Ordenamiento territorial reduce ilegalidades

SANTA CLARA.–Más de 15 000 ilegalidades han sido erradicadas en esta provincia desde el 2012 hasta la fecha, como parte de la aplicación del programa de ordenamiento territorial y urbanístico que tiene lugar en todo el país, lo cual es resultado de la sistematización del control y la exigencia en esta actividad.

De acuerdo con las precisiones realizadas por Omar Rodríguez López, director de Planificación Física en Villa Clara, solo el pasado año fueron detectadas un total de 2 916 obras ilegales y transgresiones, por cuya razón se impusieron un total de 4 077 multas, la mayoría de ellas a personas naturales, logrando solucionarse 2 859, es decir, el  98 %.

Destacó que, no obstante estos avances, la provincia no logró detener el surgimiento de nuevas ilegalidades, al aparecer otras 3 864, de las cuales fueron eliminadas 3 778, situación en la que incidieron sobremanera los municipios de Santa Clara, Camajuaní, Remedios, Caibarién,  Cifuentes y Ranchuelo.

Otros resultados del territorio, que lo hicieron merecer la condición de destacado en la actividad a nivel nacional, fueron la legalización de 840 bienhechurías, levantadas durante el ejercicio del control de la tierra, además de la mejoría experimentada en el sistema de atención a la población, con un total de 1 688 casos beneficiados, aseguró el funcionario.

Asimismo, se mantuvo el trabajo preventivo y de control en playas y zonas costeras, donde se han registrado los mayores avances en la solución de las transgresiones detectadas, en especial en la costa norte de la provincia perteneciente a los municipios de Corralillo, Quemado de Güines, Sagua la Grande y Encrucijada, en lo fundamental.

También se laboró en el estudio de las facilidades urbanísticas de las cabeceras municipales y en la realización de los planes especiales de las regiones turísticas de Caibarién y Sagua la Grande, dijo Rodríguez López, quien añadió que otro logro importante fue el inicio de la emisión del certifico catastral con el objetivo de facilitar los trámites de otorgamiento de títulos de propiedad en zonas rurales y asentamientos urbanos de seis municipios de la provincia.

Entre las principales irregularidades enfrentadas en la etapa mencionó la ejecución de viviendas indebidamente ubicadas en lugares que dañan al medioambiente; el empleo de materiales de la construcción improcedentes, las construcciones ilegales en tierras bajo control estatal, el uso de locales sin la debida autorización y la ejecución en edificios multifamiliares de obras anexas en áreas comunes.