El contrato y su maltrato

Con frecuencia se escucha que las cosas, entre más se repiten, menos cerca de resolverse están. Y parece que a la contratación agropecuaria y forestal le queda este traje a su medida. Lo dice la experiencia, al menos la del lustro 2010-2015.

Si bien desde el 2010 se ha venido reorganizando este tópico en el sistema de la Agri­cultura y ya se cosechan mejores resultados, la solución eficaz —la panacea— aún no llega a tiempo a nuestra geografía agrícola.

Sobre esta “llaga” en particular, Granma ha puesto el dedo de manera temprana y ha alertado insistentemente acerca de los riesgos y consecuencias de no hacer del contrato un verdadero mecanismo de gestión económica, tal cual lo exige el Lineamiento No.10.

El contrato es obligación, Del dicho al he­cho… ¿quién “cubre” el trecho?, ¿El mercado en carretilla?, La responsabilidad de un quintal va desde quien lo siembra hasta quien lo vende y El contrato es la forma de existir de toda empresa, son algunos de los títulos pu­blicados en las páginas de este rotativo sobre esa temática, los cuatro primeros focalizados en dicho sector. Y en algo coinciden todos: en la intencionalidad meridiana de la contratación, que lejos de enturbiar hasta la médula la cadena distribución-producción-acopio-co­mer­­­cialización, facilite las relaciones entre quienes lo rubrican.

LOS SIGNOS VITALES DE LA CONTRATACIÓN

El pasado año en la esfera de los cultivos varios se honró lo pactado en las viandas, las hortalizas, las frutas, el maíz, las entregas de frijol al balance, la carne de cerdo en pie (incluidas las ventas a la industria), la carne de ave viva y la miel de abeja. No sucedió así, sin embargo, en genéricos como los cítricos y los jugos de ese origen, el arroz, el café, la leche fresca, la carne vacuna, los huevos y los piensos, según explicitó a este diario José Puente Nápoles, director de comercialización del Ministerio de la Agricultura (Minag).

Estos incumplimientos —prosiguió el funcionario— implicaron 5 078 acciones legales, de las cuales 1 410 fueron suplementadas en los contratos y se produjeron 3 668 reclamaciones comerciales por un valor de 26 millones 732 000 pesos. Aquí se entiende por “suplementar” a la renegociación de las cuotas dejadas de entregar en una fecha para consumarlas en la siguiente etapa.

“Una de las cosas muy positivas que tuvo el 2014 para la Agricultura, y muy en particular para las formas productivas y los productores, fue una vieja aspiración que tenían ellos de participar en las ventas directas, llevar los productos a los propios hoteles”, dijo.

Se firmaron, en esta dirección, 434 contratos con 323 instalaciones turísticas y se concretó el expendio de 6 400 toneladas de productos, por un valor de 74 millones de pesos. Por lo que, al decir de Puente Nápoles, “fue un año en que logró cumplimentarse un viejo anhelo, además de un Lineamiento y un acuerdo de la Asociación Nacional de Agri­cultores Pequeños (ANAP)”.

De regreso, líneas arriba, a los incumplimientos estribados del irrespeto contractual, llama la atención la casi mecánica reiteración de sus archiconocidas causas en cuanto a la compraventa de productos agropecuarios y forestales: mala planificación (incluso a la hora de tener en cuenta las contingencias con que, año tras año, le toca abrirse paso a nuestra agricultura); dilaciones por deficiencias en la presentación de la demanda a las unidades productoras, imprecisiones en los cronogramas de entrega de los rubros convenidos y la inadecuada preparación de la Junta Directiva al minuto de asegurar la elaboración y presentación de los indicadores con la calidad re­querida.

Así lo reconoce la circular No. 02 del 2014, emitida por el titular del ministerio en cuestión.

Ese documento recoge, además, dentro de otras dificultades que incidieron en el ítem que se analiza, el hecho de que “aún persisten diferencias entre las cifras previstas en los niveles de actividad del Plan de la Economía programado por meses con los contratos realizados, lo que provoca que aun existiendo producción, se contratan bajos niveles de productos demandados por el encargo estatal”.

