del país, se realizan consultas a comisiones encargadas de aprobar temas específicos como son las Comisiones de Patrimonio y otras que tienen incidencia en la conservación de las ciudades.

«En este camino todas las entidades involucradas, tienen que emitir su consentimiento o no, mediante un documento oficial. No se hace nada hasta que no esté previamente conciliado y aprobado cada proyecto.

«Cuando todas estas entidades están de acuerdo con el proyecto presentado, entonces se procede a realizar la inversión, pero si no hay acuerdo, te puedo asegurar que no existe ningún caso en el que el Ministerio de Turismo haya llevado a cabo inversiones sin la previa aprobación de todos los decisores. 

«Las instancias a tenor del Decreto Ley 327 tienen que dar la aprobación para el desarrollo de los procesos inversionistas, díganse el Instituto de Planificación Física (IPF), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y el resto de los organismos rectores en el país involucrados en estos procesos. Todas las entidades participantes tienen que dar su aprobación a través del IPF, mediante las consultas establecidas en las áreas de estudio y en los certificados de microlocalización».

— ¿Cuán rigurosa puede ser la construcción o reparación de un inmueble cuando hablamos de conservación del patrimonio?

— En primer lugar se define si puede ser restaurada la estructura y si es posible dejar lo que tenga valor patrimonial. En estos casos no hablamos solo de hoteles, también se hace con instalaciones extrahoteleras. Existe un sinnúmero de ejemplos de espacios que no eran del turismo donde se han estado haciendo, como, las fábricas de cerveza, restaurantes, y otros; que no solo permiten a las ciudades rescatar un patrimonio que estaba deteriorado, sino que también se convierten en sitios que generan ingresos.

«En ningún caso llegamos y decimos: vamos a hacer lo que queremos; incluso para nuestras instalaciones. El ejemplo más reciente es el rescate de la Mansión Xanadú, en Varadero. La instalación, perteneciente al Ministerio del Turismo, tiene un alto grado de protección, de ahí que nosotros como entidad no hacemos nada sin el acompañamiento de la Empresa Restaura de La Habana, que es la especialista en todos los temas relacionados con proyectos de restauración.

«En la mayoría de los casos, es esta entidad quien aprueba incluso los materiales que se pueden utilizar en la renovación del inmueble. La empresa certifica los materiales y comprueba que estos tengan la calidad requerida y estén en coherencia con el valor patrimonial del inmueble. En hoteles como el Hotel Nacional o el Habana Riviera, sucede lo mismo. Los materiales deben tener la calidad adecuada para que los inmuebles sean restaurados.

«Así sucede también con las fachadas de hoteles y otros espacios turísticos. Ahora mismo alrededor de toda La Habana hay un proyecto, el Plan Director, para rescatar inmuebles también patrimoniales. En este caso, todo lo que tiene que ver con el perímetro de lo que es el Centro Histórico de La Habana, las entidades del sector del Turismo lo consultan con la Oficina del Historiador de la Ciudad y está definido que en esa área no realizamos inversión extranjera.

«La única modalidad de negocios que se está comenzando a evaluar es la de contratos de administración, pero nunca dándole participación a compañías extranjeras cuando se trata del patrimonio. Esta es una política importante que el gobierno cubano protege», concluyó.        

Con anterioridad, el historiador de la ciudad Eusebio Leal Spengler explicó a la revista digital La Jiribilla, la responsabilidad que durante años asumía la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana con los numerosos proyectos de inversión que se realizan en este espacio de la ciudad. Las acciones de cuanta edificación se ha intervenido en la Oficina del Historiador, aseguró Leal, han sido bajo absoluto respeto al valor patrimonial y se han asumido con responsabilidad y rigor cada una de las decisiones tomadas.

«Hay en este sentido una amplia relación de trabajo con el Ministerio del Turismo y con el Grupo Empresarial GAESA, siempre sobre la base del respeto mutuo y la observancia de las regulaciones vigentes para el trabajo con edificaciones de valor patrimonial. De esta práctica de trabajo conjunto han nacido varias de las obras que hoy prestigian nuestro Centro Histórico», agregó el historiador de La Habana.

 Algunas de las preguntas que muchos se hacen sobre las inversiones de turismo en el país podrían quedar también respondidas en esta entrevista, sin embargo, sigue siendo imprescindible trabajar aun más en la comunicación para evitar los cuestionamientos de una población educada en su historia y orgullosa de proteger su patrimonio.

PRECISIONES

— Las inversiones que están en proceso de estudio de macrolocalización son sometidas a los organismos de consulta. Atendiendo a las características de la inversión, pueden ser consultados otros que se consideren. Cuando el área a macrolocalizar comprende zonas o sitios con declaratoria patrimonial (nacional o internacional), o incluso su «zona de protección o amortiguamiento», debe consultarse a las Comisiones Nacional o Provincial de Monumentos, según sea el caso, y también a las entidades que gestionan el sitio. (Decreto Ley 327, Capítulo I, Sección I, Art. 20)

— Según explica el Decreto Ley 327, en el estudio de macrolocalización se realizan análisis de la planificación territorial, con un marcado acento en el examen de aspectos macroeconómicos, tales como: las proporciones económico-territoriales; los balances demo-laborales; las potencialidades y disponibilidad de recursos naturales (suelos, agua, minerales, bosques, entre otros) la reducción de exposición a riesgos naturales, la necesaria adaptación de los procesos derivados del cambio climático, balance producción-consumo; la optimización de la distribución territorial del ingreso; la satisfacción de las demandas provinciales y la accesibilidad.