Crece aporte de “aniristas”, pero hay potencial para más

CAMAGÜEY.—Fieles a su razón de ser, los integrantes de la Asociación Nacional de In­novadores y Racionalizadores (ANIR), de esta provincia, están presentes en todos los programas económicos y sociales que se ejecutan en el territorio, con énfasis especial en la agroindustria azucarera y la producción de alimentos.

Según datos ofrecidos por directivos de la organización en la localidad, durante el 2015 el aporte de la ANIR se tradujo en la presentación de 450 trabajos, cuya aplicación redundó en soluciones a problemas de la producción y los servicios con un efecto económico cercano a los 11 millones de pesos.

Tal desempeño fue resaltado por Tahirí Li­zano de Armas, vicepresidenta nacional de la ANIR, quien precisó que Camagüey es un territorio con capacidad innovadora fuerte, pero necesita perfeccionar su labor integral en relación con el funcionamiento de la organización en el seno de las empresas y organismos.

Ello tiene que ver, en primer lugar, con el estricto cumplimiento de las asambleas trimestrales de asociados, por ser el escenario ideal, en presencia de la administración y del sindicato, para aunar esfuerzos, dirimir desacuerdos, aclarar inquietudes y exigir que se cumpla lo establecido.

Lizano de Armas llamó igualmente a cumplir las inspecciones sistemáticas a las entidades, para supervisar la correcta aplicación de las innovaciones y racionalizaciones, detectar posibles violaciones en el cumplimiento de la legislación vigente y verificar el uso correcto de la cuenta para la estimulación de los “ani­ristas”.

A partir de los positivos resultados del colectivo de la Planta de Soluciones Me­cánicas de la Construcción (Somec), una vez más quedó cla­ro que cuando el director o el administrador se sienten parte activa del movimiento las co­sas funcionan bien y se logra un mejor am­bien­te de creación.

Convencido de que no en todos los lugares existe un panorama similar, el buró ejecutivo de la ANIR en Camagüey ratificó el compromiso de consolidar la labor, en el orden funcional, de los 625 comités de innovación y racionalización que existen en el territorio y agrupan a más de 11 000 asociados.