El ojo del amo… evita sinsabores

Hay una verdad más grande que un rascacielos: si un director, administrador, gerente o cualquiera sea el cargo, no quiere que le roben ni le pasen gato por liebre en la entidad que dirige, puede usted ponerle el cuño que ello no ocurrirá.

Sucede entonces lo contrario si quien tiene la responsabilidad y la obligación de preservar los bienes del Estado es el primero en entrar en chanchullos con sus subordinados hasta crear una auténtica y peligrosa cadena de delitos y corrupción.

Otros directivos, sin llegar a delinquir de manera directa, pecan de ingenuos en medio de un ambiente de desorden, descontrol y tolerancia, que les permite a los «pillos» que los rodean pescar en río revuelto y embolsillarse todo lo que esté a su alcance.

Semejante actuar, que corroe desde dentro, desacredita y desmoraliza, tiene especial repercusión cuando se trata, junto con el capital humano, de uno de los recursos más valiosos que maneja cualquier organización productiva o de servicios: los combustibles.

Detrás de cada hecho detectado por los órganos de inspección, sea robo, desvío o faltante, como quiera tildarse de manera eufemística un acto tan repudiable, aparece siempre una larga lista de infracciones y «deslices» en los controles.

En Camagüey, a modo de ejemplo, el 25 % de las 60 inspecciones realizadas hasta el mes de septiembre a organismos y empresas por la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) recibió calificación de deficiente.

Otras ocho acciones emprendidas en igual periodo, de conjunto con la Fiscalía General de la República y la Policía Técnica de Investigación, determinaron la comisión de delitos con una afectación económica que supera los 119 000 pesos.

Entre los colectivos involucrados figuran la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, y las unidades empresariales de base Atención a productores, del central Panamá, en Vertientes, y Comercializadora, del municipio de Carlos Manuel de Céspedes.

Hojas de ruta y vales de consumo falsificados, irregularidades en el uso de las tarjetas magnéticas, falta de conciliación oportuna… son apenas una pequeña muestra de las violaciones presentes en no pocas entidades estatales.

El incumplimiento de las normas vigentes para el control de los combustibles lleva igualmente a que se alteren los documentos que deben regular los índices de consumo de los equipos en función de los niveles de actividad ejecutados.

Lo que más llama la atención, sin embargo, es que tales transgresiones de la legalidad son descubiertas casi siempre por agentes externos a las entidades, lo que hace más evidente que, hacia lo interno, son muchas aún las brechas por cerrar.

Digamos las cosas por su nombre: no es un problema solo del «energético» de la empresa, sino del director en primera instancia, luego de su equipo económico y, por último, de sistemas de trabajo que a golpe de rutina y desorganización se hacen infuncionales.

Como diría un viejo amigo vaquero: ahí está el núcleo que, junto a las organizaciones políticas y sindicales, debe tomar el toro por los cuernos y enfrentar con valentía, y resolver, uno de los problemas que más gravitan hoy sobre la economía nacional.