Actividad jurídica bajo supervisión parlamentaria

CAMAGÜEY.–En acto de genuina democracia y apego a la constitucionalidad, los órganos de la Fiscalía y del Tribunal de esta provincia rindieron cuenta de su gestión durante los últimos cinco años ante los diputados camagüeyanos a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Idelsis Martínez Laurencio, fiscal jefa provincial, informó de los avances, aunque persisten insuficiencias, en la calidad y celeridad de los procesos penales, las verificaciones fiscales, la tramitación de las quejas y reclamaciones de la población, y la protección de los derechos ciudadanos, en especial de los sectores más vulnerables.

En representación del Tribunal Provincial, Oslaida Caballero García expuso también las acciones ejecutadas en pos de la excelencia en la impartición de justicia en nombre del pueblo, con transparencia, altura y rigor, durante la solución de asuntos penales, civiles, administrativos, laborales y económicos.

Previamente, los miembros del Parlamento intercambiaron con jueces y fiscales de los 13 municipios del territorio, en cuyos encuentros pudieron apreciar la entrega y consagración de esos profesionales como garantes, junto al Ministerio del Interior, de la seguridad y tranquilidad ciudadanas.

En sus intervenciones, los representantes camagüeyanos al órgano legislativo destacaron la manera en que se han transformado las condiciones laborales de los trabajadores del sector, tanto en el mejoramiento de los locales como en el suministro de los medios necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.

«Tales mejoras en el orden material deben reflejarse en un salto cualitativo en la gestión de estos órganos, lo que transita por el logro de una mayor madurez profesional», declaró José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Se refirió el diputado a la necesidad de ganar en eficacia en la preservación del orden y la disciplina en el seno de la sociedad, para lo cual llamó a incrementar las medidas de profilaxis social, en lugar de actuar sobre las consecuencias de los hechos delictivos que siempre conllevan sanciones más severas.