Ante desastres, agilizar las respuestas

Este martes, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó la Resolución No. 645 del 2017, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), la cual actualiza los procedimientos financieros, de precios, tributarios y contables, aplicables en casos de desastres.

Dicha norma, que deroga la Resolución No. 143, del 2015, perfecciona lo regulado para hacer frente a las eventualidades que impactan en la población y toma en cuenta las estrategias aplicadas tras el paso de los huracanes Sandy y Matthew, según explicaron, en conferencia de prensa, funcionarios del MFP.

De acuerdo con Adalberto Carbonell Sotto, director general de Política Fiscal, del MFP, la disposición establece cómo proceder para la evaluación y certificación de los daños, su contabilización; la determinación de los precios de los bienes y servicios que se oferten a los damnificados; la entrega de recursos financieros para cubrir los gastos que correspondan por los perjuicios; así como las adecuaciones tributarias que se precisen en estas circunstancias.

Se aplica, dijo, a partir de declararse las etapas de respuesta y recuperación ante situaciones de desastres, y son los presidentes de los consejos de administración provinciales (CAP) y municipales (CAM) o de los consejos de defensa a esos niveles, los responsables de asegurar la evaluación preliminar de los daños. La evaluación complementaria se realiza en el término de hasta 30 días posteriores al desastre.

Explicó que estas autoridades aprueban la certificación de la evaluación de los perjuicios, en la que se incluyen la tasación, gastos y pérdidas, y establecen, además, precios y tarifas máximos para productos y servicios de impacto en la población.

De igual forma, apuntó, las decisiones del gobierno central sobre bonificaciones a los damnificados para la adquisición de los bienes y otros beneficios, se respaldan por los presupuestos municipales, cuando corresponda.

Los afectados, según su solvencia económica pueden efectuar los pagos mediante bonificación, efectivo, crédito bancario, la combinación de estas modalidades o subsidio.

Respecto a los tributos, Adalberto Carbonell acotó que ante la ocurrencia de desastres, los presidentes de los consejos de defensa municipales eximen del pago de las cuotas tributarias, por un periodo de uno a tres meses, a los trabajadores por cuenta propia (TCP) imposibilitados totalmente del ejercicio de sus actividades.

Cuando haya sido afectado de forma parcial el desarrollo de estas labores, las cuotas tributarias se disminuyen hasta un 50 %, por el mismo término de tiempo; y para aplicar estos beneficios se determinan las actividades, zonas o consejos populares, plazos y el por ciento a eximir o reducir, considerando los daños específicos en cada territorio.

Asimismo, la norma establece que los consejos de defensa provinciales pueden aprobar exenciones o bonificaciones en el pago de los impuestos a las ventas y servicios de los TCP. Y estos beneficios fiscales se adoptan con carácter general o para determinadas actividades, zonas o consejos populares, y para términos de tiempo diferenciados, a juicio de dichas autoridades.

También pueden, con base en la ejecución de los presupuestos locales y la situación económica y financiera de las zonas afectadas y de los contribuyentes, aprobar la extensión de los términos de pago de las obligaciones tributarias y no tributarias al Presupuesto del Estado.

En este sentido, la Oficina Nacional de Administración Tributaria puede, en los territorios afectados, permitir el aplazamiento de pago sin los intereses que ello implica.

ACERCAR LOS SERVICIOS A LOS DAMNIFICADOS

Adalberto Carbonell informó que, similar a lo hecho tras el paso de los huracanes Sandy y Matthew, como parte de las estructuras establecidas en las zonas afectadas para darle la atención adecuada a los damnificados, se ha dispuesto la creación de un puesto de dirección en los consejos populares, compuesto por una oficina de trámites (vivienda, trabajo, comercio, banco) y puntos de venta.

No se trata, aclaró, de crear una estructura de este tipo en cada consejo popular, sino que depende de lo que determinen las autoridades en los territorios.

Con el propósito de hacer más abundante la explicación a la población, Carbonell Sotto detalló el flujo de trabajo en estas oficinas, diseñadas para concentrar en un solo lugar los servicios y facilitar los trámites a los necesitados.

En primer lugar, es en la zona de defensa (ZD) donde se clasifica el tipo de afectación de la vivienda y se confecciona una ficha técnica, por un especialista de esta área, que detalla los recursos que requiere el damnificado. Posteriormente, se emite un certifico de damnificado (con número consecutivo, cuño y firma del presidente de la ZD) y la persona puede dirigirse a la oficina de trámites.

Allí, con la documentación requerida (certifico, ficha técnica y carné de identidad) se asientan los datos del necesitado, el representante de comercio calcula el importe a pagar por los recursos, y el especialista de MFP define, con el damnificado, la forma de pago: efectivo, crédito o subsidio.

En este último caso, es el representante de trabajo del puesto de dirección de la ZD, quien valora el otorgamiento de subsidio y de proceder, lo propone al CAM, el cual, a su vez,  lo somete a su aprobación en un término no mayor de 24 horas después de ser presentado.

Finalmente, es en el punto de venta donde la persona puede adquirir los materiales.

Detrás de todo este trabajo en la recuperación, subrayó Carbonell, hay grandes erogaciones monetarias, por tanto, todo lo que se haga tiene que ser transparente, controlable y auditable.

SI DE CRÉDITOS SE TRATA

Francisco Mayobre, vicepresidente del Banco Central de Cuba (BCC), comentó que la incorporación de la banca a estas oficinas responde a la voluntad de viabilizar los trámites y evitar que las personas tengan que ir a las sucursales bancarias.

Cuando se pide un crédito, aseguró, el representante del banco se encarga de revisar la solicitud y tramitar su aprobación con la sucursal bancaria correspondiente, y la respuesta también se ofrece a través de esas oficinas.

En situaciones de este tipo, reconoció, los bancos crean las condiciones para dar respuesta a las solicitudes de crédito en 24 horas como promedio. «Esa es la voluntad, aunque el número de pedidos puede atentar contra la inmediatez».

Recordó que como otras entidades, el BCC tiene un procedimiento para actuar ante las situaciones de desastres, el cual incluye el tratamiento para la aprobación de créditos a los damnificados. En esta oportunidad, por la cantidad de territorios que han sido afectados, participan los bancos de Crédito y Comercio, Popular de Ahorro y Metropolitano.

«Los créditos se otorgan a los damnificados a partir de 300 pesos, en un plazo de amortización de hasta 15 años y con una tasa de interés de 2,5 %».

Manifestó, además, que pueden existir personas con deudas bancarias anteriores, a quienes se les puede aprobar un nuevo crédito, tras un proceso de restructuración del pago.

CON LA EXPERIENCIA A CUESTAS

Según Adalberto Carbonell, antes del paso de Sandy por Santiago de Cuba, las normativas para hacer frente a estos fenómenos eran muy dispersas.

«A partir de entonces nos hemos ido perfeccionando en busca de mayor inmediatez en la atención a los afectados, en el diseño de estrategias de trabajo más integradoras de todos los organismos que intervienen para ofrecerle una respuesta rápida a los problemas de la población».