Asimismo, “una de las dificultades que se presentan para poner en condiciones idóneas a la base productiva (de cara al) proceso de contratación está referido al plazo que se aprueba para enfrentar el proceso, afectado en años anteriores por la demora en la entrega de las cifras que se demandan, la llegada de la Resolución de los Precios Centralizados, el modelaje que se necesita, que siempre llega fuera de fecha y afecta la calidad del proceso en la base y lo más importante, el insuficiente acompañamiento que reciben las bases productivas de las empresas agropecuarias a las cuales se vinculan para asesorar y exigir que el proceso se realice con toda la calidad necesaria”, señala ese documento rector de la contratación.

Acerca de las debilidades en materia de compraventa de insumos y servicios para la producción, trasciende una —entre disímiles talones de Aquiles— que deviene fotografía fehaciente de la problemática logística en general: la (mala) calidad de estas rúbricas contractuales en el expendio y adquisición de insumos en las empresas del sistema lo­gístico.

Ejemplo: no se pone la nomenclatura de insumos y servicios que se ofertarán, no se fija el momento de entrega del insumo o de la prestación del servicio y, frecuentemente, estos no se hacen coincidir con el ciclo productivo.

A propósito, Rodolfo Rodríguez —director general del Grupo Empresarial Logístico del sistema de la agricultura (Gelma)—, reconoció ante los parlamentarios en el más reciente periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (efectuado este julio) las trabas todavía latentes y enumeró las medidas formuladas en pos de cambiarles a estas relaciones comerciales el rostro de insatisfacción. La red nacional de centros co­merciales para el expendio de tales insumos con que cuenta esa entidad, una de las 11 de­dicadas al comercio mayorista en Cuba, comprende en la actualidad a 148 municipios y centra los esfuerzos en el reaprovisionamiento de las mismas, “para lo cual se ha dispuesto un fondo financiero de 13,2 millones dólares de cara al calendario en curso”.

En cuanto al desvelo exigido por la ejecución de lo pactado, figuran viejas trabas como el inadecuado control en ese sentido que ralentiza también la formulación de reclamaciones y demandas legales a la contraparte incumplidora, la poca asimilación de la pertinencia del contrato unido a la incultura jurídica aún latente, así como la prevalencia de medidas operativas o acciones de carácter administrativo por encima de la contratación como herramienta de trabajo. Es decir, se remienda más, pero elegantemente se cose menos.

Y añádase a ese mejunje de tropiezos otro de gran calibre: la falta de asesoramiento le­gal, entiéndase jurídico, a las entidades de es­te sector, sea porque no se intencionó este en un primer momento al interior de la parte (no) interesada o por no tener la entidad con qué pagar por la prestación de ese servicio.

Ante la indagación de este periódico sobre esa preocupante, Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico del Minag, destacó que “los asesores jurídicos de las entidades de la base productiva poseen una alta responsabilidad en el proceso de contratación, pues deben participar en todos los momentos de este desde la negociación, elaboración y análisis, concertación de los contratos y en los procesos reclamatorios, si existieran incumplimientos, garantizando siempre la legalidad del mismo”.

Especial énfasis —incitó Díaz Rodrí­guez— deben poner en la elaboración minuciosa de las cláusulas del contrato, las que deben reflejar con precisión y claridad los derechos y obligaciones de la base productiva y sus contrapartes.

Acerca de cómo podría ayudar al sistema del Minag la captación de profesionales del Derecho como parte de los recursos humanos de cooperativas y granjas, y si realmente esto se intenciona para garantizar, con su asesoramiento, el despliegue del proceso contractual y su ulterior cumplimiento, exaltó la experiencia de trabajo mancomunado entre los ministerios de Justicia y de la Agricultura, la ANAP y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Estos organismos e instituciones suscribieron en fecha 30 de abril del presente año un plan de acción volcado a la reorganización del servicio jurídico a las formas productivas del sector agropecuario, con vistas a una mayor cobertura del servicio legal a las unidades productoras, y “perfeccionar la calidad y especialización del mismo, lo que constituye una estrategia de trabajo integrada”, dijo.

