Volvió la sala principal del Palacio de Convenciones de La Habana a llenarse de diputados, en un día de apretada agenda y discusión de asuntos medulares para la economía y el futuro del país.
No queda dudas de que el décimo periodo ordinario de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular quedó para la historia, y deja marcado a la nación tareas inaplazables.
Luego de un análisis de los resultados económicos del año 2017 y la propuesta de plan para el 2018, así como del presupuesto del Estado para el 2018, tomaron la palabra los legisladores.
El tema de la vivienda ocupó parte de los debates. El presidente del parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, dijo que este asunto debe involucrar a toda la población, y exhortó a explotar más las potencialidades existentes en cada uno de los territorios.
En ese sentido, las labores desarrolladas por el país para recuperar el fondo habitacional tras el paso del huracán Irma resultan fundamentales. Precisamente, Isabel González, presidenta de la Asamblea Provincial de Camagüey -una de las provincias más afectadas en su zona norte- se refirió al programa implementado en el territorio, que dañó además frentes como la agricultura y la educación, entre otros.
González puntualizó que la recuperación se encuentra, en el sector estatal, a un 70 % en los municipios más afectados en toda la parte norte, mientras la recuperación del programa de la vivienda se halla al 20 %.
«Gracias a la integración de todos los factores encauzamos la recuperación. El concepto fue dejar las cosas más organizadas que como las teníamos», señaló, y ejemplificó con el territorio de Nuevitas, una ciudad antigua donde se han puesto recursos y el pueblo ha participado en el proceso de recuperación.
Agregó que entre las medidas adoptadas se encuentra la recuperación de locales adaptados e informó que al finalizar el año «vamos a cumplir los subsidios al 100 % en la provincia».
En reconocimiento al papel de la mujer, expresó que en los municipios más afectados son del sexo femenino las presidentas de Gobierno; mientras en estas elecciones existen diez presidentas y seis vicepresidentas de las asambleas municipales en Camagüey. A ellas todo el reconocimiento, por el rigor y la exigencia que han puesto en la tarea, dijo, «pero estamos insatisfechos, y conscientes de que queda mucho por hacer».
La diputada Mirtha Millán, por el municipio especial de Isla de la Juventud hizo un análisis de la composición del parlamento cubano, por su heterogeneidad y la representación de todos los sectores de la sociedad. Reconoció, de igual forma, que a pesar de las limitaciones económicas del país, se continúe respaldando servicios como la salud y la educación, a los que se dedica el 55 % de la actividad presupuestada en el 2018.
Millán declaró que hemos asistido a una legislatura donde se han aprobado medidas importantes para el pueblo, no obstante, no tenemos otra alternativa que trabajar con urgencia, con organización y disciplina, como única manera para hacer realidad los sueños; ¡algo que en Cuba sí se puede! Trabajemos con la idea permanente de que estamos abordando el futuro con la savia que nos legó el pasado, concluyó.
LA FISCALÍA Y LOS TRIBUNALES BAJO LA ÓPTICA DE LOS DIPUTADOS
Por su importancia, otro espacio de la jornada contempló la presentación y debate de los informes de rendición de cuenta del Tribunal Supremo (TS) y la Fiscalía General de la República (FGR) a los parlamentarios, que recogen los principales resultados en el funcionamiento de estos órganos.
En su intervención Rubén Remigio Ferrero, presidente del TS, destacó el avance y consolidación de los indicadores fundamentales que determinan la impartición de la justicia, como son el desempeño diligente y ágil en la tramitación de los casos, el cumplimiento de los procedimientos establecidos, el respeto a los derechos y garantías de las partes, y el cumplimiento oportuno de lo dispuesto por el tribunal.
No obstante, según refiere el informe presentado, aún persisten demoras injustificadas en la realización de trámites y acciones procesales, falta de profesionalidad y solemnidad en la celebración de juicios, comparecencias y otros aspectos; incumplimiento de procedimientos y buenas prácticas establecidas; sentencias y resoluciones sin suficiente argumentación, y trato descortés e inadecuado a algunas personas.
Respecto al cumplimiento de los procedimientos y buenas prácticas, el Tribunal Supremo ha instituido un sistema de monitoreo y control interno de la calidad sobre la actuación de jueces, secretarios y asistentes judiciales mediante acciones sistemáticas de evaluación y verificación del cumplimiento de los requisitos procesales, explicó Remigio Ferrero.
