Diputados analizan proyecto de ley de aguas terrestres

Diputados de las provincias de La Habana, Maya­beque, el municipio especial Isla de la Juventud y los electos por otras partes del país que residen en la capital cu­bana, debatieron este martes el proyecto de Ley de Aguas Te­rrestres, que busca ordenar la gestión integral y sostenible de este re­curso.

El proceso, que ya se ha realizado en otras partes de Cuba, contó con la presencia de Es­teban Lazo Hernández, presidente de la Asam­blea Nacional del Poder Popular (ANPP) y miembro del Buró Político, tie­ne el propósito de enriquecer el cuerpo legal con la rectificación, esclarecimiento y nuevos apor­tes para su mejoramiento.

El diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Cons­titucionales y Jurídicos de la ANPP condujo la presentación del documento y explicó que las discusiones son parte del proceso legislativo del órgano supremo del Poder del Estado y agregó que el carácter general de la ley trazará las grandes directrices para el control del recurso de las aguas terrestres.

Se explicó además que la norma se corresponde con los principios contendidos en la Política Nacional del Agua y permitirá orga­nizar y perfeccionar lo legislado hasta hoy so­bre este tema, como también que está en consonancia con los

Lineamientos de la Política Eco­nómica y Social.

En la ley se aborda lo referido a la responsabilidad de los órganos y organismos del Esta­do con este recurso, al patrimonio hidráulico y su utilización, la protección de las aguas terrestres, su régimen económico, la reutilización y el reciclaje, la prevención y respuesta a las inun­daciones y sequías y la adaptación al cam­bio climático, entre otros temas.

Jorge Acosta, diputado por Santiago de Cu­ba, dijo que cuando se habla de reducción de riesgos, además del cambio climático se tiene que tener en cuenta el riesgo geológico ante la presencia de los sismos y las afectaciones que pueden causar a la infraestructura hi­dráulica.

Con respecto a la responsabilidad de los órganos locales del Poder Popular en relación con la gestión de las aguas terrestres, específicamente con lo relacionado a garantizar el ac­ceso a este recurso en los territorios, Julio Cé­sar, diputado por Mayabeque, insistió en que es muy difícil garantizar algo cuando otros son los encargados de dar el servicio.

Por su parte, la diputada y miembro del Buró Político Mercedes López Acea, dijo que de­be quedar bien explícita en ese caso la responsabi­lidad de los acueductos con ga­rantizar el servicio, y que corresponde a los Órganos Lo­cales del Poder Po­pular exigir porque así sea.

Inés María Chapman, di­putada y presidenta del Ins­tituto Nacional de Recursos Hidráu­licos, dijo que este ha sido uno de los artículos más debatidos y que se coincide en que hay que realizar una variación del enfoque.

La propuesta, explicó, es crear una Orga­ni­zación Superior de Dirección Empresarial (OSDE) que centre el control de los acueductos y alcantarillados en el país.

Dijo además, que se labora en el reordenamiento de los acueductos y alcantarillados, así como en un reglamento específico para el funcionamiento de los mismos, y otro para la OSDE.

Respecto a este tema, Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Ministros, miembro del Buró Político y Jefe de la Comisión Per­ma­nente para la Imple­men­tación y Desa­rro­llo, señaló que el asunto ha sido ampliamente de­batido en la proyección para los lineamientos del próximo quinquenio, y que con toda justeza los gobiernos locales no tienen las condiciones para garantizar este servicio.

Agregó que el agua es un recurso que debe pagarse y que el que da el servicio tiene que tener un enfoque empresarial.

Se insistió además en la importancia de una correcta divulgación de la ley, que se comprenda el valor de este recurso y de su uso ra­cional en tiempos en los que la sequía se ha hecho presente en varias zonas del país. Al respecto Mirta Millán, diputada por la Isla de la Juventud, destacó que no se incluye en el cuer­po legal la gestión comunicacional.

Kenia Serrano, diputada por Las Tunas, di­jo que además de la inspección estatal, en el control y uso racional del agua debe haber una participación activa del Poder Popular. Añadió que aun cuando se pague, no se puede permitir su derroche.

Por su importancia para el país, y para que se tome parte en el debate, el cuerpo le­gal está publicado íntegramente en la pági­na web de la Asamblea Nacional del Poder Popular (www.parlamentocubano.cu), además se habilitó la cuenta de correo electronico leydeaguas@anpp.gob.cu para recibir las opiniones y sugerencias respecto al mismo.