ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Luego de tres días de trabajo concluyó en La Habana el XVI Encuentro de Magistradas de Iberoamérica. Bajo el lema “Por una justicia de género”, la cita reunió especialistas de 14 países que intercambiaron sobre la feminización de la pobreza, la discriminación y la violencia de género, los derechos económicos de las mujeres, entre otros temas.

Pero más allá del análisis “necesario y diferente sobre los derechos sociales y culturales de las mujeres”, como refirió la presidenta de la Fundación Justicia y Género, Roxana Arro­yo; el evento dejó para Cuba y los demás participantes una clara línea de acción en cuanto al logro de mayores niveles de igualdad y em­poderamiento femenino.

Precisamente, uno de los temas más de­batidos en sus sesiones fue la división sexual del trabajo, analizada desde la perspectiva de gé­nero. Desde que en el siglo XIX comenzó a ma­nifestarse en el mercado de trabajo industrial una profunda diferenciación entre las ac­tividades desempeñadas por hombres y mu­jeres, asociadas las primeras al ámbito pro­duc­tivo y las segundas al doméstico, la par­ti­ci­pación de las mujeres en la esfera labo­ral no ha permanecido exenta de discrimina­ciones.

De acuerdo con Vivian Aguilar, presidenta de la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular (TSP), se trata de un fenómeno histórico socialmente condicionado, que se potencia aún más en el régimen capitalista y con su crisis actual.

En ese contexto, explicó, las mujeres tienen una situación de desventaja. “Vemos cómo a partir de los planes sociales de muchos estados liberales y neoconservadores se acude a medidas que no propician su inclusión a través de actividades socialmente útiles y remuneradas, sino que se induce el retorno a la esfera reproductiva o doméstica.

“Nuestra realidad contrasta con ese panorama. No en balde Cuba fue el primer signatario de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y fue el segundo en reafirmarla. Esa decisión no quedó en voluntad formal; de hecho, desde el mismo momento del triunfo revolucionario se trabajó intensamente en reforzar la igualdad, partiendo de un sustrato constitucional que equilibra a los ciudadanos ante todos los derechos y oportunidades, más allá de su sexo o cualquier criterio de identificación”.

Solo por señalar algunos datos, las mujeres en Cuba representan el 48 % del total de las personas ocupadas en el sector estatal civil y el 46 % de los altos cargos de dirección; y en la judicatura, más del 80 %.

“En un sector tradicionalmente predominado por hombres, obviamente significa un gran éxito que la mayoría de los que ejercen esta profesión sean mujeres. Y eso, por su­puesto, dota también a la impartición de la justicia en Cuba de una especial sensibilidad para los temas de género”, afirmó la vicepresidenta del TSP, Olga Lidia Jones, en conferencia de prensa.

El XVI Encuentro de Magistradas de Ibe­roa­mérica estuvo organizado por la Fun­da­ción Justicia y Género, en coauspicio con el Tri­bunal Supremo Popular, la Unión de Juris­tas y la Federación de Mujeres Cubanas.

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