Proyectar y construir juntos el país al cual aspiramos

Los 274 Lineamientos de la Política Eco­nómica y Social del Partido y la Re­volución, aprobados luego de su actualización durante la séptima edición del Congreso partidista en abril último, devinieron parte de los análisis de la jornada de este lunes para los diputados de las comisiones Agroalimentaria; de Aten­ción a los Servicios; Defensa Nacional; Aten­ción a la niñez, la juventud y los derechos de la mujer; Relaciones internacionales; Indus­tria, construcciones y energía; y Educación, cultura, ciencia, tecnología y medio ambiente, previo al VII Periodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura.

La cantidad de lineamientos en los cuales se ha trabajado desde el 6to. Congreso del PCC, las actualizaciones y el aporte de la práctica y el debate en la sociedad durante la im­plementación, fueron asuntos destacados por los parlamentarios.

En este sentido, en la comisión de Defensa Nacional José Antonio Carrillo Gómez, diputado por el municipio de Nueva Paz, en Mayabeque, comentó que este asunto ha sido de los más discutidos desde el 2011, y que paulatinamente se han tomado en cuenta los criterios de la población a lo largo del país hasta la fecha.

Karen Alvarado, de la comisión Agroali­mentaria y diputada por el municipio de Ya­teras, Guantánamo, puso la mirada crítica so­bre la pertinencia de evitar dilaciones del pasado en lo que se refiere al marco legal de esas directrices. De ahí lo acertado de hacer coincidir, en la mayor medida posible, el avance de las disposiciones jurídicas correspondientes con las discusiones que tienen lugar en el Parlamento, de cara al consecuente enrumbe de los lineamientos.

Coincidieron en este sentido algunas opiniones desde la comisión de Industria, construcciones y energía, pues al referirse a lo que atañe a las cooperativas no agropecuarias, José Quintana, diputado por Camagüey, co­mentó que aun cuando se ha avanzado, falta definir elementos regulatorios y de compra de sus insumos.

“Se ha hablado de la Ley de empresas y la Ley de cooperativas, pero no se terminan de concretar y salir a la luz estos cuerpos jurídicos, imprescindibles para resolver un grupo de problemas sobre los que no hay mucha claridad”, opinó José Cabrera, de Minas de Ma­tahambre, Pinar del Río.

Por su parte Estrella Herrera, diputada por Camagüey, se refirió a los lineamientos relacionados con el proceso inversionista constructivo.

“Debemos valorar la posibilidad de capacitación a los constructores cubanos que trabajan las obras con calidad y rapidez y aprovechar las fuerzas constructoras que están en el sector cuentapropista y en las cooperativas.

En consonancia con esto Pedro Astraín, del municipio de Mayarí, añadió que la política del país debe ser contratar en el exterior solo lo que es imposible hacer en Cuba, y convenir la asesoría extranjera para formar a nuestras fuerzas.

También advirtió que había que darle un vuelco radical a la situación de los proyectos constructivos y las investigaciones en el país, incrementar las capacidades en esta línea: las tecnológicas y las técnicas que hay en las universidades, “porque la economía de la construcción empieza por el proyecto y la investigación”.

Varias intervenciones en la comisión de Atención a los Servicios se pronunciaron en pos de continuar perfeccionando la contabilidad a lo interno de las empresas estatales, además de la pertinente capacitación de quienes en la práctica conducen la instrumentalización de las nuevas formas de gestión económica, para lograr una mejor fiscalización de la producción y los resultados.

Además, hicieron hincapié en los problemas que existen con las plantillas laborales y la inserción de los jóvenes egresados a los centros, realidad que se vuelve imperativo revertir en virtud de que tan necesarios son los recursos materiales como el desempeño del hombre y la fuerza calificada de trabajo.

En este sentido, la diputada Tomasa Mo­lina Bernal, de Villa Clara, hizo referencia a cómo actualmente hay municipios de esa provincia que no pueden cerrar una liquidación del presupuesto porque no tienen el personal para hacerlo. Rescatar el sentido de trabajo, de responsabilidad, de que el cambio primero es de mentalidad y también nos corresponde a nosotros como trabajadores, es una de las esencias del lineamiento 11, y sobre ello hay que insistir, expresó.

Sobre este mismo punto, Yaquelin Puebla, diputada por el municipio de Bartolomé Ma­so, en Granma, resaltó que la batalla económica es el centro del trabajo político e ideológico, y a los cuadros también le corresponde impulsar el conocimiento para que las empresas y cooperativas puedan alcanzar su idónea rentabilidad.

Asimismo, en referencia al lineamiento 15, el diputado Pedro Víctor Simón Rodríguez, igualmente de la comisión de atención a los servicios, añadió que se torna importante entonces una capacitación, una preparación dosificada de lo que el país ha ido instrumentando, pero no solo de nuestros empresarios, sino también de nuestros delegados y dirigentes del Partido para que puedan fiscalizar mejor.

