Juntos, en el desarrollo del software cubano

Visualizar a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como un sector estratégico dentro de la economía cubana y potenciar el desarrollo de su infraestructura, nos llevará, consecuentemente, a una mejor gestión del conocimiento y a incrementar la eficiencia en la producción y los servicios. Sin embargo, tal empeño no es exclusivo de las empresas, sino que requiere del interés y la voluntad de todos los actores afines al ramo, ya sean trabajadores estatales o no estatales.

Así inauguró Grisel Reyes León, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, la primera edición del Taller que agrupa a los profesionales de las TIC, con el propósito de «crear un espacio abierto donde podamos intercambiar, encontrar sinergias y concretar oportunidades de negocios que nos permitan juntos contribuir a la informatización de la sociedad».

Como parte de las conferencias del evento –al que asistieron 42 trabajadores por cuenta propia, 28 empresas estatales y 17 representantes de organismos de la administración central del Estado– el Centro Nacional de Calidad del Software (Calisoft) abordó la necesidad de adoptar normas internacionales para el desarrollo de aplicaciones informáticas.

Dentro de la industria del software cubano, la gestión del conocimiento tiene poco despliegue, y adoptar un modelo de calidad permitiría estandarizar las producciones, alcanzar una mayor satisfacción de los clientes y preparar a las organizaciones para la certificación en otros mercados, señaló Yoandy Lazo Alvarado, especialista del centro.

Sin embargo, ante esta realidad aparece la disyuntiva de que hoy los trabajadores no estatales, que tienen licencias como programadores de cómputo, no pueden contratar los servicios de Calisoft para certificar los programas y softwares que crean; de ahí que, a la par de las nuevas normas, deberá agilizarse un proceso que incluya y valide todo el potencial creativo e innovador del país.

Algo similar sucede con las posibilidades que tenemos para insertarnos en las cadenas de producción y servicios de empresas estatales, apuntó Yudelkis Morera, de la provincia de Villa Clara. «Aun cuando la ley reconoce que podemos vender nuestros productos y aplicaciones informáticas, existen disímiles desventajas al negociar como personas naturales, y no jurídicas, y no contar además con una institución que nos aglutine y represente ante este tipo de acciones comerciales».

Sobre estas preocupaciones, Granma conversó con Delpis Góngora, quien tiene a su cargo Simplex Soluciones (no estatal), un equipo de trabajo que desarrolla programas para agilizar procesos productivos en la agricultura y la ganadería, fundamentalmente.

Tenemos varias limitaciones. «Quizá una de las más significativas es que no podemos inscribir nuestro trabajo, dígase la aplicación informática o el producto que creamos; eso trae como consecuencia no solo dificultades en cuanto a la propiedad intelectual, sino que nuestros clientes, al usar un servicio que no está registrado, quedan desprotegidos ante una inspección o auditoría».

Hemos tenido que resolver este vacío legal a través de circulares y regulaciones internas de los grupos y empresas que nos contratan; pero esa no es la solución al problema, comentó.

Aunque las jornadas de debate continuarán este jueves y aún falta escuchar las respuestas ante tantas inquietudes, la proyección del taller es, precisamente, servir de puente entre todos los actores que crean valores y servicios en el área de las TIC, y recoger los criterios que puedan aportar al perfeccionamiento del marco jurídico que regula esta actividad.