“El Minag proyectó la demanda de profesionales del Derecho para su incorporación como asesores jurídicos al sector, la que se proyecta por diez años y se actualiza anualmente. Es importante señalar que para el caso de las cooperativas agropecuarias la legislación vigente no admite que existan asesores propios en plantilla por lo que se ha proyectado que ellas contraten el servicio jurídico, que a tales efectos prestan las Empresas de Ser­vicios Legales en cada provincia y la Or­ga­nización Nacional de Bufetes Co­lecti­vos”, comentó el director jurídico de la Agricultura.

“Para el caso de las entidades de la base productiva como las Empresas Agropecua­rias y las Granjas Estatales con personalidad jurídica, pueden optar por insertar asesores propios o contratar el servicio jurídico”. El objetivo esencial es completar en su totalidad la demanda de asesoramiento, de forma que no existan entidades desprotegidas legalmente, lograr calidad en ese proceso y una adecuada especialización del jurista en el sector, y sobre todo en las materias del Derecho Agrario, explicó Díaz Rodríguez.

Tras diagnósticos que radiografiaron la salud de los contratos en el 2013 y el 2014, se identificaron los principales problemas a solucionar (que en general coinciden con los ya descritos) “para hacer una contratación más verdadera, utilizada como herramienta de trabajo, y así quedaron expuestos en los documentos que fueron entregados por el Ministerio de la Agricultura a la base productiva: las Indicaciones y Procedimientos para la Contratación 2015”, abundó el director de comercialización del Minag.

No debe descartarse que la base productiva de ese sistema es muy extensa, casi 6 000 unidades productoras, entre UBPC, CPA, CCS y Granjas Estatales, y todas —claro está— ejecutan la comercialización.

2015: TESTIMONIOS DE UN CONTRATO

Este año lleva implícito el cumplimiento de lo que se llama el encargo estatal, que en el caso específico del Minag abarca nueve producciones y dos indicadores directivos.

Las nueve producciones son: el café que se entrega al balance, el frijol (este año están dispuestas 47 000 toneladas de ese rubro para el balance), el maíz (que sustituye importaciones, fundamentalmente para alimento animal), el huevo que es una forma de proteína básica para la población, la leche fresca y en particular la que va a la industria y la que se vende en la bodega, el arroz consumo, la carne vacuna y la de cerdo (ambas destinadas a la industria) y la madera aserrada. Los indicadores son la miel de abeja y el tomate a procesar en las fábricas.

Hasta el mes de junio se vendieron bajo contrato 145 245 toneladas más de cultivos varios que en igual etapa del calendario precedente. Del total de ventas que efectúan las distintas formas productivas en esa esfera, el 70,5 % tiene respaldo contractual.

Al concluir el primer semestre, 2 754 formas productivas incumplían sus compromisos contractuales en los Cultivos Varios y, como respuesta, se adoptaron poco más de 2 000 acciones con quienes no saldaron sus adeudos.

Las provincias que menos venden bajo contrato en relación con la producción total resultaron ser Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, Las Tunas y Holguín, según datos del Minag.

“No quiere decir eso que Camagüey y Hol­guín no estén trabajando fuerte en esto, pues hay un ‘gardeo’ constante por parte del Minag, la ANAP y todos los factores implicados y el tema se chequea mensualmente”, subrayó Puente.

En réplica a nuestro diario, puntualizó que “la Agricultura ha ido respondiendo a los planes productivamente”, por lo que se atrevió a afirmar —tomándole el pulso a lo que va del 2015— que este “va siendo un buen año, desde el punto de vista productivo, incluso en el frijol la situación ha sido muy favorable”.

