La voluntad de responder

Cuando una institución o entidad presta un servicio a la población, además de las responsabilidades que emanan de su objeto social, adquiere otras tan significativas como las primeras: esclarecer las dudas de sus clientes, prestar atención a sus reclamos o sugerencias y ofrecer cuanta información precisen.

Recientemente, esta sección abordó algunos elementos relacionados con los trámites que, a nombre de sus clientes, realiza la Con­sultoría Jurídica Internacional S. A., especialmente aquellos que concentran las mayores irregularidades.

Según nos dijo su director general, José Pa­vón Cruz, las prestaciones asociadas a la ob­ten­ción, certificación y legalización de documentos docentes para surtir efectos en el exterior agrupan las principales problemáticas, so­bre todo en los procedimientos concernientes a los centros educacionales.

Dicha publicación estimuló el debate en la página web de nuestro diario, al cual se sumó Pavón Cruz, con el ánimo de dilucidar algunas interrogantes. Su postura, lejos de ser una excepción debería constituir la regla, pues es­tos intercambios siempre resultan beneficiosos, tanto para los ciudadanos como para las instituciones que pueden, a partir de lo di­cho, identificar insuficiencias y corregir procedimientos.

Tomando en cuenta estos argumentos, Gran­ma propone un resumen de los comentarios más frecuentes y de las respuestas ofrecidas por José Pavón Cruz (JP).

Fueron reiterados los pronunciamientos sobre el precio de los trámites, su dilación y las medidas que deben tomarse ante cualquier indisciplina.

JP: El Código de Trabajo establece las posibles violaciones en que puede incurrir un trabajador. En la Consultoría tenemos, además, un reglamento disciplinario interno que recoge otras violaciones de la disciplina laboral. Las disposiciones legales establecen que cuan­do un trabajador incurre en una de las violaciones reguladas en las normas antes citadas, se inicia un proceso de investigación y teniendo en cuenta lo ocurrido se decide si se aplica una medida disciplinaria de mayor o menor gravedad. Entre ellas están la amonestación y la separación definitiva, y en ese rango se mueve la administración. De las 11 medidas disciplinarias que hemos aplicado en el 2016, solo tres fueron amonestaciones pú­blicas y por indisciplinas leves; pero los trabajadores que ocasionaron afectaciones a los clientes fueron separados definitivamente de nuestra Consultoría.

Los trámites referidos a la confección y prórroga de pasaportes también fueron señalados con intensidad.

JP: La Consultoría tramita servicios de pasaportes para los cubanos residentes en el exterior cuando visitan Cuba. Los servicios de prórrogas que tramitamos son todos resueltos en tres días hábiles, y las confecciones en un término de siete días hábiles. No tenemos ningún caso que haya excedido de los plazos ya mencionados, pues los clientes para retirarse del país lo deben llevar consigo.

Fueron mencionadas algunas irregularidades vinculadas con el quehacer de la Sucursal de Trámites Migratorios y Documentales de La Habana, y se cuestionó, además, la responsabilidad de los centros educacionales con la demora en la entrega de los documentos docentes solicitados.

JP: Estoy enterado, pero sobre todo ocupado, de las incidencias que ocurren en dicha Su­cursal, que, no obstante, lleva a cabo una meritoria labor para tramitar los servicios que nos contratan los clientes. Pese a ello, quienes allí la­boran no están exentos de cometer errores, pe­ro ante cada uno realizamos los oportunos análisis. Cuando excepcionalmente ha ocurrido el extravío de algún documento hemos he­cho todas las gestiones y todos los clientes han tenido una respuesta.

«Tampoco achacamos nuestras responsabilidades a los centros docentes. No obviamos nuestras insuficiencias cuando un trámite no está en los términos pactados, baste tener en cuenta las medidas disciplinarias que hemos aplicado».