¿Dinero bien pagado?

HOLGUÍN.—En el acontecer diario de esta provincia aparecen con marcado relieve las singularidades de la actualización del modelo económico de la nación. Según datos registrados a finales de enero del presente año, más de 37 000 personas ejercen aquí el trabajo por cuenta propia, modalidad que incrementa las opciones laborales dignas y dinamiza los procesos de producción de bienes materiales y de prestación de servicios.

Informes del Consejo de Administración Provincial (CAP) corroboran que las entidades estatales del territorio, en ejercicio de lo legislado, utilizan a trabajadores por cuenta propia para resolver diversas situaciones en las que intervienen mayormente carretoneros, acarreadores de agua, reparadores de equipos informáticos y de refrigeración, albañiles y especialistas en diseño y ambientación.

De acuerdo con el CAP, más de 36 millones de pesos fueron pagados aquí el pasado año por la parte estatal a los cuentapropistas, aspecto que no deja lugar a dudas acerca del peso que ya tiene ese sector en la economía del territorio.
También surge una pregunta lógica: ­­¿Se habrá ­eroga­do ­co­rrectamente­ esa alta cifra de dinero?

FICHAS SOBRE EL TAPETE
El bar del hotel Majestic, en el centro de la capital provincial, reconstruyó su nevera de diez puertas, vital para el servicio prestado allí. Orlando Santos Díaz, administrador del hotel, cuenta que acudieron a un cuentapropista, quien resolvió los problemas del sistema de refrigeración y recuperación de las puertas y demás componentes en breve tiempo, resultado de lo cual­ co­­bró­ 29 000 CUP.

“La nevera llevaba rota seis años y habíamos contactado varias veces con entidades estatales especializadas en reparar medios de refrigeración, pero no resolvimos. Unas no tenían re­cursos, otras solo podían hacer una parte del trabajo; sin em­bargo, el cuentapropista la reparó integralmente”.

Tras contratar trabajadores por cuenta propia especializados en ambientación de interiores, el restaurante La Creación es uno de los de mayor lujo de la capital provincial. Desde entonces “llueven” los clientes, atraídos por la nueva imagen y las ofertas, de acuerdo con la mayoría de los integrantes del establecimiento.

Amado Torres Pupo, funcionario que ha trabajado con el tema de la ruta de las relaciones contractuales entre las entidades estatales y los trabajadores por cuenta propia, expone que el proceso ha estado acompañado de diversos problemas, consecuencia de la transgresión de disposiciones legales.

“En ocasiones no se verifica si la persona que va a prestar el servicio está inscripta en la Dirección de Trabajo correspondiente como cuentapropista. En Banes, un ciudadano procedente de otra provincia vendió barras de guayaba a la Dirección Mu­nicipal de Comercio y cuando finalmente se verificó el caso, no tenía autorización para ejercer la actividad por la que le pagaron alrededor de 75 000 pesos”.

También en Banes, la Dirección Municipal de Cultura pagó unos 85 000 pesos a una persona en idéntica situación.
En ambas ocasiones, la superficialidad, manifestada en la ca­rencia de comprobaciones por la parte estatal, le “sirvió la me­­sa” a los dos pillos, quienes abiertamente actuaron con la intención de evitar el pago de impuestos.

Una de las posturas más graves fue detectada en la Empresa Mayorista de Alimentos durante una auditoría realizada entre enero y septiembre del pasado año. Allí pagaron más de dos millones de pesos a un trabajador no estatal que estaba registrado legalmente pero se dedicaba a instalar nuevas piezas de computación, en lugar de repararlas, única actividad para la que disponía de autorización.

En este lamentable suceso, refiere Amarilis Álvarez Al­ma­rales, vicecontralora provincial, los directivos de la empresa y el cuentapropista rebasaron los límites legales fijados por la Re­solución No.42 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ese documento establece con claridad lo que puede hacer el reparador de equipos electrónicos y electrodomésticos.

Los directivos de la empresa actuaron insustancialmente en su afán de resolver el problema que los afectaba porque no se detuvieron a pensar en la licitud de los elementos instalados en las computadoras, comenta.

Al recordar resultados de recientes auditorías, Amarilis devela que han visto irregularidades en la contratación de tenedores de libros empleados para depurar cuentas, ponderar precios o hacer un manual de procedimientos, tareas que les corresponden a los equipos contables propios.

“Generalmente los directores de las empresas que presentan esos problemas dicen que el personal propio tiene muchos años o no está bien preparado. Es verdad que la mayoría de los contadores contratados son muy capaces y hacen de todo. Pero no cobran barato”. Lo peor es que se trata de un doble pago, pues por un lado desembolsan el salario de los trabajadores que de­ben desempeñar esa actividad, y por el otro elevadas sumas de dinero por el mismo trabajo.

