Poner las fichas sobre la mesa

Uno de los temas más replicados en nuestros espacios —ya sea como periódico o como sociedad— redirige su mirada a la cadena que se extiende entre el campo y la mesa. Varios son los comentarios de lectores indignados por verse desprotegidos en ocasiones ante el dilema cotidiano que implica servir en sus platos algunos productos del agro. Lo mismo porque brillen por su ausencia en la red minorista o porque el bolsillo familiar no resista las tarifas actuales. 

 Durante su más reciente Periodo Ordinario de Sesiones, el Parlamento cubano también volcó su examen en las distorsiones de la cadena de comercialización, que han dinamitado los precios de muchos productos agrícolas.

Distorsiones que, casi por regla, revientan por la parte más débil —el pueblo— y obligan a pensar en números al cubano trabajador para que pueda estirar al por mayor sus ingresos, ante la disyuntiva rutinaria del disparo de tarifas a boca de mercado.

Hablar de precios elevados, por sí solos, puede parecer un eufemismo. De ahí que muchos expertos insistan en que lo de los costos altos es relativo porque el problema radica en la limitada capacidad de compra de nuestro salario. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero mientras no seamos capaces de producir en los niveles que requiere nuestra economía y con ello se posterguen las mejoras salariales, tendremos que seguir apelando a denunciar sin miramientos que los precios siguen siendo galácticos, a mi juicio, para lo que nuestros ingresos nos permiten.

Uno de los elementos que en su mayoría desconoce la po­blación es, por ejemplo, el costo real de producción de esos genéricos, como prueba fehaciente de que le están timando con creces. Y en la búsqueda de ese norte, la propuesta es hacer un encuadre del asunto, poniendo en primer plano a las fichas de costo, un tópico en el que se ha insistido en múltiples espacios del sector, como referente necesario para seguirle la pista a la irracionalidad.

En fecha reciente el Ministerio de la Agricultura (Minag) emprendió una actualización de esas fichas tecnológicas, tomando como punto de partida una selección de 18 cultivos, entre ellos siete tipos de viandas, igual cifra de hortalizas y cuatro de frutas. De esa lista, ningún rubro posee precios centralizados, sino que el acopio al productor se rige por acuerdo entre las partes y la venta en la red minorista, por el principio de oferta y demanda.

Así lo precisó a Granma Alexis Rodríguez Pérez, director de Contabilidad y Precios del Minag, quien explicó además que en esa selección “trabajamos una ficha de costo estándar por ser la Agricultura un sistema tan heterogéneo. En cada partida se incluyen los insumos actualizados a precios vigentes y teniendo en cuenta las normas de consumo que requiere cada tecnología, en función de un rendimiento esperado. Si bien el costo real se da en el surco, es importante tener una referencia”.

La política de precios establece un margen de utilidad aprobado de hasta un 30 % (en relación con el costo productivo) y, en condiciones excepcionales de acuerdo con las características del cultivo, puede llegar hasta un 50 %, puntualizó el directivo. Y aclaró que el Minag no define precios minoristas.

La actualización de las fichas en cuestión arrojó resultados contrastantes, con una brecha muy distorsionada entre el costo de producción y la comercialización final a la población. Dispa­ra­tados es el calificativo más recurrente ante la sordidez de los desbalances.

Y traigo a colación apenas algunos ejemplos: si producir boniato como el que llega en su mayoría a La Habana, cosechado básicamente con tecnología de alto rendimiento en provincias cercanas, cuesta 0,32 centavos la libra, ¿cómo se justifican los absurdos márgenes impuestos en la distendida cadena para que se venda esa misma cantidad hasta a más de tres pesos?

Si a eso se le aplica el margen establecido (a ra­zón de un 30 %), deberían adicionársele al costo pro­ductivo aproximadamente nueve centavos. In­cluso si se duplicara el importe inicial de lo que le cuesta al productor, la sumatoria apenas rebasaría los 60 centavos. Y de lo lógico a lo concreto, la realidad indica por las claras que la matemática no coincide con los estándares manipulados por interés.

La historia del tomate consumo es más roja, literalmente, pues de 93 centavos que le cuesta obtener una libra a un agricultor (con la misma tecnología), la distancia olímpica de ahí hasta el péndulo de entre 14 y 25 pesos que ha llegado a costar la misma, alerta de márgenes abusivos, multiplicados sin escrúpulos. Quien suda a pie de surco largas horas al día, lleva menos a su bolsillo que quien  acapara y revende. Y el acribillamiento comercial al pueblo, duele.