A modo de valoración, Puente observó que no obstante lo alentador de la producción, se trabaja en la satisfacción de una queja recurrente: “los precios, que evidentemente aún no responden a lo que la población desea”.

Ante ese hecho —aseguró— se realizan varias acciones, hoy no se ha resuelto todo, pero se han dado pasos. A partir del 1ro. de junio pasado, y esto como un resultado ya concreto, los precios de compra —para los agricultores— de un grupo de productos co­mo los insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, medicamentos de uso veterinario, semillas, equipos e implementos agrícolas, bajaron entre un 40 y un 60 %.

Y a la par que “bajamos los precios de tales insumos, subimos los de algunos productos que se le compran al campesino, entre ellos el arroz, la leche, el tomate, la carne (en pie) de res y de cerdo, el cacao, y se mantiene el precio del frijol que es de 900 pesos el quintal. Todo eso se ha hecho para que haya una respuesta en la disminución de los precios ofertados a la población”.

Recordó las palabras del Segundo Secre­tario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Mi­nistros, José Ramón Machado Ventura, du­rante la clausura del más reciente cónclave del campesinado cubano: “Lo primero es que si los campesinos tienen el 70 % de la producción de las viandas y de los vegetales, (…) pues la responsabilidad de resolver esto (los precios) también está en los campesinos. Esto no lo puede resolver otro”. La solución —recalcó Machado— no está en hacer maravillas con el 30 % restante.

Significó el directivo de la Agri­cultura la persistencia actual de “problemas logísticos, fundamentalmente el transporte, que nos han estado afectando. En estos mo­mentos tenemos un volumen importante de carbón para exportar y hemos tenido dificultad con la Em­presa de Transcontenedores, del Minis­terio del Transporte”.

El arroz también enfrenta situaciones ad­versas: “del balance de agua que nos había aprobado Recursos Hidráulicos se plantea ahora (al momento de la entrevista) que hay 223 millones de metros cúbicos que no se pueden garantizar por los problemas de la sequía básicamente. Eso significa 22 000 hectáreas dejadas de sembrar, que equivalen a 48 000 toneladas de arroz dejadas de producir”, in­formó Puente.

Lo anterior, al precio que se cotiza el arroz en el mercado internacional (632 dólares la tonelada), representa una afectación de 30 millones de dólares.
En ese sentido, Rodovaldo López Valle —je­fe del departamento de Riego y Drenaje de ese sistema— confirmó a Granma la condición de la Agricultura de mayor consumidor de agua del balance nacional, por años y sin incluir la demanda de Azcuba, el sector agropecuario consume el 45 % del balance del país (el 2015 en específico, el 43 %), y dentro del monto global, el 60 % históricamente le corresponde al arroz.

Del dato frío se deriva a priori una lección básica: mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico en el cultivo del cereal y la conjugación de buenas prácticas en cuanto a disciplina tecnológica, según Lázaro Díaz Rodrí­guez, director general del Grupo Agroin­dus­trial de Granos.

Este ejemplo trae al debate una cuestión en la que Puente hizo hincapié, refiriendo las palabras del miembro del Buró Político, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge: la pertinencia del plan.

Un concepto que se traduce hoy, en una apreciación muy personal, en planificar con todos los argumentos y previsión de contingencias sobre la mesa, cerrándole el cerco a la espontaneidad excesiva, pero al mismo tiempo y sin que suene a paradoja, hacer también que la clásica rigidez de ciertos planes pierda de vista que la realidad es mucho más rica que el análisis nacido de un puñado de reuniones en una entidad para “hacer el plan” o firmar un contrato. Tal posición condenaría a muerte a este último, incluso antes de su parto.

Actualmente ya se cocinan las cifras a contratar en blanco y negro para el 2016, tomando como principios rectores las indicaciones establecidas por el titular del Minag, así como las orientaciones del Buró Nacional de la ANAP. De su buena ejecución y control oportuno, dependerán mejores resultados y no caer, una y otra vez en hacerle la autopsia económica a las relaciones contractuales.

