La Comisión Agroalimentaria enfocó sus análisis, durante la tarde de este sábado, en el cumplimiento del proceso inversionista del Ministerio de la Agricultura (Minag) destinado a la sustitución de importaciones, las cuentas por cobrar y pagar, la inscripción de inmuebles, y –en un segundo momento- el enfrentamiento a las ilegalidades y las indisciplinas sociales, así como las medidas en función de atender y solventar los planteamientos de la población relacionados con este organismo.
El viceministro primero de ese ramo, Julio Andrés García, rememoró que las inversiones fundamentales se han dedicado estratégicamente a rubros que deben adquirirse en el exterior, básicamente los programas arrocero, de frijol, maíz, café y el ganadero.
Sobre las proyecciones contenidas en el programa del arroz, trasciende la adquisición de equipos industriales, de laboratorios e insumos, de construcción, transporte, y de preparación de suelos y cosecha. En este último, por ejemplo, entre otras proyecciones trasciende la importación de 30 tractores, 13 remolques con volteo –de seis toneladas-, 12 gradas, 15 cosechadoras de granos y tres silos de almacenamiento –de 50 toneladas cada uno-, financiados por el Proyecto Cuba-Vietnam.
En relación con los cobros y pagos pendientes, el viceministro primero de la Agricultura destacó que al término de octubre de este año, las cuentas por cobrar acumulaban 2 906 083 000 pesos, de las cuales estaban vencidas el 7,8 %, con un ciclo de cobros correspondiente a 66 días. Esto se traduce en una disminución superior a los 11 millones de CUP, respecto a igual etapa del calendario precedente. Mientras, las cuentas por pagar finalizaron octubre con un monto ascendente a 2 853 458 000 pesos, de ellos el 16 % fuera de término. En ese último acápite (las vencidas), comparado con igual periodo del 2014, se experimentó un crecimiento en 115 433 000 CUP, “aunque en calidad (por ciento del total), disminuyen en un 3 %.
Una insatisfacción reiterada fue la deuda persistente de diferentes organismos con los productores, cuyas dilaciones en honrar los pagos puede comprometer el buen desenlace productivo en genéricos de gran demanda.
Igualmente se debatió la significación de la inscripción de inmuebles como garante “para consolidar el control interno en las entidades del sistema de la Agricultura (…) y la legalidad del proceso de perfeccionamiento estructural, funcional y composicional del Minag”.
Por su parte, Esther Begoña Rodríguez —directora de Auditoría y Control de dicho ministerio— presentó a los diputados un exhaustivo informe sobre el quehacer del ministerio en materia de enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplinas sociales y las principales medidas adoptadas. Entre otras cuestiones, comentó que al finalizar noviembre el hurto y sacrificio de ganado mayor disminuyó en 798 cabezas, respecto al mismo lapso del 2014, lo que la convierte en la tasa más baja de los últimos nueve años.
“Como resultado de las violaciones detectadas en el control de la masa ganadera, se aplicaron en el periodo 59 262 multas por un valor de 7 831 525 CUP y se decomisaron 2 395 animales”, dijo Begoña. Y añadió que en el año se registraron 56 casos de corrupción administrativa, amén de las acciones emprendidas para cerrarle el cerco a actos de esa naturaleza. El 70 % de dichos casos fue detectado por los sistemas de control interno del organismo.
Por la sensibilidad del tema, se hizo especial énfasis al plan institucional de medidas para resolver las quejas de la población, vinculadas al Minag. Durante el transcurso del 2015, se tramitaron 1 794 quejas y reclamaciones por el Departamento del Órgano Central, cifra superior a la global del 2014. Como tendencia, estas denuncias e insatisfacciones se concentran en tres temas: procesos de herencia, la entrega de tierras ociosas en usufructo y las dilaciones en la ejecución de resoluciones ministeriales.
Eddy Díaz Bello, diputado por el municipio de Vertientes (Camagüey), se refirió a la necesidad de agilizar la recuperación de viales que hoy permanecen en mal estado y están urgidos de que no solo se inviertan en ellos, sino se haga con calidad. Un planteamiento envejecido de los productores, en su opinión. También alertó acerca de lo perentorio de fomentar la vigilancia por las personas y entidades competentes, en aras de evitar el cultivo de marihuana en el país, delito por el que no solo debe ser sancionado –dijo- quienes la siembran de manera ilícita, sino aquellos que no cumplen con la responsabilidad estatal y social de velar porque esto no suceda.
Edel Pérez, de Cauto Cristo (Granma), llamó la atención sobre lo pertinente de realizar con sistematicidad las visitas “finca a finca” a los usufructuarios. En otro orden, abundó en los pasos de avance que se han concretado en cuanto a los procesos agrarios, lo que no descarta la existencia de determinadas dificultades que no deben pasar de un año a otro.
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