Esa lista actualizada llevó a nuestro diario a visitar diferentes mercados en la capital y la historia —quilos más o quilos menos— se repetía de vuelta en vuelta, co­mo el cuento de la Buena Pipa. Las fichas de costo no se traducen en que a partir de ahora esos serán los precios que reinarán en el mercado, porque hay casos en los que participan otros actores como los transportistas y eso cuesta. Pero ellas sí fijan un punto de arrancada para revisar, de punta a cabo, las curvas en las que se están perdiendo hoy la eficacia comercial y el respeto al cliente.

En La Habana la exageración con los precios de los productos agrícolas es aún más irrisoria y disparatada que en el resto del país. Valga decir que aquí el sistema de comercialización de estos genéricos es diferente. Las disímiles formas de comercialización minorista —mercados agropecuarios estatales (MAE), los de oferta y demanda (MAOD), del EJT, los arrendados a formas productivas, agromercados gestionados por cooperativas no agropecuarias, puntos de venta y los vendedores ambulantes (carretilleros)— enrevesan la situación y complejizan el panorama, desde la óptica del control efectivo.

Y aunque el mecanismo nació de buenas in­tenciones, no pocos —entre campesinos, lectores y la población en general— sienten que la fórmula no dibuja un buen semblante. Al menos el propósito de abaratar los precios no se ha concretado en el eslabón final.

En la opinión de Rodríguez Pérez, por ejemplo, “el impacto que se esperaba no se ha logrado. Como tampoco se han respetado los márgenes de utilidad y no ha tenido un efecto positivo el haberles dado algunos mercados a varias formas productivas”.

Sobre ese particular, la lógica indicaba que des­de el minuto en que los productores pudieran vender directamente allí sus cosechas, los costos serían menores, sin el gravamen que se aplica con la intervención de terceras manos. Pero el resultado fue otro. De hecho, en un diagnóstico efectuado en la capital se detectó que en algunos de esos puntos de ventas los precios se equiparaban con los que estaban disparados en diferentes tipos de mercados.

“Lo otro es que estos productos de gran demanda no tienen precios centralizados y, aunque se topen precios (tópico en el que se cuecen y estudian variantes hoy), hacen falta más quintales”, dijo.

La solución apunta, a su juicio, hacia el fortalecimiento del sistema de Acopio. “Hay que acopiar más del 80 % de la producción. Si no acopian más el Estado y los intermediarios legales, lo hacen otros”.

Grandes han sido los pasos para desobstruir las trabas que afectaban a los agroproductores. Las es­tructuras del Gobierno y del Partido a distintos niveles han ido en­con­trando soluciones para dar respuesta a sus de­mandas. Como nunca antes, en los dos últimos años se les han soltado las amarras a cuestiones que eran vitales en el día a día del campo. Disímiles han sido, igual, los volúmenes de inversiones. Ur­gen aho­ra el salto productivo y va­riantes comerciales más ágiles.

La realidad es que la pretensión de quitar de la faz de la comercialización a los intermediarios no reconocidos legalmente —esos que lucran con el sudor ajeno— quedó solo en eso, en expectativa. E incluso los hay que sin ser ilegales también abusan. Los elevados márgenes de utilidad y comerciales, los facturan muchos y los paga el pueblo. Y aun cuando la especulación a estos “decibeles” es sancionable por la ley, los argumentos de la población se frustran ante las brechas que ofrecen los mecanismos de comercialización ac­tuales.

No se trata de demonizar a ninguno de los nuevos sujetos de gestión aprobados, que contribuyen al fisco y ofrecen un valor añadido a su servicio. Es lógico el precepto de que todos puedan ganar más en un modelo económico más dinámico.

Lo que se busca es el punto de equilibrio y que la ganancia de unos no se sustente en la explotación a ultranza de otros.

Por otra parte, la oferta y demanda aquí todavía no cuaja soluciones factibles, no funciona. Lo haría si hubiera ca­pacidad de oferta apta para la competencia, pero al no existir —por lo menos no al ritmo que se necesita—, el aumento de la demanda que crece con la insatisfacción acumulada solo detona más los precios hacia las nubes. Quizá la realidad insiste en que aún no estamos listos para aplicar este principio del mercado.

Mientras todo esto sucede, a la luz de muchos ojos, se impone un vuel­co de página expedito para que es­tos te­mas no queden solo en la palestra de la crítica popular y mucho me­nos se diluyan en tener que aceptarlo o resignarse.