El control sobre la tierra asegura producciones

La entrega de tierras en usufructo fue una alternativa necesaria para promover la recuperación de las producciones agrícolas, y dar un uso adecuado a extensiones que a lo largo del país se encontraban ociosas. Con el fin de materializar esta iniciativa, fueron promulgados, primero, el Decreto Ley 259 en el año 2008, y posteriormente el 300, en el 2012.

Con sus respectivas particularidades, cada uno de ellos permitió que miles de personas se convirtieran en usufructuarios, con la posibilidad de brindar su aporte al desarrollo agropecuario y forestal, y fortalecer al mismo tiempo su propia economía familiar. Sin embargo, lo que sí es indudable es que una parte importante de estos productores ha sacado jugosos frutos a la tierra, mientras otros aún no han consolidado el objeto para el cual les fue otorgada.

A siete años del inicio del proceso, el Mi­nisterio de la Agricultura impulsa acciones que permitirán un control más estricto de las tierras entregadas por este concepto. Sobre el te­ma, ofreció declaraciones Eddy Soca Bal­do­quín, director general del Centro Nacional de Control de la Tierra.

—¿Por qué se decide desarrollar este diagnóstico integral a fincas de usufructuarios, ya sean personas naturales o jurídicas?

—El proceso de entrega de tierras se ha venido desarrollando de forma intensiva, a todas aquellas personas que, de acuerdo con los requisitos y las condiciones establecidas, así lo han solicitado. No obstante, desde el inicio de esa tarea en el año 2008, no se han aplicado todas las medidas de control necesarias que posibiliten comprobar el cumplimiento del contrato de usufructo y de las normas legales establecidas a cada uno de los beneficiados.

“Sobre esa base se hace necesario aplicar estrategias para revertir la situación. Se han detectado en las fincas entregadas un sinnúmero de ilegalidades, pues las personas han construido bienechurías, han realizado algunas acciones constructivas sin cumplir las formalidades establecidas, incumplen las producciones contratadas o han dedicado las tierras a otras actividades ajenas al objetivo conque les fueron entregadas, y hoy es imprescindible erradicar tales irregularidades.

“Otro aspecto esencial que perseguimos es ponerle orden a la producción. Nos corresponde buscarle soluciones efectivas a las desviaciones que se manifiestan con los productos agropecuarios. Lo más importante es que el fruto de la tierra llegue a manos del pueblo por las vías establecidas, a menores precios, y no a través del contrabando”.

—¿Qué periodo comprende este proceso de control?

—Desde finales del mes de noviembre recibimos las indicaciones necesarias para llevar a cabo la tarea. A partir del día 10 de diciembre se inició el proceso que durará hasta el día 10 de enero del 2016. El proceso concluirá con una reunión en cada municipio con la participación de los usufructuarios y de las principales autoridades, para resumir el ejercicio.

—De acuerdo con las informaciones recibidas de los diferentes territorios, ¿cómo pudiera evaluarse hasta el momento el de­sarrollo de esta tarea?

—El proceso ha sido muy bien asimilado por las empresas, porque este ejercicio es una forma de poner en orden todas las tierras que administran. De igual forma lo han asumido las delegaciones de la agricultura y los propios usufructuarios que cumplen con todo lo establecido y utilizan adecuadamente las tierras, pues las ilegalidades entorpecen el trabajo y la comercialización de las producciones. Ten­ga­mos en cuenta que quienes venden de forma ilegal, provocan un alza de los precios y eso afecta al que comercializa sus producciones de forma legal y vende al pueblo con precios módicos.

—¿Qué impacto pudiera tener este control de la tierra en el ámbito más estrecho de las cooperativas, sobre todo para el trabajo de las juntas directivas?

—Como es lógico, al no existir toda la exigencia estatal sobre los que tienen la tierra, las administraciones de las formas productivas que poseen usufructuarios se ven desarmadas y no cuentan con el respaldo legal que les permita exigirles por el cumplimiento de sus obligaciones.

“Esa es la razón por la que este control va a contribuir a fortalecer el trabajo de las juntas directivas en las cooperativas que tienen vinculados a usufructuarios, para que estos respondan al encargo de entregar al Estado las producciones contratadas”.

—A lo largo de todo el país se lleva a ca­bo la constitución de las delegaciones mu­nicipales de la agricultura, ¿qué papel jugarán estas dependencias en el ejer­cicio?

—Estas delegaciones serán a partir del primero de enero del 2016, las máximas autoridades del Ministerio de la Agricultura en cada uno de los municipios. De ahí podemos inferir, que son las responsables de hacer cumplir todas las normas legales relacionadas con la actividad agropecuaria y forestal estatales, y deberán controlar que se exploten adecuadamente las potencialidades de los recursos humanos, materiales y naturales y que al final, los resultados se reviertan en beneficios para el pueblo. Por eso, su accionar juega un papel fundamental en este proceso y las medidas que se deriven de él.

—Finalmente, ¿servirá este control para saber también cómo piensan los usufructuarios y dar seguimiento a sus limitantes y preocupaciones?

—Cuando se inició la entrega de tierras en usufructo era muy compleja la situación económica del país. Hoy esa situación es diferente, se han asignado por la dirección del Es­tado, medios y financiamientos necesarios para poner en explotación las tierras y diversificar y elevar las producciones. Esta acción va a servir como un mecanismo efectivo para conocer las necesidades de los productores, lo que permitirá poner a su disposición recursos que permitan un mejor aprovechamiento de las potencialidades de sus fincas.