La vivienda, a pesar de los esfuerzos, todavía un tema por resolver

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Industria, Construcciones y Energía en sesión conjunta este miércoles, centraron su análisis en la situación que presenta la vivienda en el país.

De acuerdo con los resultados que arrojan los controles y fiscalizaciones de los diputados en los territorios, aunque se no se pueden negar algunos logros ─sobre todo a partir de las modificaciones a la Ley General de la Vivienda─ existen dificultades que están frenando el desarrollo del Programa de Construcción y Rehabilitación.

Entre las principales deficiencias detectadas sobresalen el retraso y la mala planificación en los cronogramas de ejecución. Como consecuencia la mayor cantidad de obras a terminar se concentran en el último semestre, lo cual afecta la calidad de la construcción y el aprovechamiento de la fuerza de trabajo.

Igualmente se señalaron la falta de exigencia durante el proceso constructivo y el éxodo de la fuerza de trabajo calificada de las instituciones estatales hacia el sector no estatal, así como el deficiente control en las tiendas de materiales de la construcción.

Unido a ello se mencionó el incumplimiento del plazo previsto de 18 meses para la culminación de un subsidio, por la carencia de elementos de terminación y la intermitencia de materiales en los puntos de venta.

El informe de la comisión también reflejó que si bien la mayoría de los edificios multifamiliares necesitan rehabilitación integral, es insuficiente el presupuesto concedido para conservación y el que se asigna no se cumple. De igual forma ocurre con el presupuesto para erradicación de pisos de tierra.

Además, se mencionaron otros problemas asociados a los trámites, entre ellos la no existencia de procedimientos para entregar azoteas estatales para la construcción por esfuerzo propio.

De acuerdo con esta evaluación realizada por los diputados, Vivian Rodríguez Salazar, quien atiende el tema en el Ministerio de la Construcción informó que efectivamente al cierre del 2016 el déficit habitacional asciende a 883 050 viviendas, incrementándose en 30 000 con respecto al año anterior. Todos los territorios incrementan la pérdida de la capacidad habitacional debido al deterioro de los inmuebles.

La directivo señaló que, a fin de cambiar la situación que hoy tiene la Vivienda, se está trabajando en frentes decisivos como el incremento de la producción de materiales y capacidades constructivas, la introducción de nuevas tecnologías y el protagonismo de la población en su propias construcciones.

En este sentido, Rodríguez Salazar amplió que fue definida una estrategia a desarrollar en el plazo de diez años, cuyos ejes fundamentales están dirigidos a estabilizar la construcción de viviendas en el sector estatal y crecer en la terminación de las realizadas por la población, e integrar ambas vías, priorizando la rehabilitación.

Las otras líneas priorizadas se orientan a lograr la sostenibilidad de las viviendas mediante el incremento de la producción local de materiales e introducir diseños y tecnologías apropiadas que amplíen capacidades constructivas.

La funcionaria, en un análisis del cumplimiento del plan de la vivienda para el 2017, refirió que de las 5 722 viviendas terminadas, 1 607 pertenecen al sector estatal, 2 027 o sea el 35 % a los subsidios, y 2 088 que es el 36 % son de esfuerzo propio, a partir de los créditos y pagos en efectivo.

Entre las razones por las cuales los organismos presentan estas cifras, se encuentran el incumplimiento de su plan mensual, tanto por la falta de secuencia constructiva y baja productividad de fuerza, como por las deficiencias organizativas en la obra y la fluctuación de la fuerza de trabajo, entre muchas otras.

«No existe un cumplimiento del programa, y en ese caso los territorios más atrasados para garantizar la secuencia constructiva son Pinar Río, Artemisa, Ciego de Ávila, Granma y Camagüey; y los casos más críticos son Santiago de Cuba y La Habana» agregó.

Por su parte, Magalys Rivero, del Instituto de Planificación Física, dio a conocer que al cierre del 2016 habían procesado 494 625 trámites, de los cuales se resolvieron 454 115, que significa un 92 % del plan.

Se refirió además a que, en comparación con la etapa anterior a la aplicación del Decreto Ley no. 322 y sus normas complementarias, hoy la situación es más favorable, aunque persisten dificultades como la inestabilidad en la fuerza laboral en las direcciones municipales de planificación física, donde no se ha logrado procesar el total de los trámites. Además de que no se ha logrado eliminar la tramitación fuera de término y es insuficiente la asignación de parcelas con respecto a la demanda.

En el debate Yudit Pérez, diputada de Sancti Spíritus, abordó el tema de la asignación de subsidios y los cambios de uso.

En relación con lo primero, comentó que las zonas más perjudicadas son las rurales, donde el fondo habitacional es más crítico. Explicó que muchas casas no cuentan con la inscripción de su propiedad por tanto no pueden solicitar un subsidio.

Por su parte la diputada Yolanda Gómez, del municipio de Cabaiguán en Sancti Spíritus, opinó que se debe valorar la posibilidad de ser un poco más flexibles en el otorgamiento de terrenos en aquellos consejos populares o comunidades rurales que no cumplen condiciones de acueducto o alcantarillado, pues justamente allí existen muchas personas necesitadas.