Identificar los riesgos… prevenir los delitos (I parte)

Los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo o evasión fiscal resultan tan improbables en Cuba, que cuando escuchamos sobre estos temas, apenas logramos, en la mayoría de los casos, asociarlos con la historia de algún futbolista famoso que pretendió burlar al fisco, o con alguna millonaria, heredera incluso de una corona, que intentó “blanquear” su capital.

Pero las posibilidades, si bien escasas, existen. Y el contexto internacional cada vez más complejo, así como el entorno geográfico de Cu­ba potencian los riesgos y amenazas respecto a la ocurrencia de estos delitos, que se han convertido en verdaderos flagelos mundiales.

CONOCER LAS AMENAZAS… PREVIENE

Según funcionarios del Banco Central de Cu­ba, las acciones nacionales para el combate a estos delitos incluyen: garantizar que las instituciones cuenten con el marco legal adecuado y que la población conozca sobre lo hecho en este sentido, así como cuáles actos pueden constituir manifestaciones de esta índole.

Pero no basta con lo que podamos lograr desde dentro, sino que es preciso la coordinación de acciones a través de organismos intergubernamentales a los cuales también Cuba se ha incorporado, y que supone, entre otros aspectos, el cumplimiento de las recomendaciones del Gru­po de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la participación en evaluaciones.

Creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G-7), el GAFI es un organismo intergubernamental destinado al desarrollo y la promoción, en forma de “recomendaciones”, de políticas de protección al sistema financiero mundial, a fin de combatir los delitos mencionados.

Con su secretaría en París, actualmente está integrado por 36 miembros, 34 países industrializados y ocho grupos regionales tipo GAFI, varias organizaciones internacionales, como Interpol, mientras que son observadores el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mun­­dial, la Organización de
Estados Ame­ricanos, el Comité Interamericano Contra el Terrorismo, el Banco Interamericano de De­sarrollo y la Or­ganización de Naciones Unidas. Vale destacar que más de 180 países están comprometidos hoy con sus políticas.

El GAFI, de manera general, fija estándares internacionales y promueve la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir las amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

Y una vez que un Estado se compromete con sus postulados, asume obligaciones de cumplimiento y debe aceptar ser evaluado por su grupo regional, el cual verifica si los estándares agrupados en las actuales 40 recomendaciones están implementados en su legislación nacional.
Se trata entonces de estandarizar la forma en que las naciones previenen el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. De ese modo, pueden identificar sus propios riesgos y vulnerabilidades y evitar que sus territorios sean utilizados para la comisión de esos delitos.

Con este enfoque, el GAFI actualizó sus recomendaciones en el 2012, las que son evaluadas a cada país desde el cumplimiento técnico y la efectividad en la implementación.

Las disposiciones esenciales están agrupadas en más de 240 aspectos, relacionados con las convenciones de las Naciones Uni­das de Vie­na (1988) Contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de Palermo (2000) Contra la delincuencia organizada y de Mérida (2003) Contra la corrupción.

De igual forma, guardan relación con las re­soluciones relevantes del Consejo de Seguri­dad de las Naciones Unidas que los países deben im­plementar para la aplicación de medidas preventivas en el sector financiero y en otros que intervienen en movimientos de fondos. Ade­más deben encaminarse al establecimiento de las funciones de cada autoridad, como por ejem­plo las investigativas, de orden público y de supervisión, unido a otras medidas institucionales.

También deben ocuparse de la disponibilidad de información sobre las personas y estructuras jurídicas devenidas beneficiarios de las transacciones financieras y de traspaso de titularidad. Y como es lógico, participar de manera activa en la cooperación internacional.

CUBA Y SUS NEXOS CON GAFI Y GAFILAT

Cuba comienza a intercambiar con el GAFI a mediados del año 2012, aunque sus recomendaciones estaban implementadas desde 1997 en las regulaciones del Sistema Bancario Na­­­cional.

Justo en febrero del 2013 se inicia la evaluación del país con el propósito de normalizar nuestra integración a ese mecanismo. En solo 18 meses quedó actualizada toda la normativa legal en materia de prevención y enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de las armas de destrucción masiva. Ello derivó en reconocimiento al compromiso de Cuba y a su inserción en la red global de Estados que combaten estos flagelos.

Aunque, paradójicamente, solo los países más industrializados tienen derecho a solicitar ser miembros de GAFI. El resto de las naciones debe cumplir sus recomendaciones a través de su participación en el grupo regional.

Es por eso que en diciembre del 2012 Cuba se integra al Grupo de Acción Financiera para Su­damérica (Gafisud), el mismo que en julio del 2014 adopta el nombre de Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat), al am­pliarse su membresía a otros países de Cen­troa­mérica y del Caribe.
Este grupo regional intergubernamental, que se crea en diciembre del año 2000, en Cartagena de Indias, Colombia, busca la mejora continua de las políticas nacionales contra dichos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Actualmente 16 naciones de América Latina lo conforman y su secretaría radica en la ciudad argentina de Buenos Aires. Promover la implementación de medidas legales para prevenir amenazas a la integridad de los sistemas financieros de los países miembros constituye su divisa fundamental, o lo que es lo mismo: promocionar en la región los mecanismos del GAFI.

Además, es responsable de llevar a cabo las evaluaciones mutuas. Ello significa que los integrantes se evalúan entre sí para lo cual proponen expertos en las diferentes materias de estudio y se designan países revisores y observadores del examen.

Resulta oportuno reconocer que desde la integración a Gafilat, en diciembre del 2012, Cu­ba obtuvo un nuevo espacio de intercambio para mostrar sus realidades y contribuir a articular los esfuerzos de los pueblos latinoamericanos en el enfrentamiento a estos delitos, sin dejar a un lado la participación en las acciones de capacitación de los recursos humanos y en los beneficios de la cooperación internacional que brindan las naciones en esta lucha.