Por su parte, Darío Delgado Cura, fiscal general de la FGR, dijo que en la última etapa el trabajo de la institución se ha caracterizado por la creación de estructuras especializadas en apoyo a la gestión fiscal con énfasis en la innovación, la interacción con otras ciencias y la aplicación de las TIC a la actividad fiscal.
Además, ponderó el desarrollo de acciones de superación, el perfeccionamiento de la formación posgraduada, la continuidad de convenios de colaboración, el funcionamiento de más de 200 círculos de interés Pequeños Fiscales, al tiempo que se ampliaron los convenios de colaboración, y se trabaja para crear la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República, para continuar la preparación especializada de los trabajadores, entre otros resultados.
El informe presentado expresa, además, que la atención a los ciudadanos alcanzó la cifra de 483 969 personas en el último quinquenio. Del total de reclamaciones, en el 24 % les asistió la razón a los ciudadanos, cita el documento; sin embargo, en el 6 % las personas estuvieron en desacuerdo con las respuestas recibidas, lo que obliga a trabajar en la multilateralidad de la atención, tramitación y solución oportuna de las reclamaciones.
Otras prioridades de la institución fueron el fortalecimiento, a partir del año 2012, de la intervención en la protección jurídica de los menores de edad.
Participar como diputada junto a los jueces en las visitas a los territorios para conocer bien de cerca su labor constituyó una experiencia muy enriquecedora, dijo Ofelia Mirian Ortega, diputada por Calimete, quien resaltó, además, el convenio establecido entre el TSP y la Federación de Mujeres Cubanas para prestar atención a la familia, y dar seguimiento a las problemáticas que involucran a las mujeres y niñas.
Entre tanto, Aixa Hevia, diputada por Arroyo Naranjo, destacó la estrategia comunicacional tanto del TSP como de la FGR para elevar la cultura jurídica del pueblo, y subrayó el estrecho vínculo con las universidades, así como la integración exitosa de la informatización y la actividad comunicativa.
También Marlene Curbelo de La Rosa, en representación de Cienfuegos, reconoció el trabajo realizado por ambas instituciones en la formación de valores y la formación vocacional de los estudiantes. Mientras Idaliena Díaz Casamayor, diputada por Guantánamo, si bien encomió la labor de estos órganos, llamó a fortalecer el trabajo de atención a los menores y a los adultos mayores en las comunidades, así como potenciar el estudio de la legislación, en aras de contribuir a una mayor seguridad jurídica respecto a la inversión extranjera y las políticas migratorias.
Regla Martínez, diputada por Guantánamo, reconoció el trabajo de estas instituciones en las recomendaciones realizadas por la ANPP, y destacó el trabajo previo a la rendición de cuenta en vínculo con los diputados. Resaltó también la labor que se realiza en los hogares de niños sin amparo familiar y, como se hace en su provincia, el trabajo integrado del gobierno y la utilización de la contribución territorial en el mejoramiento de estas instituciones. Llamó la atención sobre los derechos de los menores, el seguimiento en las prisiones, y el trabajo en situaciones climatológicas, donde estuvieron al lado de los problemas, enfrentando los delitos e indisciplinas en este periodo para que no quedaran impunes.
Por su parte, Yolanda Gómez, diputada por Cabaiguán, reconoció que la participación en los procesos de rendición de cuenta constituye un reflejo de democracia, en medio de este proceso de perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular, al ser los diputados los artífices fundamentales de los análisis llevados a cabo.
La validez democrática de este proceso fue resaltada igualmente por Homero Acosta, quien recordó que en la quinta Legislatura, durante un análisis parecido, el General de Ejército pidió justicia para la justicia. El trabajo desplegado desde entonces por los tribunales y la Fiscalía evidencian los avances.
Recordó que la construcción de un sistema judicial como el nuestro se ha hecho en condiciones muy difíciles, y llamó a seguir trabajando en aras de incrementar la preparación de los profesionales de estos órganos, y superar las dilaciones en los procesos y la calidad en las actuaciones.
El proceso de rendición de cuenta, dijo, nos mira de cara al futuro en un contexto cada vez más complejo. Un sistema como el nuestro no puede perder la credibilidad de las personas, y nuestros fiscales y jueces responden a ese interés mayor: el del pueblo.
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