Empoderar a mujeres y niñas reduce sus vulnerabilidades

Aunque se trata de un fenómeno de baja incidencia en nuestra sociedad, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), vanguardia en la implementación de programas que tributen a la inclusión social y, sobre todo, a la igualdad de género, presentó este jueves su Plan de Acción para dar respuesta a la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas (2017-2020), el cual se articula con los propósitos a nivel nacional.

En ocasión de conmemorarse el próximo 30 de julio el Día Internacional contra la Trata de Personas, Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y secretaria general de la FMC, enfatizó en la voluntad de la organización de enfrentar esta problemática desde la prevención y atención a las víctimas durante todo el proceso hasta su reinserción social, promoviendo los valores éticos y morales, desterrando los estigmas y la discriminación.

Durante la presentación, Isabel Moya Richard, directora de la Editorial de la Mujer, consideró que la concepción de la FMC en torno a este flagelo coincide con la Resolución 69/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de diciembre del 2014, cuya letra expresa que las medidas encaminadas a promover la igualdad entre los géneros y a empoderar a las mujeres y las niñas reducen la vulnerabilidad ante la trata.

En ese sentido, el texto del Plan resalta como las políticas públicas del Estado cubano, el cuerpo legislativo, y la propia acción de las mujeres han propiciado que el 48,8 % del Parlamento sea femenino, que más del 70 % de los fiscales y jueces sean mujeres, y que también lo sean el 62 % de las graduadas universitarias y el 66,6 % de la fuerza técnica y profesional del país.

Isabel Moya aseguró que el Plan está atemperado al contexto cubano de actualización económica y asume la problemática desde un enfoque multidimensional que exige no solo de medidas específicas, sino de enfrentar las causas profundas que generan la desigualdad de género.

Respecto a Cuba, dijo, se les brinda especial atención a las mujeres en riesgo de prostitución o que se prostituyen, en tanto los casos de trata reportados guardan relación con la explotación sexual y el proxenetismo. Aseveró que la política de tolerancia cero del Gobierno a este fenómeno constituye una garantía para desarrollar la labor a nivel comunitario.

El debate posterior de los representantes de los órganos e instituciones vinculados con la prevención y el enfrentamiento abarcó desde las debilidades en la atención primaria a algunos casos y el acompañamiento a las víctimas, la necesidad de una mayor articulación entre todos los implicados, hasta la urgencia de elevar la percepción de riesgo y el rechazo a este fenómeno en la población.