Sobre la autonomía y la capacidad de los municipios de avanzar hacia patrones descentralizados de gestión —temas recogidos en el lineamiento 17—, Arelis Virgen Maceo, de La Habana del Este, en la capital, señaló que es en los municipios donde surgen los problemas y desde allí es que se pueden crear políticas públicas con mayor objetivad e involucrar a los pobladores como parte de la solución a las dificultades.

IMPRESCINDIBLES REFLEXIONES

La concentración de las riquezas ­constituyó motivo de reflexiones en la comisión de Educación, cultura, ciencia, tecnología y  medio ambiente.

Los diputados coincidieron en que la concentración de la riqueza es una realidad en el escenario actual, y habría que analizar —como expresó Alpidio Alonso, representante del municipio de Plaza de la Revolución— si estamos preparados para cumplir con su regulación, máxime cuando la práctica ha demostrado que hasta el momento “no hemos sabido aplicar las herramientas de control”, y eso “no debemos aceptarlo en el modelo de socialismo que nos estamos proponiendo”.

Miguel Limia, del municipio de Cam­pe­chue­la, en Granma, insistió en que “el hecho de que reconozcamos capacidad de asignar de forma eficiente los recursos a la propiedad privada en un ámbito determinado de la sociedad, trae consigo la necesidad de evitar que se convierta en organizadora de la vida de la sociedad, que la conduzca hacia la polarización, hacia la restauración del capitalismo”.

Y si bien la conceptualización —que aspira a que la propiedad social siga siendo la base de la vida económica y social, pero además apuesta por el desarrollo del país— requiere del crecimiento y la acumulación, por otro lado hay que generar la capacidad de regulación con la existencia de medidas que logren mantener la concentración de riqueza y propiedad en límites admisibles a la igualdad social básica y a la diferenciación legítima en la sociedad, opinó.

Por su parte, Yury Valdés, del municipio de La Lisa, comentó que el desarrollo de esta problemática pone en juego el socialismo, “y no tenemos derecho a darnos cuenta dentro de diez años que nos equivocamos”. Hoy hay concentración de la riqueza y la propiedad, afirmó, y ratificó que lo más difícil, más allá de concepciones teóricas, es buscar una solución en la praxis. Sobre el papel que corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo que debe realizar un seguimiento de las acciones implementadas y el impacto que tienen en la sociedad. “Tendremos que ir y ver dónde están esas manifestaciones”.

En relación con las políticas de Ciencia, Tec­nología y Medio Ambiente, la diputa­da Mirta Millán, del Municipio Especial Isla de la Ju­ventud, propuso agregar en el li­nea­miento 102 la necesidad no solo de soste­ner y desarrollar los resultados de la ciencia ­—como bien enuncia el acápite— sino también divulgarlos, por la importancia ­económica y social que implica para la so­ciedad.

Por el municipio de Nuevitas, en Ca­ma­güey, el diputado Eulogio Pimentel sugirió agregar un lineamiento relacionado con las empresas de alta tecnología, o agregar esta categoría de empresas al apartado 112, referido a la promoción de estructuras dinamizadoras, teniendo en cuenta que es utilizada con éxito en varios países del mundo, sobre la base de la investigación científica y la innovación tecnológica.

Además, dijo, es una empresa que genera propiedad industrial, mayores utilidades, y brinda estímulos tributarios y fiscales que favorecen el uso de la ciencia y la tecnología en la producción. Puede ser una estructura que incite la aplicación de los resultados científicos en la economía cubana, agregó.

Zuleica Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro, sostuvo una preocupación con respecto a la ausencia, dentro del capítulo relacionado con empleo y salario, de un apartado sobre la protección al trabajador en el sector no estatal, sobre todo ante algunos hechos que evidencian, en el sector privado, la sobreexplotación de los trabajadores.

Similares opiniones de los diputados reconocieron la importancia de este tema —y más allá de cómo enunciarlo en los lineamientos, la necesidad de buscar una solución— así como la importancia de promover una cultura de atención al trabajador en ese sector.

Consenso y respaldo son los sustantivos que quizá mejor resumen lo acontecido en las diferentes salas del Palacio de Convenciones de esta capital, en las cuales se discutió el tema. Fueron posibles dado el amplio proceso de consulta realizado en las provincias como antesala del más reciente cónclave del Partido. En ese escenario también fue significativa la participación de los parlamentarios, ya fuese en calidad de delegados o invitados.

Bernardo Díaz Bello, presidente de la comisión Agroalimentaria, puntualizó que la ri­queza del debate en esos espacios es lo que ha permitido a los diputados canalizar oportunamente sus planteamientos y observaciones sobre los lineamientos, y llegar al mo­mento actual con un vasto conocimiento de fondo, claridad y sedimentación de las prioridades más acuciantes en materia agroalimentaria. (Re­dacción Nacional)