Perfeccionar los registros y el servicio

El avance del proceso de perfeccionamiento de los Registros Públicos y el impacto, a seis meses de la entrada en vigor, de las Resoluciones 249 y 251 del Ministerio de Justicia (Minjus), referidas al nuevo reglamento del Registro del Estado Civil, así como a su funcionamiento, fueron evaluados este viernes durante una conferencia de prensa efectuada en la sede central de esa institución.

Francisco E. García Henríquez, viceministro de Jus­ticia, llamó la atención sobre lo hecho en aras de implementar las disposiciones aprobadas en el Decreto- Ley 335 del 2015, el cual establece las principales pautas para la creación del Sistema de Registros Públicos y su perfeccionamiento, con énfasis en su integración e informatización.

Actualmente, comentó, el Minjus labora, tal como dispone la norma, en la creación de los grupos de trabajo con representantes de los órganos, Organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales que administran registros públicos de igual naturaleza, con el propósito de llevar a cabo la integración de estos.

Durante esta primera etapa, que se extiende desde el 2016 hasta el 2018, se pretende trabajar, según García Henríquez, en los Registros de Personas Naturales, en los de Personas Jurídicas, entre los cuales figuran, por ejemplo, el Mercantil y el de Asociaciones, así como en los Registros de Bienes Muebles e Inmuebles.

En estos momentos, explicó, las principales acciones se concentran en los de Personas Naturales, los cuales ascienden a 88 en todo el país. Luego de la integración deben resultar 14: tres esenciales primarios compuestos por el Registro del Estado Civil (REC), el de Población y Direcciones, y el Migratorio y de Extranjeros, así como 11 de Atributos (Registro de Sancionados, por citar un caso).

“Estamos inmersos en la elaboración de una nueva Ley del Registro del Estado Civil, la cual dará cumplimiento a los principios establecidos en el Decreto-Ley 335, tendrá en cuenta la estructura de los registros en las condiciones actuales y deberá pronunciarse por nuevas formas de publicidad de la información contenida allí”, puntualizó.

La norma también podrá énfasis, a juicio del viceministro de Jus­ticia, en las directrices referidas a la integración, tomando como base que hoy existen, en el caso del REC, 302 oficinas en todo el país, lo cual no es racional.

Se trata de concebir, desde la Ley, un registro más ágil y eficiente, que ofrezca mayores posibilidades a las personas de acceder a la información. Ello, puntualizó, “debe incidir en la reducción de los trámites que hoy realiza la población”.

Además, las disposiciones deben prever la interconexión, como parte de la informatización de la sociedad, entre los registros y las distintas instituciones que les suministran los datos. Hablamos de un registro que, basado en el desarrollo de las tecnologías de la información, permita superar las limitaciones actuales relacionadas con los recursos materiales y humanos en las oficinas, subrayó.

En torno a la implementación de las Resoluciones 249 y 251 dialogó Arleidy Rodríguez Rodríguez, directora de Registros Públicos del Minjus, quien reconoció los avances obtenidos en cuanto a la incorporación de juristas a esta actividad y la comunicación entre las oficinas.

Ya existen ocho provincias (Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Villa Clara y Pinar del Río) y el municipio especial Isla de la Juventud donde todos los registros civiles están conectados. Las principales dificultades, sin embargo, se localizan en La Habana, con apenas tres municipios en esta categoría.

Alertó que aún siguen presentándose incumplimientos en el plazo de expedición de las certificaciones, sobre todo en las cabeceras provinciales y en los territorios sin conexión.

No obstante, enfatizó Francisco García, los organismos continúan solicitando certificaciones de nacimiento innecesarias y no emplean la información contenida en el documento de identidad, según lo dispuesto en las normativas. Detalló que “persiste la solicitud errada de certificaciones para llevar a cabo las matrículas en los centro educacionales, procedimiento contrario a lo establecido”.

“Falta control para asegurar que las entidades, con las cuales hemos firmado convenios de trabajo, reconozcan el carné como una certificación de nacimiento y comiencen a emplearlo en sus procedimientos”, agregó, al tiempo que recalcó la responsabilidad de las direcciones provinciales de Justicia y de los Órganos de Gobierno con la solución de estas problemáticas en cada territorio.