LA PLANIFICACIÓN DELANTE Y UN BUEN “GARDEO” DETRÁS

Por ser en una simple firma donde se decide, en primera instancia y atendiendo a la oferta, lo que a la postre se sirve en nuestras mesas, la contratación no puede ser más “bla-bla-bla” de lo mismo, ni codearse con el olímpico cuento de la buena pipa.

Tampoco escapan a ese análisis (lo que llega a nuestras mesas) otros eslabones igual de definitorios como la ausencia en el agromercado de productos altamente demandados, los astronómicos precios agravados por los especuladores en calidad de intermediarios ilegales, o simplemente el gusto del comprador.

Hablando del rey de Roma —el intermediario ilegal— viene como anillo al dedo la observación de Puente, quien regresó en su razonamiento a la intervención aludida de Machado Ventura haciendo la salvedad de que lo nocivo en la comercialización agropecuaria hoy es el especulador —algo en lo que ha insistido frecuentemente Marino Mu­rillo—, pues “la intermediación debe y tiene que existir, Acopio es un intermediario por ejemplo, lo que no podemos permitir es el especulador” y sus ansias de lucro.

Justo porque es esta figura comercial —no legalizada— la que utiliza el acaparamiento de productos para luego generar un desabastecimiento ficticio de los mismos y especular así, en busca de alzar los precios de venta a esos genéricos, y sacar jugoso provecho a costa del bolsillo y el sudor de otros. Incluso ganan más que quienes, a fuerza de sacrificio propio, trabajan todos los días al pie del surco.

Atendiendo a otro planteamiento que pei­na canas en los diferentes espacios de intercambio de los campesinos —la llegada tardía al campo de recursos contratados, que violenta calendarios agrícolas— el director de co­mercialización coincidió en que “el golpe a tiempo lo decide todo en la agricultura y se trabaja cada día porque las importaciones lleguen en el momento indicado a los productores. Ahora la dirección del país le ha dado el poder a Gelma para que en sus tiendas, dispuestas en cada municipio, los agricultores puedan adquirir los insumos que necesitan”.

Tal y como convocó Ramón Aguilar —vicepresidente de la comisión Agroali­men­taria del Parlamento— en las jornadas previas al V Pe­riodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legis­la­tura del Parla­mento, al pasar revista al estado de los acuerdos adoptados en el XI Congreso de la ANAP, se torna inaplazable “elevar la exigencia en la elaboración, control y cumplimiento del contrato, priorizando la búsqueda de las reservas aún presentes y que el mismo se utilice como instrumento de dirección, así como propiciar mayor capacitación a las juntas directivas y a los productores”.

El axioma eficaz está en el respeto. Así lo consideró el diputado cienfueguero Pablo Ló­pez, al defender la idea de que “si se hace una correcta contratación, real y objetiva, haciendo valer el contrato (con las reclamaciones y demandas pertinentes), serán me­nos frecuentes los incumplimientos en las entregas”, por lo que aprender de una buena vez a no violentar ninguna cláusula tiene que ser práctica incorporada.

Todas estas aristas permiten una mejor comprensión del prisma de la contratación. Como resumió Machado Ventura, lo primero que hay que perfeccionar y mejorar es el acopio, y despojar al contrato de las complicaciones adjetivas que no dejan comprender claramente lo que implica ese sustantivo para nuestra economía.

Apremia además hacer de la pertinencia del plan no un momento o una frase trillada, sino un modo de relación comercial y un método de trabajo diario, ver nítidamente amenazas y oportunidades donde otros mir­an bo­rro­sa la realidad —económicamente ha­blan­do— o, simplemente, no la ven. A po­ner en letra viva, con el sabor de aprender a cumplir, lo que queda plasmado en un papel y al cual, de tantos y tantos maltratos, a estas alturas de la vida todavía le queda grande el rol asignado.

Y es que, urge desde ayer, que el contrato llame a cada cual por su nombre, le ponga apellidos a la responsabilidad y sanciones meridianas a quienes lo infrinjan.