Lo ocurrido no es fortuito. Amado Torres atestigua que no se efectúan o carecen de la profesionalidad requerida las licitaciones para la contratación de servicios a trabajadores por cuenta propia, lo que puede favorecer a familiares, amistades o personas que no reúnan los requisitos legales.

“Alarma seguir apreciando que el contrato no se emplea como instrumento esencial para la gestión económica. La ma­yoría de las veces los contratos no se dictaminan por los asesores y consultores jurídicos o se hace esto una vez concertados”.

Las verificaciones realizadas hasta ahora también señalan hacia entidades que ni siquiera cuentan con el Comité de Contratación. En otras es absoluta la falta de análisis sobre los servicios contratados, su calidad, los ejecutantes y los montos a pagar.

Muchos empresarios se apresuran en solicitar servicios sin hacer antes un adecuado estudio de las opciones del mercado, sean dentro del sector estatal o no, pero que reúnan los mejores requisitos en cuanto a calidad y precios.

Cumplir lo que está establecido y llevar adelante estas relaciones contractuales respetando al pie de la letra lo legalmente normado, es también una manera de prevenir la aparición de otros fenómenos. Aunque en la provincia, de acuerdo con Ama­do Torres, no se han comprobado situaciones en las cuales los empresarios estatales concerten acuerdos con particulares a fin de repartirse el dinero entre ambas partes; está claro que el desorden y el voluntarismo crean condiciones propicias para la comisión del delito.

ORDENAR Y EXIGIR NO REPRESENTAN FRENO ALGUNO
La posibilidad de que entidades estatales puedan contratar los servicios a los cuentapropistas abre, sin duda alguna, nuevas oportunidades para ambos sectores. Los beneficios son palpables pues se multiplica la diversidad de ofertas, la innovación y el talento disponible, además de que crean una sana competencia que debe ir, cada vez más, hacia el incremento de la calidad y las opciones en lo que a precios se refiere.

Son estas algunas de las razones por las cuales Idania Ri­cardo Leal, vicepresidenta del Consejo de Administración Pro­vincial a cargo de la economía, más allá de las irregularidades constatadas, asegura que la prestación de servicios de cuentapropistas a entidades estatales y los pagos correspondientes, no tendrán freno alguno en Holguín.

“Orientamos constantemente el cumplimiento de la políti­ca aprobada y lo que la respalda legalmente. Con ese propósito, nuestro Consejo emitió la Resolución No.79 que contiene todas las indicaciones dadas por el país al respecto. Es decir, reunimos en un documento único los pasos que deben seguir los empresarios”.

Según añade, las disposiciones dejan claro para cada empresa el rol del Comité de Contratación, responsable de presentar al Consejo de Dirección la propuesta del pago por el servicio contratado con dinero del presupuesto aprobado.

Igualmente, han cobrado vitalidad las discusiones con los empresarios. “Les aclaramos que solo cuando no existe la capacidad constructiva en un organismo estatal para que asuma la reparación y mantenimiento planeado, o no se disponen de brigadas propias, entonces se debe buscar el servicio con el trabajador por cuenta propia”.

Una buena forma de inducir la comprensión, enuncia, es el control, porque todo lo implementado debe verse a través de la sistematicidad con que se ejecuta. En esta tarea hoy tiene gran peso la Unidad Central de Auditoría del Gobierno, responsable de chequear de forma diferenciada los pagos a trabajadores por cuenta propia, lo cual se extiende a las verificaciones presupuestarias de las entidades.

También es más activa la Comisión de Cobros y Pagos de la provincia. Sus miembros evalúan sistemáticamente las tendencias de la actividad y a partir de ellas revisan las sumas de dinero emitidas.

Además de dar a conocer a los colectivos las ilegalidades cometidas y las sanciones impuestas a los responsables, lo cual persigue un fin educativo, el Consejo de Administración Pro­vincial analiza los modus operandi de quienes realizan las violaciones en los pagos a privados. Es un modo de frenar nuevos casos.

El dinero del Estado, que es de todos, no puede ser manejado con caprichos y desconocimientos de aquellos a quienes se  les puso en las manos. Tampoco puede ser administrado por pícaros o corruptos, igual que no debe llegar a los bolsillos de personas con semejante comportamiento.

Estos son elementos a tener en cuenta al analizar el funcionamiento de las entidades estatales en el presente entorno económico, creador de condiciones para que los empresarios dispongan de facultades que los hacen más independientes y a la vez más responsables de sus decisiones.